ONU y Conadeh condenan violencia de Calidonio contra pobladores de bordos de SPS

Ante el desalojo de personas dedicadas al lavado de vehículos en el bordo del Río Blanco, en San Pedro Sula, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza por funcionarios policiales, que dejó como resultado una persona muerta y varias heridas. La oficina de DDHH pidió por Twitter al Estado de Honduras a realizar una investigación en línea con los...
Redaccion 2diciembre 2, 2020

Ante el desalojo de personas dedicadas al lavado de vehículos en el bordo del Río Blanco, en San Pedro Sula, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) condenó el uso desproporcionado de la fuerza por funcionarios policiales, que dejó como resultado una persona muerta y varias heridas.

La oficina de DDHH pidió por Twitter al Estado de Honduras a realizar una investigación en línea con los estándares internacionales para esclarecer los hechos ocurridos desde horas tempranas del lunes, cuando se registró el altercado entre los dos bandos.

Asimismo, recordó a las autoridades la obligación de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de uso de la fuerza. Sobre el tema, el relator especial de la ONU, Balakrishnan Rajagopal hizo un llamado a los gobiernos de frenar los desalojos que se constituyen como una violación a los derechos humanos e insta a respetar el derecho a la vivienda.

Perder su hogar durante esta pandemia podría significar perder su vida. Los derechos a la vida y una vivienda adecuada están intrínsecamente vinculados”, enfatizó Rajagopal. 

Conviene recordar que el alcalde Armando Calidonio ordenó a los cuerpos de seguridad a destruir con pesada maquinaria las improvisadas viviendas, cuyos residentes resistieron a ser desalojados, lo que desató la furia de los agentes antimotines al lanzar a mansalva bombas lacrimógenas, reprimir a los afectados con toletes y fuerza bruta.

Según la corporación municipal, los habitantes debían retirarse de la zona debido a que se ha reportado “contaminación ambiental”. De acuerdo con la resolución emitida, se les dio dos horas para poder sacar sus pertenencias y buscar otro lugar, sin embargo, no precisaron otras indicaciones o dónde serían reubicados.

El desalojo de estos habitantes que sobreviven limpiando vehículos en las orillas del río Blanco en la zona norte se da en el marco de una emergencia sanitaria y una crisis causada por los dos ciclones Eta e Iota que han dejado destrucción en el país. Como consecuencia de las inundaciones y deslaves de tierra, muchas familias han quedado sin empleo y sin hogares lo cual ha causado a que busquen otras maneras para subsistir.

Por su parte, la defensoría del pueblo -o el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)- también condenó la vulneración de los derechos a la vida o a la integridad física “cuyos responsables deben identificarse, conforme al debido proceso y sancionarse” e instan a que se establezca un dialogo efectivo para encontrar soluciones adecuadas al conflicto.

“Hago un llamado, a los funcionarios encargados de investigar, requerir e impartir injusticias para que realicen una investigación seria y oportuna respecto a los hechos ocurridos y que se someta a juicio la persona que dio muerte a este joven”, puntualizó el ombudsman Roberto Herrera Cáceres.

“La venganza de Dios será dura”

Con el dolor de haber perdido a su ser querido, la madre y la esposa de Jose Rafael Hernández que falleció tras los enfrentamientos, reclamaron por justicia a las autoridades por la muerte del joven de 24 años para que no sea otro caso que quede en la impunidad.

“Pido que se haga justicia para la vida de Jose Rafael, no le hacía daño a nadie, se dedicaba a lavar carros era lo único que hacia y hacer fletes en la carreta que tenia. Pido justicia a la autoridad, soy conocedora de la palabra de Dios y pido justicia, la venganza de Dios es más dura. Que no se vaya a quedar impune la vida de mi hijo”, lamentó la madre de Hernández.

La madre denunció que no presentaron una orden de desalojo ni les dieron tiempo para poder desalojar.

Rechazo

Varios actores políticos condenaron la represión contra los pobladores de Río Blanco, al precisar que lejos de brindar ayuda a las familias pobres, se les priva el derecho a tener una vida digna.

La diputada del partido Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, dijo en redes sociales que “responsabilizaban al edil de la pérdida de vidas humanas”.

“San Pedro Sula ha sido el escenario de la violencia y de la represión, brutalidad por el mandato del alcalde Calidonio al cual responsabilizamos de las vidas humanas que ahí se violentan, un sector donde viven muchas familias pobres y ese ha sido su único delito. Lejos de asistirles con comida, con medicinas, con un plan estratégico de reubicación para estas familias muy pobres hoy se les condena y desalojo a punta de violencia”, externó Arriaga.

De igual forma la precandidata presidencial, Xiomara Castro se pronunció: “Condenamos la inhumana y salvaje represión de la dictadura en Río Blanco, en el que resultó muerta una persona. No les basta con el robo de recursos del pueblo, la incapacidad en el manejo de la pandemia y los desastres. ¡Se ensañan contra los más necesitados!”

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