La abogada Ana Pineda y el secretario del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Mario Urquía, se pronunciaron sobre la situación “justicia” que atraviesa el país donde ambos aseguran que existe una estructura de impunidad promovida desde el propio Estado.
Pineda manifestó que el país vive el peor momento en la impartición de justicia a causa de la poca persecución penal del Ministerio Público contra las redes de corrupción que se han apoderado de la institucionalidad.
“Honduras no vive su mejor momento en la administración de justicia, hemos visto como el Ministerio Público ha caído en inactividad y eso no es casual, eso forma parte del entramado de corrupción que está presente en las diferentes estructuras del poder público. el Estado mismo, es el instrumento para perpetuar este acto en detrimento de la población”.
También señaló que “hay una justicia selectiva en donde la respuesta que se va a obtener en un determinado caso no produce la sensación que es aquella que corresponde a lo que dice el derecho, a lo que demuestran los hechos, lo que hemos visto en los últimos tiempos es una justicia selectiva”.
Para Pineda, el Ministerio Publico hace el intento de sustentar los casos contra los involucrados en actos de corrupción, pero “el Poder Judicial se va a afanar, pese a que haya pruebas que demuestre que se ha cometido un determinado hecho, para que estas personas seas excarceladas”, agregó.
De igual manera atribuyó que la falta de justicia se debe a la mala escogencia de los magistrados y magistradas de las Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios que dirigen el Ministerio Público en consecuencia “estos sienten un compromiso con quienes los eligieron”.
Por su parte, Mario Urquía, afirmó que el país está gobernado por una estructura criminal que aprobó la entrada en vigencia de la nueva normativa penal para blindarse de cara al futuro por lo que cuestionó que la población al final solo se lamenta.
“Tenemos que tener claro que hace meses atrás ha entrado en vigencia una legislación penal precisamente para garantizar la impunidad de quienes han venido de manera sistemática saqueando los recursos públicos. Es evidente que en el país existe una estructura de carácter criminal que usurpa el poder y ha decidido no dejar al azar su suerte, se ha garantizado con una legislación penal que les beneficia para sus actuaciones y eso es lo que vamos a seguir viendo, personas señaladas en actos terribles de corrupción”.
“Es necesario poner fin a tanta corrupción campante que con solo lamentarlo no vamos a cambiar nada”, concluyó.
