El Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad), presentó los resultados de la encuesta de percepción sobre el Covid-19, la corrupción y la gestión pública en tiempos de la pandemia donde la mayoría asegura que la corrupción se ha acrecentado y la Presidencia de la República encabeza el listado de instituciones peor calificadas.
Según los hallazgos de la encuesta, la percepción de la corrupción no solo sigue siendo elevada, sino que se considera que ha incrementado durante este período de pandemia, afectando a todas las instancias y entidades gubernamentales, principalmente de la Presidencia del Ejecutivo.
El 75 por ciento de los encuestados señalan que la corrupción ha aumentado, un 15 por ciento se mantiene igual y solo un cinco por ciento asegura que disminuyó. El resto no respondió.
Esa percepción que tiene la ciudadanía sobre el nivel de corrupción en el país, se traslada a su institucionalidad, con un hallazgo importante donde la presidencia de la República aparece como la entidad que la población juzga más por corrupción y en esa valoración es secundada por los otros dos poderes del Estado, Congreso Nacional y Corte Suprema de Justicia.
El Poder Ejecutivo encabeza las entidades que el juicio ciudadano ubica como más corruptos, con 86%. Y muy de cerca le siguen los otros dos poderes, el Legislativo con 85% y el Judicial, con 84%. Desde luego, INVEST-H, el gran señalado de la corrupción durante la pandemia, aparece en las primeras filas, pero después de estos tres mencionados.
De forma amplia, la ciudadanía percibe que el gobierno ha actuado de manera improvisada durante el período de pandemia. Un contundente 66 por ciento de los encuestados cree que el gobierno no tiene norte, pues carece de plan. De ese porcentaje, el 55 por ciento cree que no se ha contado con ningún plan, mientras un 11 por ciento adicional cree que sí hubo plan, pero que no hubo cumplimiento del mismo. Solo un cuatro por ciento opina que se cuenta con un plan bien estructurado que se cumple a cabalidad. Un restante 17 por ciento dice que sí hay plan, pero se cumple a medias.
No hay ninguna instancia de gobierno que se escape al juicio crítico de las y los ciudadanos, y se extiende a la baja confianza hacia los organismos oficiales encargados del combate de la corrupción.
En esa perspectiva, hay una fuerte demanda ciudadana por cambiar el rumbo de la gestión pública, dejar que nuevos actores asuman la dirección estratégica de la lucha contra la pandemia e introducir reformas urgentes al Sistema Nacional de Salud.
La puesta en vigencia del Nuevo Código Penal, la anulación del juicio a la ex primera dama Rosa de Lobo y el sobreseimiento a los implicados en los casos Pandora y Arca Abierta son nuevos datos de contexto del llamado “pacto de impunidad” por lo que en la encuesta se consultó si se está de acuerdo con la entrada en vigencia del código penal en este preciso momento, y la mayoría de respuestas, el 50 por ciento expresa su desacuerdo, ya sea con “algo en desacuerdo” un 11 por ciento o “totalmente en desacuerdo un 39 por ciento. En el lado contrario, el 11 por ciento se expresa de acuerdo, cuatro por ciento “totalmente de acuerdo” y siete por ciento “algo de acuerdo”.
Por otro lado, la ciudadanía, en su mayoría, está altamente preocupada por la pandemia del Covid-19 y sus impactos en la salud y la economía del hogar. Aunque sienten los duros efectos de la crisis en sus bolsillos debido a que más del 60 por ciento empeoró su situación económica con la pandemia, el mismo porcentaje de la ciudadanía es partidaria de mantener el confinamiento o abrirlo con la suficiente prudencia y cuidados.
