El Congreso Nacional eliminó la noche del miércoles los artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal de Honduras. Ambos relacionados a la responsabilidad ascendente por delitos cometidos por periodistas o comunicadores en el primero y de violación de derechos humanos en el segundo.
Con la eliminación de estos artículosse exonera a directores y dueños de medios de comunicación de cualquier delito por nota de periodistas, mientras que la violación a derechos humanos solo será responsable quienes cometan o dieron las órdenes.
En referencia a la elminación del artículo 28, el diputado nacionalista, Mario Peréz explicó que los diputados “hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa contra el que comete el ilícito penal y no al director o al dueño del medio de comunicación”.
El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva expresó que “la solidaridad o coresponsabilidad del medio de comunicación y el periodista en el sentido que si hay un fallo contra un periodista por difamación o calumnia y recibe una multa y no la puede pagar el medio ya no puede solidarizarse con él”.
Entre tanto, del lado de los periodistas, el presidente del Colegio de Periodistas (CPH), Dagoberto Rodríguez, lamentó la reforma al Código Penal porque considera que sigue criminalizando y castigando con cárcel” la libertad de expresión. Además añadió que la reforma “solo exonera a cadena de mando de medios”, pero deja a periodistas y comunicadores expuestos, indicando que en términos claros la prensa sigue igual y lamentó que no hayan considerado la propuesta del Colegio de Periodistas.
Rodríguez reitera que la amenaza persiste, no ha sido eliminada porque es el periodista el que carga con la responsabilidad del reporteo.
Artículos eliminados:
ARTÍCULO 28.- RESPONSABILIDAD PENAL EN DELITOS COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS DE DIFUSIÓN. En los delitos que se cometen utilizando medios o soportes de difusión no responden criminalmente los cómplices.
Los que sean autores sólo responden, en estos casos, de forma escalonada, excluyente y subsidiaria, de acuerdo con el orden siguiente:
a) Quienes hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate y quienes les hayan inducido a realizarlo;
b) Los directores de la publicación o programa en que se difunda;
c) Los directores de la empresa editora, emisora o difusora; y,
d) Los directores de la empresa de grabación, reproducción o impresión.
Cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de Honduras, no puede perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los literales del párrafo anterior, debe dirigirse el procedimiento contra las mencionadas en el literal inmediatamente posterior.
ARTÍCULO 153.- RESPONSABILIDAD DE LOS JEFES Y OTROS SUPERIORES. Deben ser castigados con las mismas penas previstas para los autores de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, la autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, cuando tales crímenes sean cometidos o, por fuerzas bajo su mando y control efectivo o bajo su autoridad y control efectivo, según sea el caso, si no se hubieran adoptado las medidas necesarias y razonables a su alcance para evitar la comisión.
También debe ser castigado con la misma pena el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia y estando a su alcance puede evitar la comisión por sus subordinados, de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título.
La autoridad o jefe militar, o quien actúe efectivamente como tal, que no adoptará las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, cometidos por las personas sometidas a su mando o control efectivo, deben ser castigados con las penas reducidas en un tercio (1/3) a las previstas para los autores.
También debe ser castigado con las penas reducidas de un tercio (1/3) o dos tercios (2/3) a las previstas para los autores el superior no comprendido en el párrafo anterior, que en el ámbito de su competencia, no adoptare las medidas a su alcance para que sean perseguidos los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título cometidos por sus subordinados.
El funcionario o empleado público, que sin incurrir en las conductas previstas en los párrafos anteriores y faltando a la obligación de su cargo, deja de promover la persecución de alguno de los delitos comprendidos en los capítulos I, II y III del presente Título, de que tenga noticia, debe ser castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de diez (10) a quince (15) años.
Si los jefes, autoridades o superiores en los supuestos señalados en los párrafos anteriores actuarán por imprudencia grave, se les debe castigar con la pena reducida en un tercio (1/3).
