El senador norteamericano Marco Rubio aseguró el pasado 29 de junio, en una sesión del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, en la que fue recibido Tomas P. Malinowski, secretario adjunto de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado, que uno de los hombres más poderosos en El Salvador es uno de los principales socios en el tráfico de drogas y armas de las FARC.
«Tienen acá a la mano derecha del presidente de El Salvador, José Luis Merino —dijo el senador y ex precandidato por el partido republicano, agregando que—, es un lavador de dinero de clase mundial, traficante de armas ligado a las FARC y a funcionarios venezolanos corruptos. ¿Por qué este tipo no ha sido sancionado?».
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Rubio parece estar refiriéndose en sus declaraciones a la información que surgió hace más de 8 años, cuando durante el desarrollo de la Operación Fénix por parte de las Fuerzas Militares de Colombia en territorio ecuatoriano la madrugada del 1 de marzo de 2008, fueron encontrados varios computadores de Raúl Reyes que, según declaraciones ofrecido del ejército colombiano, detallaban información histórica relacionada a las actividades del guerrillero al frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, incluyendo información que relacionó al grupo armado con el gobierno venezolano del extinto presidente Hugo Chávez y el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, además de una extensa red de cooperantes en varios países de Latinoamérica.
Al conocer de las declaraciones de Rubio, el FMLN respondió desde El Salvador llamándolo «un político reaccionario de origen cubano, conocido por sus posiciones extremas, anti-inmigrante, y se asocia con la mafia cubanoamericana de Miami».
Merino es actualmente uno de los hombres más poderosos de El Salvador. Es un exguerrillero, militante y fundador del partido político FMLN.
El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, dijo el pasado lunes 4 de julio en unas declaraciones que dio a la prensa salvadoreños a la salida de una reunión con el gabinete de seguridad del gobierno, según indica en el periódico digital elfaro.net, que la FGR retomará las acusaciones que hiciera un senador estadounidense contra el diputado del Parlacen y líder del partido FMLN, José Luis Merino, para incluirlas en una investigación abierta por drogas y armas que data desde enero de 2014.
«Viniendo estas aseveraciones de un funcionario público de otro país, y siendo el destinatario un político y funcionario de nuestro país, no se puede evitar investigar… Vamos a revisar toda esa información y la vamos a retomar si es necesario» —dijo el el fiscal Meléndez, agregando que «ya hay una investigación abierta desde el mes de enero del año 2014 relacionada sobre hechos con vinculación del señor Merino en la Fiscalía a raíz de un aviso que interpuso el diputado d’Aubuisson, relacionado por el tema de drogas y armas. Vamos a revisar toda esa información y la vamos a retomar si es necesario, hay un expediente abierto».
Y aunque el FMLN trata de desvirtuar las declaraciones de Rubio con falacias ad hominem, lo cierto es que llegan en un momento de tensión para los políticos centroamericanos.
El Guatemala la acciones de la CICIG han puesto en jaque a las estructuras de contrabando y lavado de activos que se consolidaron durante años y tuvieron su momento más alto en el gobierno de Pérez Molina, ahora en prisión, luego de haber sido defenestrado en el marco de una intensa movilización social.
En Honduras, las acciones de la DEA en colaboración con el gobierno de Juan Orlando Hernández han desarticulado las estructuras criminales de los principales carteles del narco, alcanzando hasta la familia Rosenthal, uno de los clanes políticos y económicos más poderosos del país, luego de comprobarle vínculos con el cartel de Los Cachiros, una organización criminal que controlaba una importante ruta por el norte de Honduras, entre Nicaragua y Guatemala.
En un artículo publicado por elordemundial.com que se titula «Centro América, el camino de la droga» indica que hay dos tipos principales de organizaciones de tráfico de drogas en Centroamérica: administradores y transportistas.
Las organizaciones mexicanas se encargan principalmente de la administración y obtienen la mercancía necesaria de los países de origen, con grupos peruanos, colombianos y bolivianos.
Los transportistas, por su parte, tienen conocimiento previo de rutas de tráfico, y cuentan con los contactos necesarios en círculos de los Gobiernos dada su experiencia con robos y contrabando. Actualmente la tarea de estos transportistas es trasladar drogas desde Sudamérica hasta México.
«Nicaragua —dice la nota de El Orden Mundial— es principalmente un punto de abastecimiento y tránsito de droga. Los traficantes nicaragüenses rara vez son encontrados fuera de su país de origen. Las comunidades costeras, incluyendo los grupos indígenas, proveen apoyo logístico a los traficantes, pues esta actividad ilegal es una de las pocas fuentes de ingresos para la población de las áreas aisladas. Además, en muchas de estas áreas remotas se instalan pequeñas pistas de aterrizaje para avionetas, pues viajar por carretera es impracticable entre la densa selva».
«En Nicaragua la mayoría del tráfico de drogas es costero, aunque también existe un flujo interior a través de los ríos, algunos de los cuales transitan a lo largo de más de la mitad del itsmo. Las características hidrológicas de este país hacen muy poco transitable el territorio. En este caso la geografía ha permitido a Nicaragua librarse del narcotráfico. El papel periférico que desempeña Nicaragua en el tráfico de drogas viene a recordar el papel anteriormente desempeñado por Centroamérica como región».
Continúa el artículo «Centro América, el camino de la droga», ahora estudiando la participación de El Salvador en el tráfico de droga de la región:
«El Salvador, por su reducida extensión, no es un punto importante en el camino del narcotráfico. Las autoridades manifiestan que por su país transita muy poca cocaína debido a la carencia de una costa atlántica y a que presenta muy pocas ventajas sobre los países más al norte. También es cierto que El Salvador es el país con mayor densidad de población en la región, lo que reduce las oportunidades de utilizar pistas de aterrizaje clandestinas y zonas remotas de desembarco marítimo».
El Salvador, entonces, dada su condición geográfica, tiende a ser más un centro de lavado de dinero debido a su economía dolarizada.
El artículo «Cómo el narcotráfico opera y genera corrupción en Centro América» del portal InSight Crime, habla de las estrategias que sigue el gobierno de los Estados Unidos para quebrar las estructuras del narcotráfico en la región.
La primera estrategia está enfocada en los capos, ya sea capturándolos o abatiéndolos. «En algunos casos, la amenaza de una captura por parte de Estados Unidos lleva a que los sospechosos se entreguen a las autoridades estadounidenses. Esto es lo que sucedió con la base de la organización de Los Cachiros, quienes se entregaron a Estados Unidos en enero de 2015».
«La segunda estrategia clave para enfrentar el narcotráfico consiste en interceptar el flujo de drogas. La interdicción es un trabajo difícil e interminable, cuyos frutos pocas veces se recogen. Las cantidades estimadas de drogas incautadas son pequeñas en las mejores circunstancias, y mínimas en el caso de los países del Triángulo Norte. Requiere una gran cantidad de recursos, buena voluntad y práctica. Sin embargo, sigue siendo una parte clave de la estrategia de Estados Unidos».
En tercer lugar, según el análisis de InSight Crime, está la reforma o reconstrucción de las policías de la región, que es lo que actualmente estamos viviendo en Honduras.
Queda aún lo que parece ser —y debería ser— una siguiente estrategia en la lucha en contra del narcotráfico en Centro América: Las Finanzas.
Según un informe publicado en 2014 por El Basel Institute on Governance (Instituto de Gobernanza de Basilea), un ente multidisciplinario no gubernamental e independiente con sede en Suiza, especializado en prevención de la corrupción y el lavado de dinero, y en la promoción de políticas de buen gobierno, sólo dos países latinoamericanos están entre los 20 mejor protegidos contra el lavado de dinero: Chile, con 4,07, y Perú, con 4,42 en una escala que va de 0 a 10, siendo 0 la ausencia de riesgos, y 10, una indefensión absoluta ante estos delitos.
Dice el informe de Basel, «también están relativamente bien posicionados Colombia (4,61) y El Salvador (4,86). Por el contrario, Paraguay y Haití están entre los 20 más vulnerables, con 7,59 y 7,41 cada uno.
Si se considera el lavado de dinero exclusivamente a través de canales bancarios, la situación es aún más preocupante para la región latinoamericana, pues según el informe presentado por José de Jesús González Rodríguez, investigador de la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP, México, en diálogo con Infobae «Se advierte que entre los diez países con mayor difusión, seis son de América Latina: Argentina (6,86), Colombia (6,57), Haití (6,43), Paraguay (6,43), Nicaragua (6,29) y Bolivia (6). El país de la región que muestra la mejor clasificación es Chile (3), que ocupa el lugar 67 entre 80 países».
«En el caso del lavado de dinero a través de canales no bancarios —continúa Gonzales— se observa un patrón similar, aunque la extensión a través de estos canales es mayor. De los diez países en esta categoría, siete son latinoamericanos: Colombia (8), Haití (7,86), Argentina (7,29), Paraguay (7,29), Nicaragua (7,14), Guatemala (7,14) y Bolivia (7). Nuevamente, Chile ocupa el mejor lugar (4), seguido por Uruguay, con 5,1».
Queda ahora la pregunta:
Si según la revista InSight Crime en eco con el portal El Orden Mundial, El Salvador, por su posición geográfica escapa al interés de los carteles del traslado de la droga a Estados Unidos y, según la Dirección de Desarrollo Regional del CESOP de México, en eco con Infobae, es de los países latinoamericanos que parecen más sólidos a la prevención de lavado de activos, ¿a qué vienen las declaraciones del senador Rubio en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos?
Una teoría tiene que ver con las elecciones en El Salvador. Sabemos por la práctica de los últimos años que siempre que es tiempo de elecciones en el vecino país, los senadores y demás figuras del conservadurismo norteamericano arrecian las acusaciones en contra del fmln, con la esperanza siempre de influir en el electorado para reducir sus posibilidades en la contienda.
La otra teoría, es con Nicaragua, pues José Luis Merino, al ser directivo de la empresa de capital mixto ALBA Petróleos de El Salvador, mantiene estrechos vínculos con la empresa Alba Petróleos de Nicaragua, S.A. (Albanisa) que pertenece a la a la familia Ortega Murillo, según el artículo «Albanisa es un pulpo» de Luis Galeano publicado por en elnuevodiario.com.ni, el cual detalla las distintas empresas que componen actualmente el conglomerado y sus vinculaciones con integrantes del gobierno de Daniel Ortega y si vemos los números arriba expuestos, Nicaragua y no El Salvador, parece ser el país de la región con mayor vulnerabilidad al delito de Lavado de Activos.
