El unicameral Congreso de Ecuador destituyó este jueves al fiscal general, Carlos Baca, por difundir ilegalmente el audio de una presunta conspiración para removerlo de su cargo, en medio de una investigación por el megaescándalo de corrupción de la brasileña Odebrecht.
Con 128 votos a favor, la Asamblea Nacional, de 137 curules, resolvió en un juicio político de 11 horas censurar a Baca y remitir el expediente del proceso a las autoridades judiciales para determinar posibles responsabilidades penales.
La censura implica la “inmediata destitución” del cargo, de acuerdo con la Constitución, y su puesto será ocupado por el fiscal subrogante Gen Rhea.
“Se ha probado de manera clara, contundente, fehaciente e irrefutable, que el Fiscal General del Estado incumplió sus funciones por la difusión de la información, que está sujeta a reserva de ley y cuya circulación es restringida”, explicó la Asamblea Nacional en un comunicado.
Baca divulgó en febrero una conversación telefónica entre el entonces presidente del Legislativo, el oficialista José Serrano, y el excontralor Carlos Pólit, prófugo de la justicia por el caso Odebrecht. En el audio, hablan de “bajarse” (remover del cargo) al fiscal por supuestamente incumplir acuerdos para ocultar hechos de corrupción.
La revelación derivó en la destitución de Serrano en marzo y en el inicio del proceso de juicio político contra el fiscal.
Una de las indagaciones de Baca llevó a que el entonces vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fuera condenado en primera instancia a seis años de cárcel por recibir 13,5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. Glas, apresado, perdió el puesto en enero por ausencia definitiva.
Otras siete personas, incluidos exfuncionarios del gobierno del exmandatario Rafael Correa y un tío de Glas, también han sido sentenciadas por el escándalo de la entrega de coimas de la firma brasileña.
En su defensa, Baca, quien estuvo al frente de la Fiscalía desde mayo de 2017, hizo un resumen de su trabajo y se refirió al informe parlamentario que dio luz verde al juicio político.
“En ese informe se dice que debí haber esperado o debí haberme quedado callado, que no debí haber denunciado lo que estaban haciendo en mi contra y que eso es motivo para que yo sea no solamente destituido, sino también procesado penalmente”, expresó.
El asambleísta César Rohon, del derechista Partido Social Cristiano, declaró al final del juicio que el fiscal “incumplió funciones y además de haber incumplido generó desconfianza” al no haber “judicializado” el audio.
Baca también enfrenta otras cuatro investigaciones en su contra, entre ellas una por el presunto delito de peculado cometido cuando presidió una comisión creada por el gobierno de Correa (2007-2017) para investigar una revuelta policial de septiembre de 2010, que dejó 10 muertos, 300 heridos y al menos un centenar de uniformados procesados.
La comisión determinó que hubo un intento de golpe de Estado y de magnicidio contra el exgobernante, de quien Baca fue muy cercano antes de que Glas, aliado de Correa, fuera llamado a juicio penal.
Fuente: 24matins.es
