Por Gilberto Ríos Munguía (•)
El escándanlo en la compra de los hospitales móviles se encuentra en el centro del debate de la opinión pública nacional. 48 Millones de dólares (aprox. mil doscientos millones de Lempiras) ejecutados a partir de la aprobación de los fondos de emergencia para combatir el COVID-19 en el país, facilitaron a que el ex director de INVEST-H Marcos Bográn, procediera con mecanismos antojadizos y poco verificables, a la adquisición de siete (7) hospitales móviles supuestamente en empresas que encontró en internet y con sede en Turquía.
Durante semanas se han expuesto investigaciones sobre la compra que hasta el día viernes 10 de julio, luego de meses de espera, logró el arribo de primeros dos (2) de los siete (7) hospitales móviles adquiridos de la empresa internacional. Curiosamente organizaciones que han sido insignes en el acompañamiento al régimen y a la gran mayoría de actos de corrupción por parte del gobernante de facto de Juan O. Hernández, han presentado sus denuncias y han publicado sendos informes que demuestran irregularidades en las compras de insumos médicos y otras contrataciones inherentes a los presupuestos aprobados para combatir el COVID-19 y ejecutados por INVEST-H bajo la dirección de Bográn.
Tanto INVEST-H como organizaciones de la llamada “Sociedad Civil” que ahora salen a la denuncia por las irregularidades en las adquisiciones, son cercanas, tuteladas o controladas también por la embajada norteamericana en Tegucigalpa. INVEST-H funciona como un súper ministerio que comenzó como el administrador de fondos norteamericanos de la llamada “cuenta del milenio” y posteriormente como el organismo que a través de múltiples fideicomisos, manejan los fondos estatales para varios presupuestos de inversión social y de infraestructura del Estado. La banca privada tiene una participación directa en el control de estos recursos y curiosamente –salvo el famoso programa del Perro Amarillo, que dirige Milton Benítez y un equipo de investigación- nadie ha hecho mención de la gran responsabilidad de estos grupos financieros y también de otras irregularidades de las que esas instituciones han formado parte en medio de la pandemia.
No es el único gran acto de corrupción o compra irregular realizada desde el inicio de la crisis sanitaria, pero curiosamente sí es la que ha tomado un gran espacio en la cobertura mediática y el día viernes pasado, hasta logró la milagrosa activación del Ministerio Público que se desplazó a la Ciudad de Puerto Cortés, para hacer una revisión in situ de los contenedores que traen las primeras partes de los controversiales centros de atención médica móviles. Hace pocas horas ha circulado también en los medios de comunicación corporativos, que “otras autoridades” han negado al Ministerio Público la posibilidad de revisar el cargamento. ¿Sería esta una manifestación de contradicciones entre poderes fácticos atrás de las instituciones? Podría ser una especulación, pero ¿Qué puede detener la gestión de estas pesquisas si el Ministerio Público es la principal institución de fiscalización gubernamental de Estado de Honduras?
Una teoría en la que se podría indagar como origen del conflicto público en la compra irregular de los hospitales móviles, podría ser la relación tirante que existe entre sectores del gobierno norteamericano y el gobierno del Presidente Erdogán de Turquía; no es para menos, la administración de Obama, bajo la rectoría del Departamento de Estado de la agresiva y guerrerista Hillary Clinton, intentó en su momento un movimiento militar al interno de las fuerzas turcas para consumar un golpe de Estado; el gobierno de Trump bajo otra lógica en la guerra internacional, marcada por las sanciones y agresiones de tipo comercial contra sus enemigos, ha estabilizado relativamente esa relación, pero no necesariamente al grado de permitir que una de sus colonias, haga compras irregulares con los enemigos con los que aún mantiene importantes tenciones.
En todo caso la cuestión más destacada de este nuevo escándalo de corrupción y malos manejos de los fondos de la pandemia, es ¿Por qué el juzgamiento público de Marcos Bográn y no del titular del ejecutivo Juan O. Hernández? ¿Acaso el haberse internado en el hospital militar por su supuesto contagio de COVID-19 no fue una estrategia más para dar paso al linchamiento público de Bográn? ¿Es Bográn el nuevo Mario Zelaya con el que se ocultó mediáticamente a todas la estructura del Partido Nacional que llevaron a cabo el saqueo de más de 325 millones de dólares del Seguro Social? Y, finalmente ¿Por qué los principales representantes del Colegio Médico de Honduras siguen denunciando contagios de sus agremiados y demás personal de salud por falta de insumos médicos y esto no se ha convertido en el centro de la atención de los medios corporativos?
La pandemia está cobrando ya cerca de 40 muertes diarias y epidemiólogos expertos en el cálculo de propagación, anuncian que aún no estamos cerca de detener la curva de ascenso, lejos de llegar al llamado “pico de contagios” del que posteriormente llega la disminución de los fallecimientos y la estabilización de la crisis. Todos estos actos de corrupción en medio de la tragedia que principalmente viven los trabajadores /as que no pueden quedarse en casa para protegerse, se traducen ahora en muerte, por lo que afirma la opinión de mayorías en redes sociales y en el vox pópuli, es necesario que estos actos ya no solo deben ser considerados como robos al pueblo, sino también como asesinatos masivos a sangre fría.
(•)Dirigente del Partido Libertad y Refundación, Libre.
