Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) se ha convertido en el problema de mayor envergadura en el país.
Al respecto, asesores de las controvertidas Ciudades Modelo aseguran que desarrollará y sacará a Honduras de la pobreza, sin embargo, la mayoría señala que será la venta definitiva del Estado.
El exsecretario de Economía Fernando García, externó que las ZEDE son la constitución de un Estado dentro de otro y estas han sido promovidas por el propio gobierno.
“Es la constitución de un Estado dentro de otro, por consiguiente, estamos feudalizando el estado-nación; estamos regresando a cinco siglos atrás. La administración organizó gobiernos paralelos a través de las comisiones interventoras en entidades públicas, otorgó concesiones de todo tipo, de toda naturaleza, y ahora va en un salto grave, dramático para el país, constituyendo Estados sobre otro Estado”, dijo.
La ley establece que las ZEDE podrán ser de carácter comercial e internacional, turístico y agroindustrial, minera y forestales, ciudades autónomas que serán sujeto de legislaciones especiales, sistema jurídico especial, entre otros.
Además, tendrán su propia normativa, libertad de cambio de moneda, libre acceso de barco y aviones de cualquier tipo sin autorización del Estado, su propio sistema de salud, educación, seguridad, sistema procesal penal, su propio régimen penitenciario, podrán suscribir tratados y convenios internacionales
“Es una situación grave porque el Estado de Honduras se lava las manos ante su deber de tutelar los derechos humanos de los hondureños y hondureñas, por lo consiguiente, estamos dentro de un Estado Sobre otro Estado”, agregó García.
Confirman que ZEDE serán un Estado
Por su parte, el asesor de las ZEDE, Jorge Colindres, confirmó que serán un nuevo Estado dentro de Honduras y su objetivo será el “desarrollo económico y social del país”.
“Próspera es una plataforma para fomentar el desarrollo socioeconómico de Honduras, lo hace a través de la competencia jurisdiccional. El régimen ZEDE pretende descentralizar muchas funciones que actualmente se manejan a través de órganos nacionales como el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo y traerlo a un gobierno local; constituir gobiernos locales con autonomía para adoptar reglas competitivas que fomenten el desarrollo y progreso social de los hondureños”, explicó.
Las también denominadas Ciudades Chárter, añadió, tendrán “un gobierno local público que se rige democráticamente en donde los residentes tienen diferentes derechos. Esto viene a impulsar el fortalecimiento democrático a través de gobiernos locales representativos que tutelan de mejor forma los derechos y libertades”.
Respecto a la parte económica, sostuvo que la misma “permite poner un régimen fiscal que sea competitivo, que permita el desarrollo del emprendimiento y negocios, que la gente que nace pobre no esté condenada a quedarse pobre. La idea es tener un régimen que permita a la gente desarrollarse, incrementar sus ingresos, atraer inversión extranjera”.
El especialista consideró que la controvertida figura no afectará ninguna comunidad indígena por lo que no es necesario que se haga una consulta previa, libre e informada como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Las comunidades indígenas no están siendo sujetados a ningún régimen, la ley prohíbe que se haga una especie de expropiación o abusos contra estas comunidades por lo que no veo la razón para que el Estado haga una consulta previa. Es una mentira decir que se está expropiando, la participación es enteramente voluntaria y no se van a aumentar impuestos, al contrario, se van a bajar los impuestos”, desglosó.
