La pérdida del monopolio de la violencia en Honduras, 3 ejemplos en la ciudad de La Ceiba

Por Guadalupe Correa-Cabrera.

1. Autogobierno y corrupción dentro de los centros penales

El estudio Crimen, corrupción y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras, presentado por el Programa Latino americano del Centro Wilson en Washington, D.C., define la problemática en los centros penales de Honduras como especialmente aguda, lo cual, según el reporte, ha orillado al gobierno a tomar medidas extremas, entre las que destacan la construcción de cárceles de máxima seguridad y el traslado hacia estos nuevos espacios de reos acusados en su mayoría por crímenes de alto impacto.

En los últimos meses se han llevado a cabo diversos operativos de traslado de reos desde distintas prisiones hondureñas hacia dos prisiones de máxima seguridad. Una de estas prisiones está ubicada en Ilama, Santa Bárbara y es conocida como “El Pozo”. La segunda, denominada “La Tolva” o “El Pozo 2”, se encuentra en Morocelí, en el departamento de El Paraíso, a una hora de la capital hondureña. Se ha informado que los reos que han llegado en los últimos meses a estas dos prisiones de máxima seguridad son en su mayoría miembros activos de las maras o pandillas transnacionales (MS-13 y Barrio 18), y que solían operar desde los mismos reclusorios.

El informe resalta además que dentro de los centros penales no existe un control total por parte del aparato estatal. Afirma incluso que las cárceles en Honduras son gobernadas también por la delincuencia organizada con conocimiento, anuencia y quizás colaboración de las autoridades encargadas de cuidar y administrar dichas instituciones.

“Lo anterior pudo verificarse en alguna medida a través de la visita que realizamos a dos centros penales en el país”, afirma la autora del informe, Guadalupe Correa-Cabrera. “Ahí pudimos comprobar lo que ya muchos han reportado en distintas ocasiones: que dentro del recinto existe un autogobierno administrado por los denominados “privados de libertad”, quienes eligen a su coordinador —de entre ellos mismos— siendo éste la persona que mantiene el orden, establece una comunicación directa con las autoridades del centro penal y organiza y administra las actividades de todo tipo (incluso los negocios) dentro de las instalaciones”.

No obstante la sobre población y el severo hacinamiento dentro de las cárceles en La Ceiba, una de las ciudades en donde se enfoca el estudio del Centro Wilson (la otra es San Pedro Sula), las precarias condiciones en parte de sus instalaciones y el autogobierno con reglas poco claras para aquellos que no nos encontramos privados de libertad o resguardando sus instalaciones, “pareciera existir una organización medianamente efectiva que mantiene el orden y una relativa estabilidad en los centros penitenciarios”, dice el informe del Centro Wilson.

“Es del conocimiento público que dentro de los centros penales se opera la extorsión a negocios y familias en diversas regiones del país. También aquellos que realizan labor social dentro las prisiones informan sobre el uso de celulares, la corrupción para obtener casi cualquier cosa —incluyendo el espacio, las camas y cualquier otro beneficio dentro de la prisión— además del consumo de drogas por parte de un número considerable de privados de libertad. El consumo de drogas y diversos negocios particulares y otras actividades económicas son permitidos dentro de las cárceles hondureñas, incluyendo las operaciones de las maras y pandillas y algunas actividades de la delincuencia organizada. Todo esto se realiza en el marco de la falta de apoyo institucional y condiciones mínimas de protección y seguridad a las autoridades que resguardan las instalaciones de los centros penales. Es muy visible la falta de apoyo por parte del gobierno nacional al personal que resguarda los recintos. Destacan los bajos salarios y las precarias condiciones de trabajo de los custodios y demás personal oficial”.

El estudio Crimen, corrupción y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras destaca que en los centros penitenciarios de Honduras se ha perdido el monopolio de la violencia y que el modelo de las pandillas locales, regionales y transnacionales se opera y se dirige incluso dentro de estos espacios.

“La responsabilidad no parece residir de manera exclusiva en quienes con limitadas condiciones de trabajo y altos niveles de inseguridad dirigen y operan directamente los centros penales, sino en la falta de supervisión y corrupción en las altas esferas del gobierno nacional”, dice el reporte.

2. Seguridad pública y crimen organizado.

En fechas recientes, la inseguridad y tasa de homicidios en La Ceiba se han incrementado (ver Cuadros 1–2 y Gráficas 1–2). Esto parece responder al desmantelamiento de importantes grupos de delincuencia organizada vinculados al narcotráfico en el marco de extradiciones y declaraciones de líderes de estas agrupaciones criminales en los Estados Unidos (por ejemplo, el caso de los denominados “Cachiros”). El desmantelamiento y la fragmentación de dichos grupos que una vez dieron cierta coherencia y estabilidad al modelo criminal en esta región, han provocado una lucha por el poder al interior de los grupos, lo cual alimenta las riñas internas, y por lo tanto eleva el número de homicidios. Ello deriva en la necesidad de acceder a recursos materiales por otras vías alternas al narcotráfico.

El estudio Crimen, corrupción y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras afirma, que en este contexto que describe, las bandas y grupos que anteriormente funcionaban para los desmantelados carteles recurren crecientemente a la extorsión como fuente de ingresos para los líderes de facciones que han resultado de la división de los grupos que antes controlaban las principales actividades criminales transnacionales en la región. En otras palabras, es posible apreciar actualmente una situación de “delincuencia organizada desorganizada”.

Por otro lado, dice el informe, para muchos ciudadanos, incluso para algunos miembros del poder judicial local en La Ceiba, el problema de las adicciones va en aumento y alcanza a una población cada vez más joven dentro de los recintos escolares. Al mismo tiempo, la ciudadanía se siente más insegura y reporta un aumento de la delincuencia común y extorsión generalizada a toda una gama de negocios y actividades económicas.

“No obstante lo anterior, se pudo apreciar una cierta normalidad en la vida nocturna en la ciudad, lo que podría sugerir un relativo control de los bares y centros nocturnos por parte de ciertos actores (aún bien organizados) de delincuencia organizada, así como la participación de éstos en la distribución de drogas en estos lugares. En lo que se refiere al narcotráfico internacional, nos fue difícil constatar una nueva dirección o reducción en el negocio, pero es del conocimiento público la estrecha relación existente entre las maras o pandillas locales y el narcotráfico internacional para cuestiones de trasporte a lo largo de territorio hondureño y la venta de una parte de la droga de menor calidad.”

Los esfuerzos recientes en materia de reforma policial en La Ceiba —que incluyen programas de capacitación, controles de confianza y depuración de policías— han sido bien recibidos por la sociedad en general y en especial por los empresarios, quienes a diferencia de otros segmentos de la población hondureña, dicen incluso registrar menores tasas de extorsión y secuestro.

“En una visita a la Cámara de Comercio e Industrias Atlántida aprendimos sobre la labor de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión (FNA) de la República de Honduras, la cual parece atender principalmente a los empresarios y élites económicas puesto que el común de la población no se manifestó tan esperanzada con el tema de la extorsión como aquellos que tienen más recursos económicos y reciben directamente el apoyo de las autoridades. La percepción del grueso de la población con la que conversamos en La Ceiba es que la extorsión y la delincuencia común han ido en aumento al desmantelarse los grupos de delincuencia organizada que brindaban cierta estabilidad al controlar los principales espacios de criminalidad en la región. Eran ellos quienes en el pasado reciente parecían ejercer un control sobre la violencia, arrebatándole el monopolio del uso legítimo de la misma al Estado”.

3. El problema de las compañías de seguridad privada

Otro grave problema que señala el informe del Centro Wilson, con sede en la ciudad de Washington, D.C., que se añade a la difícil situación que viven los habitantes de La Ceiba —y de otras regiones del país— se relaciona con actores cuyos espacios de acción no son controlados por el aparato estatal. En este sentido destaca el tema de las compañías de seguridad privada cuyo modelo de acción y administración es muy poco transparente y llegan a ocupar espacios criminales y reforzar a la delincuencia organizada.

“En entrevista con algunas autoridades locales, actores empresariales y miembros de la sociedad civil se nos informó sobre el problema que representan estas compañías para la seguridad de la región dada la poca regulación de las actividades de estos grupos, así como la falta de controles de confianza que debieran aplicarse a los elementos que trabajan para dichas compañías.”

Se llegó incluso a comentar, afirma el reporte, que en ocasiones miembros de la delincuencia organizada crean empresas de este tipo —siguiendo los procedimientos legales— con el fin último de asegurar la protección de la integridad física de sus líderes y resguardar sus actividades criminales, además de funcionar como espacios propicios para el lavado de dinero.

“Parecería ser entonces que las empresas de seguridad privada en Honduras, lejos de coadyuvar a la seguridad ciudadana, se mantienen como instrumentos de control criminal y detonadores de violencia en espacios semi-regulados.”

¿Pandillas o autodefensas?

“En el marco de nuestra visita a La Ceiba, tuvimos la oportunidad de visitar un Centro de Alcance en la Colonia Suyapa que se caracteriza por sus muy altos niveles de marginación y violencia. En este lugar, al igual que en zonas del mismo tipo, no es fácil entrar y solo puede hacerse si uno va acompañado de personas que habitan en esas comunidades. La dificultad en cuanto al acceso radica en la peligrosidad y en la protección que aseguran de los habitantes de la zona para evitar la entrada de otras maras o pandillas. Aquí aprendimos de la existencia de un grupo sui generis de alegada “autodefensa” que cobra una cuota a los habitantes de la Colonia a cambio de protección.”

“La cuota que recolecta este grupo es similar a la que cobran las maras o pandillas locales en diversas comunidades difíciles de Honduras, pero en este caso nos pareció que los habitantes de Suyapa se sentían seguros y confiaban en esta nueva fuerza de civiles armados, pues aseguraban que los protegían efectivamente de la entrada de visitantes no deseados o de aquellos grupos de delincuencia organizada o pandillas que sólo desean expandir su territorio y extorsionar a los habitantes de la región. No obstante lo anterior, otros ceibeños (o habitantes de la Ceiba) equiparaban a este grupo con pandilleros o grupos dedicados a realizar limpieza social.”

El grupo referido es conocido en Suyapa como “Los Pumas”. Cabe destacar que dicho modelo de grupo de supuesta autodefensa no es exclusivo de Suyapa; existen otros grupos del mismo tipo en distintas regiones del país.

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Lea aquí el informe completo Crimen, corrupción y pérdida del monopolio de la violencia en Honduras