El debate de la regulación o control de las redes sociales es una polémica a nivel mundial, la globalización de las noticias falsas, los medios satíricos, la desinformación y la falta de criterio de la población en general y de algunos medios de comunicación han sido las premisas para que países como Estados Unidos y Francia busquen y exijan una regulación al flujo de información, reflejado en corto plazo en el cambio de algoritmo de Facebook en que ahora los usuarios determinaran qué contenido deben ver, dejando a los medios con pocas opciones en la red social y en busca de otras alternativas para la difusión del contenido.
Honduras, como un país en vías de desarrollo, tiene poco control y el desconocimiento de muchos temas tecnológicos desde el sector gobierno. Busca ahora la implementación de una ley que regule los espacios virtuales donde, según autoridades, «se genera odio, división e inciten a la violencia.» La medida propuesta ha generado una profunda incertidumbre en la población y la especulación de que esto va a servir de base para evitar que exista oposición contra el gobierno, en este clima de crisis postelectoral con raíz en la denuncia de fraude electoral.
Para explicar el alcance y aplicabilidad de la ley la comisión de dictamen del anteproyecto realizó una conferencia de prensa para detallar y aclarar los rumores y la inquietud en la población.
El diputado Gerardo Martínez, quien preside la Comisión de Dictamen de las Redes Sociales en reunión con los directores de medios explicó el espíritu de la ley:
“Se está en la etapa de socialización de la ley, por eso se convocó a los directores de medios y defensores de Derechos Humanos, las reuniones se sostendrán con diferentes entes reguladores y personal técnico de CONATEL. La finalidad de la ley es crear una instancia para denuncias de acoso en redes sociales para personas que se sienten agraviadas”.
Martínez especificó que la aplicación de la ley no es de oficio sino por interposición de denuncia, por eso la creación del ente es para recibir la denuncia e igual se van a deducir responsabilidades civiles y penales por falsas acusaciones. La multa podrían ir desde 50 mil hasta un millón de Lempiras en el caso de determinarse la culpabilidad del acusado. Ya que los tipos de sanciones ya están tipificadas en el nuevo código penal, pero se hará la solicitud al Congreso Nacional la inclusión de una serie de delitos cibernéticos que no están tipificados en el código penal.
Ciberseguridad en un ambiente de internet sin leyes
La ciberseguridad está contemplada dentro de la ley, ante el cuestionamiento de una posible coartación de la libertad de expresión Martínez explicó que no se afectaría, ni a los medios digitales. Afirmó que el objetivo principal es la protección de los usuarios que son objeto de discriminación, acoso, extorsión y redes de pornografía infantil, y demás que se pudieran considerar como delitos cibernéticos, para lo que cuentan con personal capacitado en el exterior en este tipo de delitos.
Con este paso Honduras avanza en la globalización de la ciberseguridad como otros países, lo que Martínez calificó como una necesidad trabajar en esta ley. Aclaró que esta ley no es para proteger a políticos, sino para favorecer a la ciudadanía en general.
La parte técnica de la ley de ciberseguridad.
Alejandro Rosales de CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones) explica que esta ley abarca más allá de las redes sociales, y es la construcción de una estrategia nacional que va a abarcar todo el Estado de Honduras sobre las políticas aplicables al momento de que se cometa un delito dentro del espacio cibernético perteneciente al Estado de Honduras que es el .HN (punto HN).
El ingeniero de CONATEL denunció que el espacio de Honduras está siendo utilizado para cometer una serie de delitos cibernéticos y es por eso que la estrategia nacional comprende esa urgencia y dará las pautas a cada institución para poder trabajar, esto incluye a la empresa privada para trabajar en conjunto, una simbiosis para combatir estos tipos de delitos que atacan por igual al sector público y privado.
También puede leer:
http://elpulso.hn/el-bizantino-debate-de-la-regulacion-de-las-redes-sociales/
La estrategia incluye una interconectividad con casi 18 instituciones estatales que serán las encargadas de delegar a cada instancia correspondiente para que ellos realicen las investigaciones y procesar las denuncias, en el caso de necesitar más apoyo se brindará la colaboración. Se van a recibir las denuncias, pero no va a haber una persecución, la función en implementar los mecanismos para dar una respuesta cuando sean afectados. Para esta iniciativa se cuenta con el apoyo de Israel con equipo y capacitación para usar el equipo.
Ante el debate de que esta iniciativa pudiera servir para persecución política, enfatizó que la ley no será una cacería de brujas, incluso se refirió al eslogan de la Alianza de Oposición: Fuera JOH, y aseguró que lo pueden seguir utilizando porque no genera odio ni afecta a terceros, porque no es una acción para perseguir ni para censurar cuentas en redes sociales. La ley se aplicará por denuncias, con un proceso para determinar si se incurre o no en delito.
El Fuera JOH pueden seguir utilizando porque no genera odio ni afecta a terceros.
Mecanismo de denuncia:
En el proceso de denuncia, investigación y seguimiento participarán: CONATEL, la ATIC y la DPI que van a ser las encargadas de llevar los casos para dar una respuesta más rápida a los usuarios de redes sociales, esta institución garantizará la eliminación de comentarios previamente denunciados si se determina que es nocivo para una persona.
“La responsabilidad es para quien realice los comentarios”.
El plan nacional de ciberseguridad contempla la adhesión al Convenio de Budapest que le da la potestad al país de origen del contenido de poder denunciar un crimen cibernético; por ejemplo la descarga de material de pornografía infantil producido en otro país:
Es un instrumento internacional que tiene como fin armonizar el derecho sustantivo y dar herramientas esenciales en la investigación de los delitos que se cometen por vías informáticas.
Es el primer Convenio Internacional sobre Delitos Informáticos y es visto como el estándar mundial sobre la materia y tiene los siguientes objetivos:
Mejorar los instrumentos de cooperación internacional.
Armonizar el derecho sustantivo, no limitarlo.
Creación de instrumentos procesales comunes.
La instauración de una red permanente de contactos: 24/7
La diputada nacionalista Johana Bermúdez por Francisco Morazán asegura que es importante que los medios de comunicación estén conscientes de que el interés de la comisión de dictamen es cuidar la libertad de expresión, es un espacio para poder crear un marco normativo para regular las acciones que generen y fomenten el odio.
La preocupación de la diputada es el manejo de la información y el tratamiento periodístico por malos entendidos que pueden incitar al odio, la clonación de páginas de medios, o clonación de perfiles de personas naturales y son utilizadas para difamación.
Resaltó el papel de CONATEL en la estrategia de ciberseguridad a nivel nacional que velaran por la seguridad. Afirma que los jóvenes pueden estar tranquilos porque no será violentada su privacidad ante el flujo de desinformación y el debate sobre la seguridad y posible control del espacio de internet y de redes sociales.
La diputada expresó que la regulación va en contra de las páginas que promueven la venta de pornografía infantil. Agregó que si en las redes sociales se fomenta el odio, la guerra y la inseguridad, esos elementos alejan la inversión y es en ese sentido que se comenzará a generar paz y seguridad jurídica.
