Varios centros penales en Honduras han sido afectados por el SARS-CoV-2 o Covid-19 donde ya se confirman varios contagios sumado a eso las condiciones precarias y los hechos de violencia al interior de los mismos mantienen preocupados a familiares y defensores de privados de libertad.
En Honduras la población penitencia supera los 22,700 reclusos de los cuales 2,400 padecen de enfermedades crónicas y más de 600 presentan problemas mentales.
La Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán, supera los más de siete mil privados de libertad, hasta este momento el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha confirmado 171 contagios a lo interno de este centro penal.
Aunque no se ha confirmado ninguna muerte a causa del Covid-19, en la última semana se registraron tres decesos por lo que la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar, aclaró que se debe a otras circunstancias.
Aguilar indicó que la primera muerte el cuatro de junio fue a consecuencia de hipertensión arterial, la segunda por problemas respiratorios donde murió a causa de un paro cardiaco y la tercera muerte un privado de libertad con problemas de asma.
“Se ha iniciado un censo sanitario con la finalidad de diagnosticar o detectar casos de dengue, tuberculosis, VIH, así como de Covid-19 para dar tranquilidad a los familiares de los privados de libertad quienes han mostrado preocupación por el estado de salud de sus parientes” detalló Aguilar.
Oficialmente solo se ha confirmado la muerte a causa del nuevo coronavirus de un recluso de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara conocida como “el Pozo”, la víctima era un hombre de 52 años de edad quien ocho días después de haber fallecido el pasado 20 abril se confirmó que era portador del virus.
También en la prisión de “Siria” en El Porvenir, Francisco Morazán, se ha confirmado un caso positivo de coronavirus y seis se encuentran en aislamiento, del mismo modo, dos agentes penitenciaros de ese centro se contagiaron con la enfermedad.
En la cárcel de Olanchito, Yoro ya se confirma un privado de libertad con Covid-19 y un agente penitenciario.
Delma Ordóñez, presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad, denunció que son al menos 1,600 reclusos los que presentan síntomas similares a los del coronavirus y que ha recibido llamadas desde los centros penales para que les ayuden.
“Estamos esperando varios familiares y he recibido llamadas donde los privados de libertad están sin respiración, no sienten el paladar, no sienten olor y las calenturas son fuertes», dijo.
La violencia impera en Penitenciaría de Mujeres
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, informaron que, el pasado sábado 23 de mayo, a las 11 de noche, al interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (CEFAS), se registró una reyerta que dejó como saldo fatal seis privadas de libertad sin vida.
A través de un comunicado, las autoridades penitenciarias explicaron que una privada de libertad provocó un incendio y otro grupo de reclusas aprovecharon el momento para asesinar con arma blanca a seis de sus compañeras dejando heridas a dos más.
Las seis reclusas que fueron asesinadas se encontraban en aislamiento para confirmar, o no, si eran portadoras de Covid-19, se inició una investigación por parte del Ministerio Público para deducir la responsabilidad a quienes ejecutaron el asesinato, pero hasta este día no hay ningún avance.
Pasados 18 días, este mismo centro penitenciario reportó otra muerte violenta, las autoridades informaron que a eso de las 4:45 pm del diez de junio las internas simpatizantes de la pandilla 18, abrieron el portón del hogar en que conviven y sacaron el cuerpo de la víctima envuelto en una sábana.
“De inmediato se alertó e informó a las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Ministerio Público y Medicina Forense para realizar el procedimiento correspondiente por Ley; Diligencias investigativas para determinar la identidad y causa del fallecimiento, levantamiento cadavérico, así como las autoras materiales e intelectuales para deducir las responsabilidades, de igual manera se instruyó al Inspector General del INP para que en coordinación con la Comisión Interventora se realicen la diligencias investigativas del caso” detalla parte del comunicado.
Para Hugo Maldonado, el Comité de Derechos Humanos (CODEH), manifestó que las autoridades no han sido capaces de tomar el control en los centros penitenciarios y a la denunció que “la situación que están pasando los privados de libertad en este momento deja mucho que desear. Las autoridades han sido incapaces de resolver los problemas a lo interno de los centros penales, esto nos indica el poco control de seguridad y la zozobra que están viviendo los reclusos”.
Por: CABP
