La responsabilidad de la seguridad y administración de las cárceles pasa a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional durante seis meses, incluidos los centros de menores. En lo que va del 2019 se han reportado más de 15 muertos al interior de los centros penales de máxima seguridad puso la administración y la seguridad de las cárceles en el centro del debate.
El sábado hubo cinco muertos más en la cárcel de máxima seguridad «La Tolva» en Morocelí, El Paraíso.
Para Ismania Platero, defensora de los derechos humanos, la ingobernabilidad debe terminar y los autogobiernos de los presos deben ser eliminados, como recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el gobierno retomé el control del sistema penitenciario del país.
Esto implica que se tomen las medidas de rehabilitación necesarias para que los privados de libertad puedan vivir de manera digna y que no se violenten sus derechos humanos.
La intervención del sistema penitenciario del país, dice Platero es oportuna, pero los resultados se dará en la medida que el personal sea depurado.
Para Platero, que a los centros puedan ingresar armas, pero se encuentra droga en las revisiones indica que FUSINA tendrá un largo trabajo durante estos seis meses.
Las condiciones de los presos deben cambiar, porque hay algunos reos que están enfermos. “Si hay salud, si hay tranquilidad las privados de libertad se van a portar bien”.
La situación de la escasez de agua en las cárceles de máxima seguridad, explica Platero, en “La Tolva” Morocelí, El Paraíso no tiene ni siquiera un carro para recoger la basura, igual caso la cárcel de Ilama, Santa Bárbara “El Pozo”, esto porque el Instituto Nacional Penitenciario (INP) no ha acreditado la partida presupuestaria para reparar los refrigeradores de ambas cárceles, no hay recreación ni medicamento, lamenta Platero.
