El abogado penalista, Rasel Tomé, en el programa Cuarto Poder, analizó las debilidades del sistema de justicia hondureño señalando que este se encuentra controlado bajo una estructura de poder que impide que se combata la corrupción en el país.
Para tomé la estructura de justicia del país maniobra contra el pueblo hondureño y favorece a grupos de poder mostrando que la corrupción sigue siendo “un cáncer” que tiene sometido la institucionalidad.
La corrupción sigue siendo un cáncer mortal. Toda la estructura conspira contra el pueblo hondureño para favorecer a los corruptos y lo vemos en medio de esta pandemia donde hoy se ve reflejado que en los últimos gobiernos descuidaron el sistema de salud pública y hoy el régimen aprovecha en dilapidar los recursos sin ver que se actúe contra ellos”.
De la misma forma Tomé señaló que desde el Fiscal General hasta los propios magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido nombrados directamente por el gobernante Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional controlando el sistema de justicia.
“La estructura ha tenido controlado el sistema de justicia iniciando desde el nombramiento de los magistrados de la Corte que ahora están pagando los favores por los cuales llegaron, segundo el nombramiento del Fiscal General nombrado directamente por Juan Orlando y el Partido Nacional, esta situación refleja que el fiscal se encuentra amarrado”, expresó.
Según Tomé en Honduras existe un monopolio donde solo el fiscal puede presentar acusaciones penales limitando el combate a la corrupción, mientras se ve como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presenta denuncias pero estas prácticamente se engavetan.
“Al fiscal lo pone una cúpula política que le dicen lo que tiene que hacer, no hay independencia y eso es lo que impide que organizaciones como CNA puedan presentar un requerimiento, Esto no debería de continuar así, que debe de existir apertura para que en casos de corrupción no quede en el monopolio de la acción penal que se la dejan al Fiscal General”.
También reprochó que las leyes actuales son favorables a la corrupción como lo es el nuevo Código Penal asegurando que “va a propiciar más corrupción” en lugar de enviar un mensaje de combate a la corrupción, “dejaron un código que viene a rebajar las penas. Honduras necesita legislación fuerte en contra de los actos de corrupción”.
En conclusión, el abogado señaló que se debe construir ciudadanía consiente que combata la corrupción, crear una legislación adecuada que promueva reformas al sistema procesal penal para que organizaciones de sociedad civil puedan presentar requerimientos.
Asimismo reiteró que se debe crear mecanismos trasparentes que generen cambios en el nombramiento de magistrados a la Corte y del Fiscal General para que respondan únicamente a los intereses de la población hondureña y cuando estos funcionarios no respondan que puedan ser removidos del cargo.
