Existe incertidumbre frente al proceso electoral que radica en la credibilidad de la institución -Consejo Nacional Electoral (CNE)- responsable de administrar y supervisar el proceso con las garantías mínimas del respeto a la voluntad de las ciudadanas y ciudadanos expresada en las urnas.
Si bien la institución ha sido robustecida con nuevos rostros y otro nombre las facultades y funciones, son las mismas del otrora Tribunal Supremo Electoral (TSE) que es garantizar la transparencia del proceso primario del 14 de marzo y del último domingo de noviembre de 2021.
Los exmagistrados de la otrora autoridad electoral ya sabían quiénes iban a ser los gobernantes, diputados, incluso alcaldes, antes que se divulgaran los resultados con tendencias irreversibles. Ese hecho siempre provocó suspicacia en los rivales y comodidad en el favorito de las encuestas. Tal conducta ya nos dejó lecciones en 2013 y 2017 que no han sido comprendidas.
La desconfianza en la institucionalidad tiene sus orígenes en vista que el país tiene de retornar a la vida republicana no ha logrado consolidar su democracia, porque el rector de las elecciones siempre fue manipulado por el bipartidismo a conveniencia de los intereses políticos, de respetar la voluntad soberana del pueblo depositada en las urnas para fortalecer el sistema democrático de la nación.
La prueba, el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, derivado de una consulta denominada Cuarta Urna para las elecciones de ese año que planteaba convocar a una Asamblea Nacional Constituyente no manejada por ellos, les asustó tanto que desencadenó el rompimiento del orden constitucional existente, precario pero existía.
En más de tres décadas, el bipartidismo fue incapaz de fortalecer el TSE en un órgano fuerte, sólido, altamente tecnificado y de credibilidad en el manejo del censo electoral que ayudara a la entrega de credenciales y que en su momento hubiera el reconocimiento público que votan los muertos porque no ponen vivos en las Mesas Electorales Receptoras.
Dichas prácticas antidemocráticas señaladas, incluso por la comunidad internacional, tuvieron su clímax la madrugada del 29 de noviembre cuando un partido de la oposición ganaba de manera cómoda las elecciones y en las primeras horas de ese día se paró el sistema y postergó la lectura de los resultados preliminares por presuntos desperfectos técnicos del equipo informático.
Por primera vez que se reelige un presidente y primera vez que se toma tan en cuenta el voto rural que se documenta desde el retorno a la democracia tras varias décadas de dictaduras militares.
Tal acción del órgano electoral sumergió al país en una crisis política, económica y social que la insubordinación del pueblo en rechazo a la paralización del conteo que por poco no llegó a una guerra civil por hecho tan nefasto por de los magistrados del TSE.
Además, al partido ganador de las elecciones le faltó coraje para defender su triunfo o porque tomaron la decisión sensata que derramar la sangre de su militancia y pueblo en general no debía ser el precio para hacerse del poder de la nación. Ambas cosas que hayan sucedido detuvo la insubordinación del pueblo en la calles luchando contra el fraude electoral ejecutado desde el poder de gobierno.
Sin embargo, siempre se perdieron vidas humanas, encarceladas y exiliadas, pérdidas económicas, la ingobernabilidad y desprestigio para élite política que ocupa el poder y cuestionamiento a la oposición de doblegarse ante el dictador y las consecuencias para toda la nación.
No es extraño, solo un acto más de la elite política, apátrida, ya que la historia registra elecciones al Estilo Honduras que son superiores sus intereses de poder y prestigio que la democracia que demanda el pueblo para que existan cambios, que se restablezcan las garantías en las instituciones de la República responsables de proveer de los servicios a que tienen derecho los ciudadanos de este país que llamamos Honduras.
Lo que está sucediendo con el Registro Nacional de las personas (RNP) y el CNE son los acuerdos y consensos que debieron tomarse en diciembre de 2018, para ejecutarse en 2019 y emprender los cambios en 2020 de cara a los comicios venideros de 2021.
La clase política piensa en función de sus intereses, no los del pueblo; el enrolamiento se está ejecutando a pocos meses de la primera ronda de elecciones… El proceso no cuenta con la ley que defina con claridad meridiana las funciones y facultades jurídicas, tampoco el equipo tecnológico para un censo depurado que genera certidumbre, transparencia, garantía que los muertos estarán en descanso en su tumba el día las elecciones, y respeto del que ejerza el derecho a votar.
La incertidumbre: está en riesgo el proceso electoral de noviembre de 2021 que debería tener un censo electoral depurado en el cual no voten los fallecidos o con qué identidad se votará, que se aprueben las reformas electorales y se cuente a plenitud con una Justicia Electoral aunque su ley no se ha aprobado.
¿Quiénes son los responsables de la incertidumbre que existe en Honduras? Son aquellos los que con astucia perversa han venido prologando el tiempo para tomar las decisiones, en aprobar las leyes y reglamentos y recursos técnicos y financieros para que no se tuviese el tiempo suficiente para corregir cualquier irregularidad cometida.
Si la ley es la reglamentación de la intervención del Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos que tendrán igualdad de condiciones ante los actos de las instituciones cuando consideren que los derechos en todo espacio lugar por la clase política que planifica que estratégicamente incertidumbre para desestabilizar la agobiada nación hondureña, debemos decirlo aunque no le guste a muchos las mayores desilusiones en la última década, es que hemos perdido las instituciones garantes del imperio de la ley que proteja la libertad e igualdad del individuo y la sociedad en su conjunto.
* Periodista.
