¿La justicia al servicio de quién? -Parte I- El Ministerio Público

El Ministerio Público es la institución que promueve la persecución penal en Honduras y que tiene la función acusatoria en los tribunales penales además de dirigir las investigaciones concernientes a los delitos de acción pública, sin embargo, ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad debido a que, en muchos casos, responde a intereses políticos y económicos no actuando con objetividad e imparcialidad legal como lo establece la ley. Para el año 2008 cuatro...
Redaccion 2octubre 13, 2020

El Ministerio Público es la institución que promueve la persecución penal en Honduras y que tiene la función acusatoria en los tribunales penales además de dirigir las investigaciones concernientes a los delitos de acción pública, sin embargo, ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad debido a que, en muchos casos, responde a intereses políticos y económicos no actuando con objetividad e imparcialidad legal como lo establece la ley.

Para el año 2008 cuatro fiscales, entre estos, Jari Dixon, Víctor Fernández, Soraya Morales y Luis Javier Santos, actual director de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), realizaron una huelga de hambre en los bajos del Congreso Nacional debido a la impunidad que reinaba en el Ministerio Público, donde engavetaban las investigaciones de actos de corrupción de altos funcionarios de ese entonces, descubriendo así que los poderes del Estado estaban coludidos junto al fiscal general promoviendo la corrupción y la impunidad.

“En el 2008 iniciamos una huelga de hambre porque precisamente los actos de corrupción que se estaban dando, cuatro o cinco años atrás, se estaban engavetando, teníamos un listado de más de 100 casos, al ser coordinador de la Lucha Contra la Corrupción sabíamos de eso y nos molestó; trabajábamos, exponíamos nuestra integridad, trabajando esos casos y eran engavetados”.

“Nos reunimos con los tres presidentes de los poderes del Estado, ese año, y nos ofrecieron aumentarnos el salario, restituirnos a nuestros cargos, pero no destituir al Fiscal General. Después nos reunimos con personas que ni siquiera sabíamos que tenían tanto poder en el país, pero no aceptamos, nuestra posición fue que procedieran con las investigaciones porque eran denuncias contra ministros, incluso funcionarios del Ministerio Público y no pasó nada” detalló Santos.

Reinando la impunidad, para el año 2013 el Congreso Nacional nombró una Comisión Interventora que investigó al entonces Fiscal General, Luis Alberto Rubí. Ese mismo año este renunció a su cargo.

En ese año el Ministerio Público recibía anualmente más de 40,000 casos para investigación, pero solo se contaba con capacidad para investigar el cinco por ciento, quedando 38 mil casos sin investigar. Actualmente ese número se ha duplicado y la impunidad sigue creciendo.

Según declaraciones del ex fiscal de la República, Edmundo Orellana, el accionar del Ministerio Público no ha rendido los frutos deseados debido a que las redes de corrupción del país se han encargado de “manosear esa institución” imponiendo fiscales que responden a la voluntad de políticos corruptos.

“No ha funcionado porque los políticos, los corruptos en el país que siempre han estado en el poder, estos desde el Congreso Nacional han emitido leyes para manosear al Ministerio Público. Cuando comenzaron a nombrar fiscales que respondían a los líderes políticos y a sus propósitos, desde ese momento se comenzó a debilitar a tal grado que los mismos fiscales salieron a la calle para que el Ministerio Público se apegara a la ley en las investigaciones de los casos”, expuso.

Como ejemplo del irrisorio accionar del Ministerio Publico frente a actos de corrupción, Odir Fernández, reveló que solo por parte del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) han presentado 109 denuncias de corrupción vinculadas a instituciones como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), la Secretaría de Salud, el Instituto Hondureño de Formación Profesional (Infop), entre otros y de estos solo 13 de han judicializado.

“Nosotros estamos seguros que todos los casos que hemos remitido ante el Ministerio Público deberían de estar judicializados, de hecho, hemos remitido hasta testigos. Existe una gran parsimonia, vamos a seguir evidenciando el trabajo del Ministerio Público y que sea el pueblo quien juzgue”, expresó Fernández.

Por su parte para el ex fiscal Orellana el Ministerio Público no funciona como tal en los niveles de eficiencia que se necesita porque los casos que se llevan a los tribunales son pocos frente a la enorme cantidad de denuncias de delitos cometidos “ese es un problema de mora, en darle construcción a las denuncias. Los casos que se presentan y que no han sido judicializados demuestra una gran deficiencia por parte del Ministerio Público”, explicó.

Las redes de corrupción y las estrategias para atar al Ministerio Público

Sumado a lo expuesto, en los últimos años las redes de corrupción han creado estrategias a través de las leyes para obstaculizar el trabajo del Ministerio Público.

El 24 de enero del año 2018, el Congreso Nacional aprobó, por mayoría de votos, la reforma a la Ley de Presupuesto de 2018 donde estipula que mientras exista una auditoría por parte del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no se podrá perseguir penal o administrativamente a los funcionarios públicos, diputados, organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, entre otros, lo que ha atado al Ministerio Público a investigar actos de corrupción.

De igual forma en el Congreso Nacional, el pasado 15 de octubre del año anterior, con 88 votos a favor, se aprobó una reforma a la Ley Orgánica del Congreso y la Ley Especial del Fondo Departamental en la cual se activa la inmunidad parlamentaria y establece que los miembros de ese poder del Estado no tendrán responsabilidad en materia penal, civil y administrativa por su función legislativa; También, el TSC es el responsable de investigar, en un plazo de tres años, los fondos públicos utilizados por los diputados.

Además, el jueves 21 de mayo de este año, a través de sesión virtual del Congreso Nacional, diputados aprobaron la reforma a los artículos 217, 219 y 220 del Código Procesal por lo que el Ministerio Público se pronunció sobre dichas reformas en torno a los artículos relacionados con el comiso y secuestro de documentos donde consideró la acción como un obstáculo para la lucha contra la corrupción.

“El Ministerio Público considera que este tipo de hechos no pueden seguir sucediendo dentro del Congreso Nacional porque sería abrir una puerta para que vía interpretación reformen cualquier ley y se eluda el control y balance de poderes que se está imponiendo a no escuchar el análisis de la Corte Suprema de Justicia”, cita parte del comunicado que hizo público esa institución.

Para el fiscal Santos los actos que se han realizado desde el Congreso son “actos generadores de impunidad” lo que imposibilita al Ministerio Público realizar investigaciones de corrupción de cinco años atrás.

“El artículo 217 otorgaba la potestad al MP de recolectar objetos y documentos relacionados con el delito, las personas que las tuvieran en su poder tenían la obligación de presentarlas y entregarlas al solo requerimiento; Con la ´interpretación´ ahora se requiere que previamente a solicitar orden judicial, se debe solicitar su entrega formal, escrita y motivada de dichos elementos con lo cual se elimina el elemento sorpresa tan eficaz en la investigación de los casos de alta corrupción…”, detalló.

En tal sentido Orellana manifestó que el Ministerio Público ha hecho todo lo que está a su alcance “aquí quien está actuando de forma arbitraria es el Poder Judicial. El Poder Judicial prácticamente está enredado en esas famosas redes de corrupción integrada por políticos, empresarios, religiosos, incluso algunas ONGS, en este contexto el Ministerio Público está atado”.

La inoperancia de los fiscales ante la defensa de los casos de corrupción

Raúl Suazo, abogado penalista, cuestionó el accionar de esta institución pues asegura que presentan acusaciones sin las pruebas necesarias por eso han quedado en libertad las personas vinculadas en actos de corrupción como “Caja Chica de la dama”, “Pandora”, entre otros.

“El Ministerio Público ha acusado mal, la obligación para acusar es demostrar los hechos ilícitos y no han podido demostrar eso. Hay malas acusaciones, tiene que haber una seriedad en cuanto de acusar a una persona ya que deben hacerse con las pruebas correspondientes”, dijo Suazo.

Por su parte Julissa Villanueva, ex directora de Medicina Forense, también criticó al Ministerio Público en su lucha contra la corrupción al catalogar su accionar como “inoperante e ineficaz”.

“La falta de institucionalidad, perdida del Estado de Derecho y el Ministerio Público actuando con tibieza, a merced se escuda en una inoperancia que es evidente. Los juristas saben de cómo debe actuar el Ministerio Público por eso lo han catalogado como inoperante e ineficaz”.

La justicia solo persigue a los de pies descalzos

El abogado Juan López, quien representa a los defensores del ambiente de la comunidad de Guapinol catalogó la justicia de ser “selectiva” mientras el Ministerio Público defiende intereses económicos y no los del pueblo.

“Estamos ante una justicia selectiva que muerde a los descalzos y protege a los que andan bien calzados, los calzados son los pandoros, los empresarios… Tenemos plena conciencia el contexto jurídico y político en el que estamos en el país. El Ministerio Público solo defiende el derecho corporativo empresarial en el caso Guapinol donde defiende la empresa Los Pinares por lo que dicho proceso está condicionado por la violencia y corrupción además de la persecución, criminalización y judicialización contra los defensores de la comunidad de Guapinol”, denunció.

De igual forma el abogado, Efraín Ramírez, aseguró que en Honduras se perdió el Estado de Derecho y que el Ministerio Público ha perdido su principio de objetividad convirtiéndose en una institución que solo responde a los intereses económicos y políticos.

“En Honduras se perdió el Estado de Derecho porque desde el momento en que alguien es imputado de forma maliciosa, de forma tendenciosa, sin hacer una investigación suficiente faltando el Ministerio Público al principio de objetividad que rige sus actuaciones ya estamos en un sistema arbitrario”.

“Para quién es útil el Ministerio Público, a quién le es rentable, claramente se ve que es útil a los intereses de una empresa privada y a los políticos de Honduras”, sentenció Ramírez.

Expertos señalan que para rescatar la institucionalidad la forma correcta es eligiendo mejores autoridades a cargos de elección popular comprometidos con los intereses del país, solo así se tendría los mejores magistrados, buenos presidentes y un mejor Fiscal General que combata la corrupción así como un Ministerio Público que persiga el delito y no que lo promueva.

Por: Asael Barahona.

Acerca de El Pulso

Propósito: Somos un equipo de investigación periodística, que nace por la necesidad de generar un espacio que impulse la opinión sobre los temas torales de la política, economía y la cultura hondureña. Estamos comprometidos con el derecho que la gente tiene de estar verdaderamente informada.

Derechos Reservados 2019