EL ABORTO EN NICARAGUA: UN CASO DE OMISIÓN

EGO7 junio, 2016

 

…Por Eneida Incer

Una rosa deshojada

A inicios de 2003, Nicaragua conoció el caso de Rosita, la niña de nueve años que residía junto a su familia en Costa Rica y que a finales de 2002 fue violada por su vecino Alex Barquero.  La noticia que conmocionó a ambos países; puso en juicio el tema del aborto e hizo temblar los cimientos preconcebidos en esta materia;  pues, producto del delito cometido, Rosita quedó embarazada y en riesgo de perder su vida. Esa fue la razón por la que sus padres solicitaron al gobierno tico la autorización para interrumpirle el embarazo, sin saber que la legislación de aquel país  la prohíbe.

En Nicaragua, la situación era distinta. Aunque se contaba con una disposición jurídica que penalizaba el aborto, existía dentro del mismo corpus jurídico la figura del aborto terapéutico como causal de excepción a la regla y por tanto, la interrupción del embarazo por causas médicas que ponían en riesgo la vida de las mujeres era tomada  como legal.

Ante esa posibilidad, y sabiéndose que Rosita era hija de padres nicaragüenses, una brigada de la red de mujeres viajó a Costa Rica en busca de la menor. De esta manera, la Red tomaba protagonismo en materia de salud sexual y reproductiva y la ayudaba a superar su situación de riesgo. Al regresar a Nicaragua el panorama no fue alentador.  Inmediatamente la jerarquía de la Iglesia Católica organizó plantones y protestas cívicas para evitar que a la niña se le  interrumpiera el embarazo.

El MINSA formó una comisión que dictaminó que la niña corría igual riesgo de morir si continuaba con el embarazo o se le interrumpía, por lo que le dieron de alta y la abandonaron a su suerte, pero a inicios de 2003, un grupo de médicos nicaragüenses le realizaron un aborto clandestino pues, a pesar de que la  legislación permitía la praxis del aborto terapéutico, la presión religiosa era mucha  para realizarlo públicamente.

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La historia de un pacto

El año 2005 se aprobó en lo general el Código Penal vigente, que derogó el Código de Instrucción Criminal y en el año 2006 se comenzó a discutir en lo particular la nueva ley penal a fin de aprobar por separado cada uno de los artículos que lo conforman. Pocos artículos fueron de difícil tratamiento, sin embargo, el que más espinas y malestar produjo dentro de la población nicaragüense fue el arto. 165 que dejaba viva la figura del aborto terapéutico e introducía el diagnóstico de tres facultativos para que el mismo se tuviese como legal. 

2006 fue un año de campaña electoral. El tema del aborto se volvió un tema espinoso. Los diferentes partidos políticos se declararon en contra del aborto terapéutico. Para sorpresa de la población nacional, el FSLN  dijo públicamente que el aborto es un crimen y que ellos como partido optan por la vida. Las escandalosas declaraciones de la Iglesia Católica (quizá la cara más visible y la voz religiosa con mayor peso en Nicaragua) abogando ante nación por una oportunidad política para el Frente Sandinista -el partido que tenía dieciséis años de no llegar al poder gracias a la cultura de miedo sembrada por el clérigo para ejercer un voto de castigo  a los dirigentes de  izquierda y así hacerle pagar los errores cometidos en el pasado- hizo pensar a la población en la posibilidad de un amarre político-religioso.

Las declaraciones de los obispos inclinando la balanza a favor del Frente sólo afirmaba la alianza que permitiría posteriormente que el frente sandinista llegara al poder a través del llamando a la unidad, la paz y la reconciliación bajo aquel famoso slogan “unida, Nicaragua triunfa”. Pero con quién era la reconciliación? Cuál era el costo de esa unidad? 

En octubre de 2006, a tan sólo un mes de las elecciones presidenciales se discutió el artículo que establecía el aborto terapéutico.  En este contexto, la Iglesia apareció en los diferentes medios de comunicación declarando su postura respecto al tema y recordándole al FSLN las promesas hechas en ese particular. De esta forma, el clérigo actuó bajo sus cánones tradicionales, recordando el papel protagónico que jugó durante la edad media.

En esta coyuntura, y sabiendo que los juicios de valor moral establecidos por las religiones cala la conciencia de la mayoría de los nicaragüenses y que la Iglesia Católica tiene voz y voto por amarre en las políticas públicas, los diferentes grupos feministas y asociaciones pro-mujer hicieron  plantones en las rotondas de Managua y en  afuera de la Asamblea Nacional; comenzaron a cabildear con los diputados de las diferentes bancadas para que se aprobara el aborto terapéutico, sin embargo, la respuesta fue una: la orden gubernativa era de cerrar filas a favor de la penalización.

Así pues, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza Liberal Nacional (ALN) adujeron que era el FSLN quien tenía el amarre con la Iglesia y el FSLN sostuvo que era la derecha quien históricamente hacía pactos con el clérigo y que por lo tanto a quién debía convencerse era a la Iglesia. Si ella cambiaba de postura, ellos cambiaban su voto.

El contexto político tejió un clima de incertidumbre a todos los niveles. Por un lado, la mayor parte de la población estaba temerosa de que el FSLN regresara al poder, pero el partido liberal se había resquebrajado y dividido en dos: ALN y PLC, de modo, que para obtener la presidencia los diferentes partidos debían hacer alianzas con otras bancadas políticas, pero también con la Iglesia. Esto lo entendió perfectamente el Frente Sandinista que en ese entonces gozaba con una representación del 30% en el parlamento a pesar del voto de castigo que le había costado dieciséis años. Por tanto, mantener las cuotas de poder era imprescindible si querían llegar a la presidencia.

Los diferentes grupos que trabajan en pro de los derechos de las mujeres, conscientes de esta coyuntura escabrosa, recorrieron los barrios, las comarcas, realizaron foros y debates en las diferentes escuelas y universidades del país para crear conciencia sobre la importancia de mantener legal el aborto terapéutico, se movilizaron en las calles y previendo el peor de los escenarios, llamaron a la desobediencia civil con el slogan: “Diputado: si no respetás mi vida, no respetaré tu ley”. En otro escenario y previo al debate sobre la penalización del aborto terapéutico, los organismos internacionales comenzaron a pronunciarse: Save the childrens, la CEDAW, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Organización Panamericana de la Salud, le recordaron al Estado de Nicaragua los compromisos internacionales adquiridos en materia de salud sexual y reproductiva.

Aun así, los espacios públicos se cerraron. Los medios de comunicación escritos y televisivos cancelaron los spot publicitarios a favor del aborto terapéutico. Sólo Cinemerk accedió a presentar un anuncio que decía: “Imagine que estás en una condición médica que pone en peligro tu vida, imagine que los médicos tienen las manos atadas, imagine que las puertas del hospital se cierran en su cara, imagine que ayudarla es un crimen. Esto no es una pesadilla, es la realidad que enfrentan las mujeres con complicaciones serias en su embarazo. El aborto terapéutico no es capricho, es una necesidad. El aborto terapéutico salva vidas, la penalización no.” (López, M. 20013. Revista Envío. Managua: UCA ediciones).

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En octubre de 2006 se debatió en la Asamblea Nacional la penalización del aborto terapéutico, el diputado Agustín Jarquín Anaya, del partido socialcristiano dijo en ese entonces que la Constitución Política declaraba la laicidad del Estado y que la Carta Magna era la manifestación de la voluntad del pueblo cristiano comprometido con su fe en Dios y la razón por la cual el votaba a favor de la penalización del aborto era porque el Estado era laico, pero no ateo.

El caso de las diputadas del FSLN y el ALN, recordó la figura de pilatos. Su actuación fue vil y cobarde: llegaron al recinto legislativo, marcaron presencia para la obtención del quórum, pero a la hora de la discusión y votación en el pleno, se ausentaron. De esa forma,  cumplían con la orden de cerrar filas en contra del aborto y al momento de ser consultadas se lavaron las manos: adujeron no estar presentes en la votación deslindando así cualquier responsabilidad.

En el mismo contexto, pero en otra perspectiva, se aplaudió la postura de la diputada Mónica Baltodano del MRS quién tomó la palabra en el plenario,  luego de escuchar la postura de diez hombres. La parlamentaria adujo hablar en nombres de las mujeres porque los diputados se referían a ellas como si se tratara de las vacas de su finca; además expresó que la penalización del aborto terapéutico no erradicaría la clandestinidad de los mismos y  la derogación sólo implicaba un retraso en la lucha de las mujeres por defender sus derechos.

Los parlamentarios reaccionaron inmediatamente con intervenciones irrespetuosas; las más grotescas fueron las de los diputados Freddy Tórrez y Wilfredo Narravarro, ambos del PLC. El primero le dijo a las mujeres que presenciaban el plenario, que la maternidad era para mujeres de verdad y no para aquellas que no podían ejercer sus funciones de mujer; el otro, las llamó lesbianas.

Al finalizar el debate, se procedió a la votación. El resultado era una muerte anunciada: De los noventa y cinco diputados que conforman la Asamblea Nacional, noventa votaron en contra y sólo cinco a favor. Estos diputados fueron: Mónica Baltodano, Enríque Sáenz y Víctor Hugo Tinoco del Movimiento Renovador Sandinista (MRS); José Pallais del PLC y Luis Callejas del ALN.

El 17 de noviembre de 2006, después de las elecciones presidenciales, el prelado se reunió a puertas cerradas con el otrora presidente de Nicaragua Enrique Bolaños, quien a displicencia del clérigo sancionó con su firma la penalización del aborto terapéutico.  Inmediatamente, la reacción ciudadana se hizo sentir. Varios recursos por inconstitucionalidad a la Ley 641 (Código Penal de Nicaragua) fueron interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia, sin que los mismos hayan sido resueltos hasta la fecha pesar de que han pasado casi ocho años desde que fueron presentados.

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Entre la hipocresía y la realidad

En septiembre de 2006 unas cincuenta mujeres “católicas” se manifestaron frente a la catedral de Managua solicitando a la jerarquía católica más laxitud en temas de derechos de las mujeres; como no las dejaron realizar su protesta pública, algunas decidieron entrar a la iglesia a escuchar la misa, consecuentemente, optaron por comulgar, pero el sacerdote Bismark Conde tomando el micrófono, se refirió a ellas como personas diabólicas y les echó agua bendita.

En otro escenario, el social y médico, la penalización del aborto,  cobró su primera vida en menos de un mes.  Jazmina Bojorges, una joven de diecinueve años de edad que se encontraba en estado de embarazo fue atropellada por una mototaxi en la comunidad de Chiquilistagua. La muchacha fue llevada a la casa de su madre y ahí estuvo por dos días con altas temperaturas por lo que decidieron llevarla al hospital Vélez Paiz; posteriormente la trasladaron al hospital Berta Calderón, donde finalmente murió de un supuesto paro cardíaco.

Una investigación realizada por el Centro Autónomo de Mujeres, llegó a la conclusión de que en el caso de Yazmina hubo mala praxis médica.  Producto de la colisión con la mototaxi, se le desprendió la placenta y tuvo una hemorragia interna. Los médicos no actuaron en legítima defensa de la vida de la madre por el temor de ser acusados penalmente por abortistas; el resultado fue la muerte de Yazmina y su hijo.

Lo cierto de todo, es que la sociedad nicaragüense vive con el doble discurso: el religioso y el mundano. La alta jerarquía religiosa tiene mucha incidencia en las políticas públicas, sobre todo en las de salud sexual y reproductiva; su voz es escuchada en las altas esferas políticas,  al punto de tener injerencia en las decisiones gubernativas. De esta forma, el partido de turno mantiene su status quo y el clérigo su cuota de poder dentro del Estado. Más allá de esa hipócrita realidad, a diario mueren mujeres pobres, ellas pagan el costo de la cultura patriarcal que se ha impuesto en país. Al otro lado, entre lo ilegal y silencioso, se encuentran otro ciento más de mujeres que se practican abortos clandestinos en condiciones de riesgo.  La Iglesia lo sabe.  La población nicaragüense lo sabe. A vox populis, se conoce el lugar o los lugares donde se practican, se conocen el protocolo que debe seguirse, el costo monetario que tiene la interrupción del embarazo.

La Iglesia evita el tema. Su postura es una sola: el aborto, en cualquiera de sus manifestaciones es una flagrante violación al quinto mandamiento: no matar. El clérigo no se abre al debate, no reconoce que el punto de partida para reflexionar sobre el aborto desde la óptica religiosa es entender que lo religioso no siempre garantiza que una persona sea buena, o que quienes promueven y defienden el aborto terapéutico no son personas escasas de valores,  gente antiética, ni tampoco diabólicas.

Decir que la promoción del aborto terapéutico es promover la cultura de la muerte, es un tanto descabellado. Promover la cultura de la muerte es haber derogado el artículo 165 del Código Penal que daba a las mujeres la opción de decidir por sus vidas en casos riesgosos. El dilema religioso entonces, no debe visualizarse desde una óptica de asesinato, sino que debe tomar en cuenta que ante un aborto hay dos valores intrínsecos en juego: la libertad y la vida. Toda persona tiene derecho a vivir y a decidir. Toda mujer debería poder decidir en libertad sobre su opción sexual y reproductiva. De esta manera, se evitaría hacer mercadeo con un tema tan sensible y se dejaría de traficar con la conciencia de los pueblos.

Es cierto que el quinto mandamiento se tiene como una categoría de valor ético. Como una acción de carácter negativo que debe ser sancionada por el Estado en aras del bien común. Pero no es lo mismo no matar que no salvar una vida. La lucha por el aborto terapéutico no debe verse desde la óptica patriarcal de elección entre la vida o la muerte. Es más que eso. En última instancia, es una decisión entre vida y vida. Es el mismo bien jurídico el que está en juego y el que abre la discusión en la doctrina penal nicaragüense. El aborto debe visualizarse  como un estado de necesidad, como la elección entre una vida real ante una vida potencial y como un derecho insoslayable de las mujeres más de una concesión moral hipotecada a los intereses político-religiosos.

El viejo argumento de que con una legislación más amplia sobre el aborto en Nicaragua existiría una carnicería y que en la praxis se convertiría en un vicio, no tiene asidero en el contexto nicaragüense. Esta es sólo una idea ortodoxa que evoca la mentalidad retorcidamente machista que caracteriza a la población de este país;  pues está más que demostrado que en Nicaragua la mayor parte de la población es femenina y son precisamente las mujeres quienes en su mayoría sacan adelante a sus hijas e hijos, asumiendo la enorme responsabilidad de ser madres y padres a la vez, aún en las peores condiciones de pobreza.

Pero una cosa es cierta, más allá de los casos médicos donde el aborto es espontáneo, lo único que reduce la praxis abortista es la adecuada educación sexual y reproductiva, el acceso a los diversos métodos anticonceptivos y hacer conciencia del ejercicio de una paternidad y maternidad responsable. El hecho que en Nicaragua se haya penalizado el aborto terapéutico sólo demostró el provincianismo en que está subsumido el país; sólo  significó un retroceso de casi siento setenta años en materia de derechos sexuales y colocó al Estado nicaragüense dentro del reducido número de países cavernícolas que prefieren que mueran las mujeres antes que interrumpirles el embarazo.

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Eneida Incer. Abogada y catedrática nicaragüense. Vive en Granada.

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