El reinado de la corrupción e impunidad en medio de la pandemia Covid-19

En medio de la pandemia del Covid-19 la justicia hondureña ha dejado en libertad a varios implicados en monumentales casos de corrupción y también ha sido una excusa perfecta para que otros se aprovechen cometiendo actos de corrupción que hasta el momento se mantienen en impunidad. Antes de la pandemia y como una jugada estratégica, en enero de este año, las redes de corrupción que dominan el país decidieron expulsar a la Misión de Apoyo...
Redaccion 2agosto 5, 2020

En medio de la pandemia del Covid-19 la justicia hondureña ha dejado en libertad a varios implicados en monumentales casos de corrupción y también ha sido una excusa perfecta para que otros se aprovechen cometiendo actos de corrupción que hasta el momento se mantienen en impunidad.

Antes de la pandemia y como una jugada estratégica, en enero de este año, las redes de corrupción que dominan el país decidieron expulsar a la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) que había emprendido una lucha férrea contra los corruptos.

La MACCIH surgió en respuesta a una serie de protestas motivadas por el escándalo del monumental latrocinio al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). Su desempeño llevó al procesamiento de 113 personas ​incluida la ex Primera Dama Rosa Elena Bonilla de Lobo y los implicados en el caso “Pandora” y “Arca abierta”.

El Gobierno de Hernández, a través de un comunicado, anunciaba el 17 de enero que la misión no continuaría en Honduras “no alcanzamos los consensos para la firma de un nuevo convenio” detallaba.

“Como Poder Ejecutivo yo no puedo con una simple firma comprometer la opinión de otro poder del Estado, llámese Corte Suprema de Justicia, Congreso Nacional y Procuraduría General de la República (PGR), o una institución independiente como el Ministerio Público” fueron las declaraciones de Hernández.

El tiro de gracias se concluyó el 24 de enero de este año cuando se sustituyó la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción UFECIC por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO).

Desde la salida de la MACCIH la corrupción e impunidad siguen imperando en el país, el 13 de marzo, tres días antes de declarar Emergencia Nacional por la pandemia del Covid-19, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaraba nulo el juicio contra la ex primera dama, Rosa Elena Bonilla, para el 23 de julio y por unanimidad de votos el Tribunal de Sentencia en materia de Corrupción revocó las medidas de prisión preventiva y esta quedó en libertad.

Cabe señalar que el juicio oral y público por los delitos que le imputan a la ex primera dama se deberá repetir pero esta vez con el nuevo Código Penal catalogado como el “Código de la Impunidad” que podría dejar en libertad a Bonilla aun si volviera a ser declarada culpable.

El día de ayer cuatro de agosto, la Corte de Apelación de la CSJ a través de un tribunal especial, dictó sobreseimiento definitivo a favor de al menos 22 implicados en el caso de corrupción denominado “Pandora” dejando solo a cuatro de los imputados con la medida de prisión preventiva.

El 13 de junio de 2018 UFECIC, en conjunto con la MACCIH, presentó el caso “Pandora” que involucra a más de 38 funcionarios, entre ellos varios diputados, que habrían malversado fondos por 282 millones 116 mil 175 lempiras de las arcas de la SAG.

La denuncia establecía que fondos públicos destinados a programas agropecuarios, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, también que estaban destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá, Colón Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas políticas de tres partidos políticos en 2013 y gastos personales.

De igual forma parte de estos fondos se usaron para financiar la “Tarjeta Cachureca”, entrega de fondos a coordinadores del Partido Nacional; Todos estos recursos se entregaron el 24 de noviembre de 2013, el día de los comicios generales.

El 11 de diciembre la MACCIH presentó el octavo caso de corrupción denominado “Arca Abierta” que involucraba cinco actuales diputados, seis exdiputados y otros funcionarios señalados por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública.

Según la denuncia se establecía que los 21 acusados depositaron 21.1 millones de lempiras en una cuenta bancaria a nombre de la Organización No Gubernamental “Asociación Planeta Verde”, los fondos se trasladaron a las cuentas de diputados propietarios y suplentes, al igual que sus familiares y terceras personas.

De acuerdo a los propios defensores legales de los implicados en este caso, en los próximos días, se correría con la misma suerte que los inculpados en el caso “Pandora”, o sea que la CSJ dictará sobreseimiento definitivo dejándolos en libertad.

Para ex fiscal de la República, Edmundo Orellana, la red de corrupción controla todas las instituciones del Estado emitiendo sentencias y leyes que los protejan.

“Hay una red de corrupción que puso al descubierto la MACCCIH y UFECIC una red que tiene atrapado el Estado, lograron por un lado expulsar a la MACCIH y aniquilar la UFECIC. Han emitido sentencia por un lado y leyes por otro para protegerse, las últimas leyes fueron las que dictaron para que el Ministerio Público no pudiese conocer los actos de corrupción que hubieren ocurrido antes de la vigencia de la ley trasfiriendo al TSC para ser auditados y eso es un caso de blindaje el otro es el Código Penal”.

Por su parte el director del Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, expresó que la justicia del país “ni siquiera” existe para estas redes de corrupción

“Las redes criminales que han capturado el Estado siguen de fiesta, absoluta impunidad. Hoy ha sido Pandora. El sistema de justicia no opera, ni siquiera existe, para estas redes de corrupción”.

De igual manera, el abogado Joaquín Mejía Rivera, aseveró que la justicia del país es selectiva e influenciada por poderes políticos y económicos que actúa tardíamente en perseguir narcotraficantes, violadores de Derechos Humanos y sobretodo corruptos.

“Nunca hemos tenido un sistema judicial que se entienda y que actúe como tal, sino un SERVICIO JUDICIAL influenciado por poderes fácticos que operan entremezclados y, por ende, al servicio de los sectores económicos, políticos y religiosos más reaccionarios del país. En el país existe una JUSTICIA SELECTIVA que actúa de manera tardía cuando se trata de perseguir a violadores de Derechos Humanos, a narcos y a corruptos, y actúa de otra manera cuando se trata de proteger los intereses de quienes están vinculados con el poder político y económico”.

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