Criminalización y persecución en la zona sur por rechazo a proyectos extractivitas

Roxana Vásquez, directora de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA, expuso la situación de violencia, persecución y criminalización contra organizaciones que se oponen a proyectos extractivitas en la zona sur del país. Para la también defensora de Derechos Humanos las luchas contra poderosos y conocidos terratenientes ha desembocado en persecución y judialización de pobladores que se han opuesto y enfrentado por la defensa de sus territorios. “En la defensa...
Redaccion 2julio 1, 2020

Roxana Vásquez, directora de la Asociación para el desarrollo de la Península de Zacate Grande ADEPZA, expuso la situación de violencia, persecución y criminalización contra organizaciones que se oponen a proyectos extractivitas en la zona sur del país.

Para la también defensora de Derechos Humanos las luchas contra poderosos y conocidos terratenientes ha desembocado en persecución y judialización de pobladores que se han opuesto y enfrentado por la defensa de sus territorios.

“En la defensa del territorio, hay una lucha con varios terratenientes, entre ellos Miguel Facussé, que por esa situación ha habido muchos desalojos, criminalización, persecución y hasta asesinatos. Actualmente hay 15 personas judicializadas por el delito de usurpación de tierra” explicó.

También detalló que en varias comunidades de la zona sur se han instalado proyectos de energía a base de paneles solares incrementando los problemas de salud en las personas e incluso en los animales a causa de aumento de las temperaturas.

“Hace varios años se ha iniciado con proyectos de energía, supuestamente limpia, de plantas fotovoltaicas con paneles solares a las que varias comunidades se han opuesto ya que con la implementación de este proyecto ha aumentado muchísimo el calor; Hay una gran cantidad de aves que mueren porque el aire se calienta más y las personas denuncian que afecta su salud aparte de la gran cantidad de tierra utilizada para la instalación de esos proyectos”.

Otro problema adherido es la minería como en los municipios de El Triunfo y El Corpus donde muchas organizaciones se han opuesto a la minera Cielo Abierto que han provocado la contaminación de recursos hídricos de las comunidades. “Hay personas que están a favor porque reciben sueldos de ellos” dijo Vásquez.

“En la zona de El Corpus se supone que es minería artesanal, pero hay una empresa que le pagan a las personas de las comunidades para que se metan a las cuevas para sacar el oro, esto por el testimonio de unas personas. Es una zona donde hay mucho tráfico de drogas y según testimonio a los mineros se les da droga para que puedan soportar estar en las cuevas y que por eso ha habido varios incidentes. Es una información que debe ser investigada, pero es muy difícil porque no permiten acceder a esa zona ya que es riesgoso” reveló.

Según Vásquez, todo el tema de las resistencias de las comunidades ha generado criminalización, persecución contra líderes y lideresas, desalojos en todas las zonas y con los grupos que se organizaron en Choluteca contra el fraude electoral y luego en la lucha de la Plataforma de Salud y Educación organizados en el Bastión del Sur ha producido persecución y fuertes represiones.

“Resultado de todo esto es la militarización. Han puestos en las comunidades apostaderos militares para frenar la lucha que hay contra todos estos proyectos” concluyó.

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