El analista Raúl Pineda, en el programa Cuarto Poder, analizó la problemática generada por la compra de los hospitales móviles de parte de Inversiones Estratégicas (Invest-H) y el papel temeroso del Ministerio Público (MP) para procesar legalmente a los vinculados en actos de corrupción en medio de la pandemia del Covid-19.
Pineda señaló que es evidente que la compra de dichos hospitales se realizó de manera ilegal, sin cumplir los requerimientos que manda la ley, sumado a esto, se dice que los expertos que debían instalarlos no podrán hacerlo.
“La compra de una infraestructura para ser instalada que va a funcionar supuestamente a fines del mes de agosto esto no se acomoda en el perfil de emergencia. Se violentó la normativa, se procedió a una compra rápida, fulminante, pagando el 100 por ciento del valor de los hospitales sin tomar en cuenta la junta directiva de Invest-H”.
“Primero que los hospitales vienen casi dos meses después de la fecha que se había pactado y ahora se dice que los diez técnicos que iban a venir de Turquía a realizar la instalación ya no vine, agregue a eso la sobrevaloración en cada uno de estos” agregó.
Pineda señaló que todo apunta a una transacción maliciosa desde la forma en que se hizo el pago, hasta la celeridad en que se hizo la transacción donde no un tema que solo una persona participó “aquí participó gente de poder”, afirmó.
Para el analista lo más probable es que si hay incumplimiento por el obligado el Estado hondureño se va a quedar con la perdida y el pueblo lo que espera son los hospitales y no una demanda internacional contra una empresa que muchos afirman es de fachada.
“Yo me pregunto sobre qué van a hacer efectivas las demandas contra esta empresa, los juicios solo generan gastos y problemas, el hondureño no pagó por juicios, sino no por hospitales. En este tipo de delitos lo que se hace es seguir el dinero, por eso se dice a donde está el dinero”.
De igual manera, Pineda cuestionó el accionar del MP por tener una actitud permisiva frente a la revisión de los hospitales móviles que se encuentran en Puerto Cortés y donde la Empresa Nacional Portuaria (ENP) ha impedido que se realicen las inspecciones a las instalaciones y equipo adquirido.
“El MP tiene la facultad legal de allanar las instalaciones de la ENP porque es una empresa del Estado; Ante la negativa de un gerente de no dejarlos examinar un contenedor, se quedan diciendo que van a impedir la salida de los furgones; No, la ley le da la facultad y la autoridad para entrar y hacer su trabajo porque estamos hablando de una acción de corte penal que esta privilegiada de cualquier acción administrativa”.
“El MP solo tiene que hacer dos cosas, primero establecer si hay indicios de la comisión de un delito y establecer un responsable. El MP sabe que tiene los recursos y el respaldo legal para entrar a cualquier institución del Estado para recoger evidencia. Lo que se espera es que la fiscalía haga su trabajo y que no haga lo que hace otras veces que meten los requerimientos pero disparando de la cintura para bajo y que con facilidad los corruptos se van a su casa”, reprochó.
Como conclusión Pineda expresó que “mientras estemos en una sociedad que no reclama sus derechos, que es tolerante a los actos de corrupción, entonces el país no tiene futuro y por eso vemos gente en las calles pidiendo comida, el incremento de la violencia, gente sin trabajo, tomas de carreteras”.
Para Pineda la sociedad hondureña se ha vuelto apática, que no protesta, que no reclama, lo que permite que “el grupo que domina siga convencido que puede hacer lo que le dé la gana en el país y no pasa nada”.
