El gobierno está poniendo la lápida: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) retomará la administración del rubro energético de Honduras, luego que el Ejecutivo publicara en fecha reciente el decreto PCM-081-2020 que genera polémica porque el consorcio Energía Honduras (EEH) podría ver roto el contrato de concesión que implicará demandas multimillonarias.
Según la norma aprobada en Consejo de Secretarios de Estado, «se autoriza que los proyectos APP (Alianzas Públicas y Privadas), que eran manejados por la Comisión para la Promoción de la Alianza Públicas y Privadas (Coalianza), sean liderados por el correspondiente concedente quedando subrogados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, en todos los derechos y obligaciones que tiene Coalianza y otras entidades especiales».
En teoría, la ENEE participará en el proyecto de recuperación de pérdidas en los servicios prestados por EEH, componente de distribución y flujo financiero, como el contratante y representante en comité técnico del fideicomiso.
A pesar de los señalamientos respecto a una inminente demanda que podría interponer el operador privado, el exgerente de la estatal, Jesús Mejía, explicó que el decreto «se refiere a transferir los contratos devueltos a las empresas APP y en el caso de EEH, ya no será manejada por Coalianza».
Mejía argumentó que un vacío en la ley respecto al contrato y la responsabilidad de su administración, lo que provocó el surgimiento del decreto. «No significa que la ENEE le da proceso a la lectura, había quedado un vacío en la ley ya que no se tenia quién manejaba el contrato y la responsabilidad», dijo.
Aunque la suerte está echada, el operador privado decidió interponer un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Poder Judicial, a fin de frenar el decreto emitido por el presidente Juan Orlando Hernández; solo un golpe de suerte podría anular la normativa y tal decisión supondría hasta un desafío al inquilino de Casa de Gobierno.
Solo restará que los magistrados de la Sala Constitucional, dominado por los nacionalistas, emita una resolución que, en el peor de los casos, obligue al consorcio a recurrir a instancias internacionales para hacer valer el contrato y que, en segunda instancia, una mediación del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) no sirva de mucho.
De todos modos, las amenazas contra EEH databan desde hace varios años. Hernández venía advirtiendo desde 2018 que tomaría medidas contra la operadora de la red de distribución hasta que se hicieron realidad con el decreto.
En las antípodas, el gerente Ricardo Roa Barragán, fue muy cauto al anunciar las medidas que emprenderán, mientras alegaba que han hecho fuertes inversiones en la reducción de pérdidas técnicas (vejez de las líneas de transmisión) y no técnicas (robo y hurto), sin embargo, señaló que van contra el decreto a fin que se declare «su no obligatoriedad por contener disposiciones que contravienen, disminuyen y tergiversan derechos constitucionales y que solicite la suspensión».
Sostuvo que «se debe revisar el contrato en el marco que está establecido, de manera legal, justa y consensuada». «Es uno de los pilares de la inversión privada, en los países donde se necesita la misma, hay que hacer una convivencia entre las difíciles recursos de los estados de los países pobres y las posibilidades que tiene una inversión privada de llegar a un país a crear y atraer desarrollo, hay condiciones que hay que honrar de manera permanente y esas violaciones generan inestabilidad», enfatizó.
Por su parte, la Comisión Interventora de la ENEE mediante un comunicado aclaró tras la publicación del decreto que ante la supresión y liquidación de Coalianza o cualquier otra entidad especial, aclara que a cada concedente es el llamado a liderar los proyectos en el ámbito de las competencias.
En ese sentido, todas las acciones que se efectúen por parte del concedente serán dentro del marco de las atribuciones establecidas en el contrato y la legislación aplicable vigente, reza el comunicado.
