El 20 de febrero de 2007 fueron brutalmente asesinados los diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (PARLACEN) Eduardo D’Aubuisson Mungia, William Rizziery Pichinte y José Ramón González, todos miembros del partido A.R.E.N.A., así como su chofer Gerardo Napoleón Ramírez. Los diputados acababan de llegar a Guatemala procedentes de El Salvador.
Un reportaje del periódico El Mundo reveló que los diputados salvadoreños asesinados en Guatemala transportaban una maleta con 5 millones de dólares y posiblemente 20 kilogramos de cocaína. Además, que el director de la PNC salvadoreña en el momento del crimen, Rodrigo Ávila, sabía que el legislador William Pichinte transportaba una maleta con dinero.
Los cadáveres de los diputados salvadoreños mostraban numerosos impactos de bala y fueron hallados carbonizados el lunes por la noche en un camino secundario de Guatemala, en las inmediaciones de la aldea El Jocotillo, unos 40 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala. Ese mismo día, los presidentes de Guatemala, Oscar Berger Perdomo, y de El Salvador, Elías Antonio Saca, condenaron los homicidos y abogaron por una investigación a fondo para esclarecer los asesinatos, mientras crecía la hipótesis de que habría un móvil político tras los hechos.
Ese día también, el ministro guatemalteco del Interior, Carlos Vielmann, dio a conocer los detalles del caso a la prensa y dijo que no había duda de que habían sido asesinados el lunes, cuando llegaron al país. Agregó que de momento no había pistas sobre el motivo o la identidad de los atacantes, y prometió una investigación con un equipo especial.
De acuerdo a una entrevista que se le hizo al director de la policía ese día, en el mapeo de la zona aparecía la señal del GPS de un vehículo policial en el mismo sector donde se produjeron los asesinatos, y que no tenía porqué estar allí; cuando la policía verificó de qué vehículo se trataba se encontró que éste concordaba con un vehículo de las mismas características que un testigo había visto en el mismo lugar. Menos de 36 horas después, ya sabían quienes eran los autores materiales del crimen de los parlamentarios centroamericanos.
El presidente guatemalteco dijo que seguramente los agentes esperaban obtener un botín de dinero o de droga, pero al verse frustrados de no encontrar nada en el vehículo, asesinaron a los diputados; por su parte, el presidente salvadoreño hizo declaraciones similares respecto a las circunstancias en las que se produjeron las muertes.
Los agentes fueron capturados y reconocieron su culpabilidad; aunque en un momento dado pidieron algún tipo de negociación a cambio de decir quién está detrás de la autoría intelectual de los asesinatos; igualmente, el jefe de la policía guatemalteca informó en ese momento que se trataba de una situación compleja porque los policía actuaron individualmente, por su propia iniciativa y utilizaron recursos de la institución policial sin tener autorización para hacerlo. Los cuatro policías fueron enviados a la cárcel de máxima seguridad del país -El Boquerón- y luego fueron asesinados dentro de la prisión. En ese momento, las autoridades guatemaltecas acusaron a pandilleros como los responsables del múltiple homicidio de los agentes; sin embargo, hubo presos que aseguraron que hubo una especie de operativo que incluyó vehículos, en los cuales los asesinos ingresaron al recinto y directamente se dirigieron a donde estaban recluidos los policías para darles muerte.
Los cuatro policías acusados de matar a los diputados salvadoreños fueron asesinados en la tarde del 25 de febrero de 2007 en la prisión del Boquerón. Mientras, en las afueras de la prisión varios agentes policiales y periodistas mostraban en sus teléfonos celulares las fotos de los cadáveres acribillados a balazos; mientras que los presos retuvieron como rehenes en la cárcel a cinco funcionarios -el alcaide, el jefe de seguridad y tres agentes- argumentando que no querían que se les acusara del crimen de los policías. Más de cuatrocientos agentes de la policía y miembros del Ejército, ocuparon luego la prisión y aislaron a los para evitar que se amotinaran los reclusos.
Aunque la gobernación y la fiscalía no dijeron que el crimen tuviera vinculación con el narcotráfico y ofrecieron una conferencia de prensa, el presidente guatemalteco Oscar Berger dijo que según la información que él manejaba en ese momento, fue una banda de narcotraficantes la que pagó por ejecutar a los diputados.
Durante la interpelación al ministro de Gobernación y del jefe de la Policía ante el Congreso, el Partido Patriota -PP- proyectó tres videos que mostraban a tres supuestos testigos, y uno de ellos denunció la existencia de escuadrones de la muerte dentro de la PNC, dirigidos por Víctor Soto y Javier Figueroa, quienes para entonces ya habían sido destituidos como director subdirector de la DINC, respectivamente. El supuesto testigo era un ex-agente del DINC y acusó a estos grupos paralelos como los responsables de la muerte de los diputados salvadoreños y de los policías ejecutados en El Boquerón. Finalmente, declaró que los hechos ocurrieron con el conocimiento del Ministerio de Gobernación.
Involucramiento de la CICIG
El 12 de diciembre de 2006, las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el cual, tras la aprobación de la Corte de Constitucionalidad en mayo de 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República el 1.° de agosto de 2007. Surgió así la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones del Estado tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que tiendan al desmantelamiento de estos grupos.
Por haber sido miembros de la policía los asesinos de los diputados del PARLACEN, la CICIG era autoridad competente para colaborar con las investigaciones del caso. Los miembros de ese equipo comenzaron su trabajo en abril del 2007. Todas las pesquisas los llevaron a concluir que los casos vinculaban a importantes personajes del principal aparato de seguridad de Guatemala que tenían hombres bajo su mando y que cometían crímenes, asaltos, extorsiones, secuestros y “tumbes” de dinero y drogas, entre otras cosas.
Según unos expedientes de la CICIG que fueron filtrados al periódico salvadoreño El Mundo por la ex fiscal Gisele Rivera, el motivo de los homicidios habría sido quedarse con el dinero que supuestamente era transportado en dos valijas por el diputado Pichinte, y un cargamento de 20 kilogramos de cocaína. En cambio, en el juicio que se siguió, la Fiscalía guatemalteca indicó que el móvil del crimen había sido una venganza del ex diputado Roberto Silva Pereira contra el partido A.R.E.N.A. de El Salvador, por haber promovido su desafuero en la Asamblea Legislativa cuando se le descubrió actos de corrupción y posible lavado de dinero. El informe filtrado de la CICIG supuestamente señalaba como responsables de la planificación del crimen a las más altas esferas de seguridad pública guatemaltecas; para 2010, año en que se filtró el informe, la mayor parte de funcionarios involucrados en el caso estaban detenidos o muertos: el ex ministro de gobernación, Carlos Vielman, el antiguo jefe de la policía de Guatemala, Edwin Sperissen, y el ex subjefe de ese cuerpo, Víctor Figueroa habían huido de Guatemala y se habían refugiado en España, Suiza y Austria, respectivamente. También estaban el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales, Víctor Hugo Soto y uno de los asesores de Vielman, el venezolano Víctor Rivera, conocido como «Zacarías», quien ya había fallecido, muriendo un año y dos meses después del crimen de los diputados.
En el reportaje que escribieron Fernández y Jara, se dice que uno de los diputados salvadoreños habría llevado cinco millones de dólares en dos maletas, dinero que habría sido tomado por Soto Diéguez en la finca “La Parga”, localizada en el kilómetro 25 de la carretera hacia El Salvador, donde fueron asesinados los diputados. Con la ayuda de otros agentes que participaron en la operación contra los diputados, el dinero fue llevado en un auto hasta un “car wash” localizado en la zona cinco de la ciudad de Guatemala.
Uno de los hombres que ayudó a cargar hasta el carro las dos maletas en que supuestamente se había colocado el dinero, contó a los investigadores que abrió una de ellas y miró la enorme cantidad de dinero. Otro exclamó, según las pesquisas, que se trataba de cinco millones de dólares. El dinero, según los documentos examinados por los periodista de El Mundo, fue tomado por Soto mientras a los diputados los mantenían en un pequeño cuarto de la finca, con sus cabezas envueltas en bolsas plásticas.
En Guatemala se juzgó a un ex diputado guatemalteco, Manuel de Jesús Castillo, y al ex legislador salvadoreño, Roberto Silva, acusados de unirse para dar muerte a los diputados salvadoreños ante el Parlamento Centroamericano. Supuestamente ambos usaron agentes policiales y a personajes privados para cometer el crimen, como parte de una supuesta venganza.
De acuerdo a Rivera, en una prolongada investigación, un grupo de trece profesionales de varios países, concluyó que los diputados transportaban en un vehículo Land Cruiser, placas salvadoreñas 186171, cinco millones de dólares, y que eso lo conocían las autoridades guatemaltecas. Las operaciones para hacerse del dinero las habrían encabezado el venezolano Víctor Rivera, quien habría montado en Guatemala, una estructura paralela de seguridad, y Víctor Hugo Soto Diéguez, entonces jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales.
El dinero se lo atribuyen al diputado William Pichinte, cuya esposa era la propietaria del vehículo Land Cruiser en el que viajaban los tres diputados y su motorista. Los legisladores Ramón González y Eduardo d’Abuisson viajaron junto a Pichinte porque, el primero, dejó su auto en El Salvador para que movilizaran a su hija que estaba próxima a parir un hijo, y d’Abuisson tenía su jeep doble tracción en el taller mecánico. El vehículo en el que viajaban los diputados salvadoreños poseía un compartimiento secreto, mandado a construir por sus propietarios, para ocultar cargas que no querían llevarse en lugares convencionales.
Alentados por el dinero, en el crimen habrían participado no sólo los cuatro agentes policiales que fueron acusados y, posteriormente, asesinados en una prisión guatemalteca en condiciones misteriosas, sino también otros funcionarios que caminan libres o que, igualmente, fueron acribillados a balazos o están presos por otras razones, según la investigación.
De acuerdo al reportaje de el Mundo, varios de los informes del grupo investigador de la CICIG mostraban que testigos importantes del caso, a quienes se pedía sacar a Estados Unidos o Canadá, nunca negaron que los cuatro agentes policiales muertos participaron en la intercepción ilegal de los diputados salvadoreños y ésta ocurrió cerca del centro comercial La Pradera, de la ciudad de Guatemala. Posteriormente fueron asesinados y calcinados en una finca localizada en el kilómetro 25 de la carretera que conduce hasta Santa Elena Barillas.
Pero, un informe elaborado el 28 de julio de 2009 por el grupo investigador y entregado al español Carlos Castresana, comisionado de la CICIG, menciona que el Ministro de Gobernación del gobierno de Oscar Berger, Carlos Vielman, el jefe de la Dirección de Investigaciones Criminales (DINC), Víctor Hugo Soto Diéguez, y el venezolano Víctor Rivera, conocían que los diputados viajarían a la ciudad de Guatemala para incorporarse a las sesiones ordinarias del Parlamento Centroamericano. Todos ellos habrían participado como parte de una estructura criminal que operaba dentro del Ministerio de Gobernación y la policía.
Además de los cuatro policías que aparecieron en los videos y que fueron capturados el 22 de febrero de 2007, Soto habría utilizado a otros hombres, como Marvin Contreras Natareno, quien fue detenido después de pasar varios días en un hotel de la ciudad de Guatemala, cuya cuenta la pagó el Ministerio de Gobernación. Fue presentado ante los tribunales guatemaltecos después de permanecer, literalmente desaparecido durante cuatro días en manos de autoridades de ese país; Lo llevaron ante los tribunales luego que sus compañeros fueran asesinados. Aunque prefirió no declarar en las etapas previas del proceso, las investigadores de la CICIG temieron, en su momento, que pueda estar muy influenciado por el asesinato de sus compañeros y alguna petición para que callara hechos. Contreras Natareno declaró en el juicio en el que se le juzga y reprodujo la tesis del funcionamiento de la estructura de crimen organizado dentro de las principales instituciones de seguridad guatemaltecas.
Los cuatro agentes policiales (Herrera, Gutiérrez, Langen y López) fueron detenidos, en medio de una convulsa rebelión dentro de la policía guatemalteca. Paradójicamente, a pesar de que Soto Diéguez y Víctor Rivera habrían estado involucrados en el crimen de los diputados, fueran ellos quienes encabezaron las investigaciones oficiales sobre el asesinato. Soto fue el primero que acusó a esos cuatro agentes como jefe de la DINC guatemalteca. Los cuatro agentes fueron detenidos, en el Ministerio de Gobernación, con la intervención no sólo de Soto Diéguez sino también del venezolano Víctor Rivera, tras un sórdido encuentro en el que el ex jefe de la policía salvadoreña, Rodrigo Ávila, fue testigo cercano. Una vez que fueron detenidos esos cuatro agentes, Dany Benítez, uno de los hombres más controversiales de la policía guatemalteca, grabó un video con su teléfono en el que Luis Herrera le grita al venezolano Rivera , en el momento de su detención, que los traicionaron y que si los detienen “¡por Dios que van a saber de nosotros!”4
Erwin Sperisen fue sentenciado a cadena perpetua en Suiza por la muerte de los siete prisioneros de Pavón en 2006. Sperisen fue juzgado en Ginebra y no podrá ser extraditado porque tiene ambas nacionalidades, ya que su abuelo había emigrado a Guatemala. La corte suiza determinó que estuvo involucrado en la planificación de la muerte de los siete reos, y fue «directamente responsable» de uno. Por su parte, Sperisen -quien fue declarado inocente de los cargos que le imputaban sobre la ejecución extrajudicial de tres prisiones prófugos en 2005- ha negado rotundamente su culpabilidad y sus abogados apelaron la sentencia condenatoria. El juicio de apelación se inició el 3 de mayo de 2015 pero la Cámara Penal de Apelación y Revisión de Ginebra, Suiza no solamente confirmó la sentencia emitida en 2014, sino que la modificó para incluir tres muertes más de prófugos de El Infiernito en 2005. La defensa de Sperisen apelará a la última instancia: el Tribunal Federal.
Por su parte, Javier Figueroa, exsubdirector de la División de Investigación Criminal (DINC) de la Policía Nacional Civil (PNC), fue absuelto por un juzgado austriaco de la acusación de participar en el homicidio de los siete reos en 2006. Para su veredicto, el jurado tomó en cuenta cerca de diez mil páginas, más de cincuenta horas de audiencias a través de video conferencias y otra docena de testimonios –incluyendo el del expresidente guatemalteco Óscar Berger Perdomo y el del exdirector general de centros penitenciarios, Alejandro Giammattei– en la corte de distrito de RiedimInnkreis, [Austria]]. Figueroa negó los cargos que se le imputaban desde 2011, cuando el MP solicitó su extradición a Guatemala y fue detenido preventivamente en Austria, tras ser acusado junto al exministro de Gobernación, Carlos Vielman, y el exdirector general de la PNC, Erwin Sperisen. En su alegato final ante el jurado, Figueroa aseguró que fue hasta estar en Austria, donde reside desde que obtuvo asilo político junto a su familia en 2007, que supo la existencia de ilegalidades mientras estuvo en la DINC; rechazó la existencia de una “lista negra” de reos en la toma de Pavón; y afirmó que su lucha contra la corrupción dentro de la policía y contra el crimen organizado le ganó enemigos, incluso dentro de la misma PNC y el ejército, y por lo cual, afirmó, fue acusado injustamente en Guatemala.
El abogado de Figueroa, Benno J. Wageneder, solicitó la absolución del defendido y acusó a la CICIG de inventar un caso en torno al exjefe policial para justificar su existencia en Guatemala. Según el defensor, la comisión estaba bajo una gran presión para tener éxito en sus casos porque de lo contrario no tendrían más patrocinadores para su funcionamiento. En ese punto sirvieron los testimonios de Berger y Giammattei, quienes en sus testimonios acusaron a la CICIG de comprar testigos y fabricar casos penales sin pruebas. En cuanto a la fiscal asignada al caso, Claudia Jenichl, ésta aseguró al jurado que Figueroa era sin duda un buen actor, y afirmó que, si bien él podría no haber matado a alguien directamente en este caso, las pruebas demostraron que estaba involucrado en los homicidios de los reos.
Finalmente, el exministro de gobernación Carlos Vielmann se encuentra pendiente de juicio en España por cargos similares; el abogado Francisco Palomo, quien llevó el caso de Vielman en Guatemala y luego el del juicio por genocidio del general Efraín Ríos Mont fue asesinado el 3 de junio de 2015 en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala después de haber sido perseguido por varias cuadras.
