Ha sido tradición en la política hondureña que el presidente de la República busque influir en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Eso se da para garantizar que una vez afuera del poder, no se le persiga judicialmente. Todos los gobiernos lo han hecho. Y fue precisamente durante la elección de la Corte Suprema de Justicia en enero de 2009, que el presidente Manuel Zelaya Rosales cayó en la razón que estaba solo y que tendría problemas legales a su salida del poder.
A criterio de la expectora de la UNAH Julieta Castellanos, «el 25 de enero, cuando la elección de la Corte Suprema de Justicia, queda evidenciado con la magistrada Sonia Marlina Dubón que Mel no cuenta con el partido, porque el partido no lo arropó con una magistrada. En la lectura nacional de las prácticas políticas eso se ve como una soledad, a un año de dejar el poder. Por lo general los presidentes quieren tener una corte que los proteja. Sin tener magistrado que sintiera que le debía a él el cargo, era difícil pensar que Mel creía que la Corte Suprema de Justicia lo iba a proteger», afirma Castellanos.
La abogada Sonia Marlina Dubón, esposa de Enrique Flores Lanza, era en ese momento Magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Había sido antes mencionada durante la huelga de Fiscales de agosto de 2008 como posible candidata para ocupar el cargo de Fiscalía General de la República en sustitución de Leonidas Rosa Bautista, algo que el mismo Congreso Nacional impidió se materializara. En esa ocasión, la abogada Dubón no se presentó para ser evaluada por la comisión nominadora, bajo el argumento que ella, siendo magistrada en funciones, había pasado ya por los filtros respectivos con que estaban siendo evaluados los otros candidatos.
«Ella ya era magistrada —afirma el exdiputado de Libre y abogado Rasel Tomé—. La tesis era que el proceso para nominarse para magistrado requiere pasar por una junta nominadora que envía la lista de los candidatos al Congreso Nacional y allí se nombran los magistrados. La tesis era que si ya Marlena era magistrada, por qué tenía que pasar por todo el proceso otra vez. Le hicieron la oposición desde el Congreso, argumentando que como ella no había pasado por el proceso de la junta nominadora, no podía ser parte de la nómina a elegir. Esa fue la primera fricción entre el ejecutivo y el legislativo».
El proceso de elección sin embargo contaba con la aprobación de la embajada de Estados Unidos. Para el 13 de enero el embajador Hugo Llorens, después de sostener una reunión con los miembros de la junta nominadora, declaró que el proceso de selección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es innovador y transparente.
Ramón Custodio López, comisionado nacional de los derechos humanos en Honduras, CONADEH, y miembro de la junta nominadora para la elección de los magistrados declaró que desde Casa de Gobierno se estaba recibiendo presiones mediante llamadas telefónicas.
Se comenzó a mover la información que no habría consenso en la junta nominadora para enviar la lista final al Congreso Nacional. Ello permitiría al Poder Legislativo justificar el hacer la elección de los magistrados a su antojo amparado en el incumplimiento del trabajo de la junta nominadora.
Mediante oficio No. JN-066/2009, la junta nominadora para la elección de magistrados de la CSJ período 2009-2016, remitió al Congreso Nacional la propuesta de 45 candidatos para seleccionar los 15 magistrados que deberán integrar la Corte Suprema de Justicia. La nómina seleccionada de un total de 248 profesionales del derecho propuestos y autonominados, se redujo a 97 personas. En una segunda fase, para elaborar la lista de 45 candidatos propuestos, las 97 personas fueron convocadas a participar en 7 audiencias públicas con el objetivo de medir la capacidad y los conocimientos de los candidatos.
La lista de nominados es integrada por: Isauro Aguilar García, René Altamirano Interiano, Jesús Florentino Álvarez Alvarado, José Tomás Arita Valle, Gustavo Enrique Bustillo, Yoleth Emelina Calderón Umanzor, Jacobo Cálix Hernández, Marco Antonio Cálix Rodríguez, Carlos David Cálix Vallecillo, Lidia Estela Cardona Padilla, Óscar Fernando Chinchilla, Rosalinda Cruz Sequeira, Francisco Guillermo Durón Ugarte, Teobaldo Enamorado Suazo, Salvador Antonio Espinoza, Carlos Ramón García Castro, German Vicente García García, José Antonio Gutiérrez Navas, Raúl Antonio Henríquez Inte- riano, Héctor Hernández Fuentes, Armando Ramón Hernández Mundt, José Roberto Hernández Velásquez, María Irma Lagos Donaire, José María Leiva Leiva, José Elmer Lizardo Carranza, Edith López Rivera, Eduardo Jair López Zúniga, Víctor Manuel Lozano Urbina, Aída Patricia Martínez Linares, Víctor Manuel Martínez Silva, José Antonio Mejía Mejía, Carlos Roberto Ortega Medina, Rosa de Lourdes Paz Haslam, Irma Esperanza Pineda Santos, Jorge Reyes Díaz, Jorge Alberto Rivera Avilés, Ramón Antonio Romero, José Ramón Ruíz Gaekel, Silvia Trinidad Santos, Arnoldo Gabriel Solís, Carlos Enrique Soto Tábora, Leo José Rodrigo Valladares Lanza, Clarissa Vega Molina, Marco Aurelio Zavala Sandoval y Marco Vinicio Zúniga Medrano.
Roberto Micheletti, presidente del Congreso Nacional, manifestó en una entrevista a la Comisión de la Verdad que en ese proceso de elección recibió una llamada de “un compañero diputado” comunicándole que Enrique Flores Lanza, Raúl Valladares, Arístides Mejía y Milton Jiménez Puerto estaban en el Congreso pidiendo a los diputados que asistan a reunión en el Banco Central, BCH, con el presidente Zelaya y con los militares. El presidente del Congreso les pidió a los diputados no salir del Congreso, ya que podría existir la intención de dejarlos salir del Banco Central para reanudar la sesión.
Entre 04:00 p.m. y 05:00 p.m. de ese 25 de enero, se reunieron todos los diputados del Partido Liberal con la comisión enviada por el Poder Ejecutivo (Enrique Flores Lanza, Arístides Mejía, Rosario Bonano, Raúl Valladares y Milton Jiménez) en el Salón de Retratos del Congreso. Los diputados manifestaron que se negaron a asistir a una reunión en el BCH, «por las sospechas que no se les dejarría salir hasta después de las 12 a.m. y así no haber quórum y dar un golpe técnico».
Según manifestaron los diputados presentes en la reunión sostenida con el ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza pidió a los diputados «que por favor apoyaran la inclusión de la abogada Sonia Marlina dentro de los magistrados y la del abogado Moreno, esa era una petición del señor presidente a los diputados liberales, y que por favor no le fallaran en eso», advirtiendo «que si no hacían eso, que ellos ya tenían un decreto ejecutivo para que el señor presidente de la república asumiera todos los Poderes del Estado, y que incluso ya tenían el consejo de ministros preparado y a las Fuerzas Armadas».
La tensión aumentaba, por la tarde llegaron al Congreso Nacional miembros de la Policía Nacional y personal del ejército, impidiendo la salida de los diputados, y para presionar el proceso de elección del nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, bajo amenazas que iban a disolver la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional y bajo rumores de un golpe técnico.
Los diputados José Alfredo Saavedra, Juan Orlando Hernández y Carlos Kattán coincidieron que «ese día de la elección sentimos mucha presión en el Congreso porque había inclusive gente de las Fuerzas Armadas cerca del Banco Central, luego el presidente del Congreso dijo que a través de Raúl Valladares se le había amenazado con tanquetas sino se tomaba la decisión de abrir la lista de los 45 propuestos por la junta nominadora”.
Por la noche Roberto Micheletti recibió una llamada de José Manuel Zelaya Rosales para hablar referente a la elección de los magistrados de la CSJ. Roberto Micheletti se cerró en que el Congreso Nacional elegiría los 15 magistrados, de la lista de 45 propuestos por la junta nominadora.
Las negociaciones continuaron, los diputados del Partido Liberal volvieron a reunirse con la comisión enviada por el Ejecutivo y nuevamente se presentó la propuesta de la abogada Sonia Marlina Dubón, esposa del ministro Enrique Flores Lanza, «la cual se pretendía escoger como presidenta de la CSJ y de no ser así iba a ver un vacío en la estructura jurídica y un rompimiendo del orden constitucional», afirmó el abogado José Alfredo Saavedra.
Esa noche el abogado Jorge Rivera Avilés, candidato a magistrado de la CSJ, manifestó haber visto tanquetas en las afueras del Congreso Nacional. Las afirmaciones del abogado Rivera fueron confirmadas por el diputado César Ham, quien dijo haber visto tanquetas: «…Recuerdo que esa sesión del Congreso terminó… después de la presencia de tanquetas», dijo Ham.
Aproximadamente a las 10:30 de la noche se reanudó sesión del Congreso siendo presidida por Roberto Micheletti, actuando en la junta directiva: Mary Elizabeth Flores Flake, Víctor Rolando Sabillón Sabillón, Juan Ramón Velásquez Nazar y Rubén Francisco García Martínez; los secretarios José Alfredo Saavedra Paz y Elvia Argentina Valle Villalta; los prosecretarios Edna Carolina Echeverría Haylock y Gonzalo Antonio Rivera.
Luego de la lectura de los dictámenes, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti presentó moción referente a proponer la nómina de los ciudadanos abogados para desempeñarse como magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Alberto Rivera Avilés, José Tomás Arita Valle, Rosalinda Cruz Sequeira, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa de Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaekel, Óscar Fernando Chin- chilla Banegas, José Antonio Gutiérrez Navas, Jacobo Antonio Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Edith María López Rivera. Que la votación sea colectiva levantando la mano.
Sylvia Bessy Ayala, diputada del Partido UD, argumentó luego que Roberto Micheletti presentó la moción dirigida a respetar la lista de los 45 magistrados nominados por la junta nominadora, que el Partido UD sintió «satisfacción porque no fue incluida ninguna persona que estuviera fuera de la nómina de los cuarenta y cinco (45) propuestos por la junta».
Roberto Micheletti reconoció antes de nombrar la comisión especial para que elaborar el proyecto de decreto para el nombramiento de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia, que el «Congreso Nacional si tiene la facultad de reelegir a cualquier magistrado… pero para salvaguardar la paz, tranquilidad y el amor entre hondureños, las bancadas que votamos por esto, lo hicimos por el amor nuestra patria».
La comisión especial para elaborar proyecto de decreto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia estuvo integrada por los diputados: María de la Paz Herrera (PL), Myrna Aída Castro Rosales (PL), Jazmín Guifarro Ramírez (PL), Gilliam Guifarro Montes de Oca (PN) y Ana Julia García Villalobos (PN). La sesión se suspendió aproximadamente a las 11:45 p.m., reanudándose luego a las 11:50 de la noche, procediendo al nombramiento, por mayoría de los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia: Jorge Rivera Ávilez, José Tomas Arita Valle, Rosalinda Linda Cruz Sequeira, Raúl Antonio Henríquez Interiano, Víctor Manuel Martínez Silva, Jorge Reyes Díaz, Rosa Lourdes Paz Haslam, José Francisco Ruiz Gaekel, Óscar Fernando Chinchilla, José Antonio Gutiérrez Navas, Jacobo Cálix Hernández, Carlos David Cálix Vallecillo, Marco Vinicio Zúniga Medrano, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Edith María López Rivera. Todo terminó minutos antes de las 12 de la noche.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, contradijo los rumores que las FF.AA. estaban listas para participar en un golpe de Estado el día de la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y mencionó que los efectivos que se encontraban en los bajos del Congreso Nacional, «estaban allí para garantizar un ambiente de seguridad, porque así lo manda la Constitución, que se le debe dar seguridad a los Poderes del Estado en sus instalaciones».
«Durante la elección de la Corte Suprema de Justicia —manifestó el abogado Arístides Mejía, para entonces ya vice presidente en funciones— al Partido Liberal le tocaban ocho magistrados y al nacional siete y lo que ocurría en la tradición política era que cada partido primero cabildeaba internamente los nombres de los magistrados que serían propuestos al Congreso y que seguramente salían porque las bancadas obedecían el partido decía o lo que los líderes más importantes de los partidos decían. En el partido Nacional la decisión era más simple porque el partido siempre ha sido más vertical, con mandos más verticales y en el Partido Liberal siempre fue un partido compuesto por diversos movimientos y había que lograr acuerdos entre los movimientos y generalmente el acuerdo era que el presidente en funciones ponía una cuota más grande y los otros líderes negociaban su cuota». Manifestó que se estuvo: «A dos horas de que se rompiera el orden constitucional, en vista de que si no había acuerdo interno dentro del Congreso, no habría habido una Corte Suprema y el poder del Estado está constituido por tres Poderes y al faltar uno, hay un rompimiento automático del orden constitucional —además manifiesta que el— presidente estuvo al tanto de lo que sucedía en todo momento nosotros buscamos garantizarle al país el orden y la seguridad, por eso se desplazaron policías y militares para preservar que el Congreso pudiera cumplir con su cometido, lo cual nos satisface, ya que se logró a última hora».
Fortalecido políticamente luego de la victoria frente al ejecutivo, que la elección de la Corte Suprema de Justicia significó para el Congreso Nacional, inmediatamente se procedió a elegir al nuevo Fiscal General de la República. El 8 de enero de 2009 el Congreso Nacional procedió a elegir como fiscal general al exmagistrado Luis Alberto Rubí y como fiscal adjunto a Roy David Urtecho. El presidente Zelaya poco pudo maniobrar en esa elección, no contaba ya con un partido con el cual proponer candidatos.
«Aquí ya comenzó una carrera sin retorno de la crisis». Indica Julieta Castellanos y agrega que es a partir de este punto que Manuel Zelaya comprende que se había quedado sin partido. «El ya se había dado cuenta que no contaba con el Partido Liberal desde el 25 de enero. Tenía la base, pero no iba a quedar dentro del partido como de los grupos que dirigía el partido. El se dio cuenta de eso y amplió su base en el gobierno y decidió quedarse con la base que construyó. Fue una decisión dentro de la lógica política, acertada. Él optó quedarse con la base».
