Aunque la falta de empleo ha sido una de las principales razones por la cual hondureños deciden migrar, un nuevo estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) revela la vinculación que existe entre las políticas migratorias, la violencia de las pandillas y los problemas estructurales socioeconómicos que inciden en las vidas de las personas deportadas.
En los últimos años Honduras ha recibido deportaciones masivas, desde el 2015 hasta la fecha más de 300,000 personas han sido retornadas al mismo tiempo que varias zonas se han convertido en los lugares más violentos, según el Flacso.
El nuevo artículo llamado “Deportaciones, Inseguridad y la migración circular en Honduras” presentado por Amelia Frank-Vitale y Sandra Ivett Amador Mazariegos recogen el testimonio de Ricardo, un jóven de muchos que huyen de las pandillas, no tienen trabajo ni han tenido estudios. Ricardo, al igual que muchos jóvenes, se van del país porque son amenazados.
“Para muchos como Ricardo, la violencia es la causa directa de su salida del país; sin embargo, la violencia es también un efecto de la desigualdad social en el país más desigual de América Latina. Honduras y la América Central han sido históricamente catalogadas como regiones muy pobres con indicadores de desarrollo humano muy bajos”, reza el informe.
Según las últimas reflexiones, la violencia pandilleril ha sido uno de los resultados de un complejo sistema que expulsa a las personas de sus lugares. Tras su deportación, no existe posibilidad de reiserción porque encuentran que los factores estructurales no han cambiado.
Otro de los hallazgos es que no hay una compilación de casos de las personas que han sido asesinadas tras su deportación. En el 2015, la investigadora Elizabeth Kennedy realizó una compilación de casos basados en reportes de la prensa local encontrando que 35 personas deportadas fueron asesinadas días después de su regreso a Honduras
“Es importante mencionar que no existen datos oficiales con respecto a personas deportadas que hayan muerto de manera violenta a su llegada al país”, agregando que tampoco el Observatorio de la Violencia, uno de los referentes estadísticos, no tiene una clasificación para agrupar los asesinatos de personas deportadas.
Por otro lado, el gobierno de Honduras no ha permitido el acceso a agentes no-gubernamentales desde el 2017 luego de que se diera a conocer un informe sobre las principales razones por las cuales van los jóvenes, señalan en su investigación Frank-Vitale y Amador.
“Ellos afirman que los jóvenes se van principalmente por cuestiones de inseguridad; sin embargo, el gobierno de Honduras ha estado celebrando una reducción drástica en las cifras de homicidios en el país y el presidente Juan Orlando Hernández ha basado su fama en su habilidad de reducir la violencia”, manifiestan en el informe publicado por Flacso.
En ese mismo año, el gobierno de Honduras «recibe los fondos de la Alianza para la Prosperidad. Son 800 millones de dólares anuales que recibe el gobierno por el tema de «prevención de la migración», lo cual es un eje principal de la Alianza y un tema estratégico para Estados Unidos».
«Hay muy poca información pública que nos indica en qué se ha invertido esta cantidad de dinero, pero podemos ver que una parte es para publicidad en campañas para convencer a la población de no migrar (las cuales son totalmente inútiles) y reforzar fuerzas policiaco-militares siguiendo la línea de los Estados Unidos, que ve a la migración como un tema de seguridad», es una de las conclusiones.
De acuerdo con las investigadoras, el gobierno tiene un control de la información pública lo cual «permite reafirmar un cambio drástico en la situación de inseguridad en el país», sin embargo, para los jóvenes hondureños esto se les complica al solicitar protección o asilo en el exterior.
Dos testimonios revelaron que realizaron esta petición «pero como el gobierno hondureño está asegurando que el país está mucho mejor, no encontraba la manera de aprobar su petición», puntualiza el informe.
