El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, atrasó el pago del salario del mes de septiembre a más 3.000 empleados del Congreso, a los parlamentarios y sus asesores para presionar al parlamento a que aprobará más deuda.
El conflicto entre el ejecutivo y el legislativo en el país centroamericano puso en una especie de fuego cruzado, tanto a los empleados del Congreso y a los alcaldes, que en su mayoría son miembros de los partidos representados en el Congreso.
La Comisionada Carolina Recinos, jefa de Operaciones del gabinete de gobierno del presidente Bukele, dijo que la situación se ha generado debido al mal desempeño de la economía a causa de la crisis sanitaria.
El presidente del Congreso Mario Ponce, calificó la decisión como un «capricho».
«Autoridades que de alguna manera bajo caprichos políticos atentan contra la institucionalidad”, dijo el parlamentario.
No obstante, Recinos señaló: “Aquí no cabe la palabra capricho, aquí no cabe la palabra enfrentamiento, sino realidades, uno no puede asegurar lo que no le consta, los ingresos del gobierno, igual que todos los países del mundo tienen que ser dedicadamente orientados”.
El gobierno se comprometió a pagar desde este miércoles el salario a los empleados del parlamento y a los diputados.
No obstante, adeuda el 10 por ciento de los ingresos corrientes a los alcaldes, quienes han manifestado su descontento.
El alcalde Ilopango, Adán Perdomo, dijo que «hay alcaldías municipales que van a tener que cerrar y no porque ellos quieran sino porque, en primer lugar el funcionamiento como yo te decía que es el FODES (fondo de desarrollo social es un aporte del gobierno para los municipios) 25 por ciento».
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, anunció el jueves pasado una investigación al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, por no hacer los pagos recientes de salarios en el Congreso, una medida rápidamente que condenó el presidente salvadoreño.
Por su parte, un grupo de alcaldes y empleados municipales protestaron contra el gobierno a finales de septiembre por el retraso en el pago de salarios y la entrega de fondos para proyectos de los municipios.
