En pocos días entrará en vigencia el nuevo Código Penal que ha sido rechazado por varios sectores de la sociedad debido a que no fue concensuado, no tiene un criterio científico y reduce las penas de algunos delitos.
«Nunca escuchó a las mujeres, ni todos lo que hemos venido denunciando, ni escuchó al Colegio de Periodistas, ni al CNA ni a las voces que han planteado la necesidad de que el código no entre en vigencia», dijo el ex-diputado y abogado Rasel Tomé en el programa Cuarto Poder.
No obstante, el abogado penalista Rene Altamirano, considera que el problema no está en el Código Penal, es el Ministerio Público que no hace su trabajo donde se engavetan las investigaciones y allí radica la impunidad.
«El problema del Ministerio Público es que esta demasiado politizado para que un fiscal presente una acusación contra alguien que tiene poder o protección. Se hace la investigación, el fiscal lo prepara y tiene que pasar por un filtro del coordinador fiscal, fiscales adjuntos. Allí es donde se han quedado un montón de acusaciones», dijo Altamirano
También destacaron que de nada sirve subirle a las penas si el Ministerio Público no es independiente y no cuenta con los recursos necesarios para poder llevar a cabo procesos de investigación.
«Puede ponerle 40 o 50 año pero el tema de la impunidad y la lucha contra la corrupción debemos hacer que el Ministerio Público sea independiente y profesional que tenga una herramienta propia de investigadores técnicos y científicos. No tienen laboratorios científicos para que trabajen en la preparación de la escena del crimen que es algo tan básico», continuó Altamirano.
Otra de los cuestionamientos es qué pasaría con los privados de libertad que están encarcelados ya que el nuevo Código Penal es retroactivo, es decir, favorece al reo.
«Todos los que tienen escrito para pedir la retroactividad están esperando a que quede vigente, todos los que están procesados van a pedir retroactividad que los favorece», agregó Tomé.
La falta de un estudio genera dudas si el nuevo Código Penal fue elaborado de manera crítica y científica, tomando en consideración a los privados de libertad que necesitan ser rehabilitados para ser insertados en la sociedad y no reincidentes.
Altamirano manifiesta que el código penal no se centra en resolver los problemas sociales «la criminalidad tiene componentes sociales que tienen que ver con las condiciones en que viven la población».
«Cuando hablamos de penas estamos hablando que la sufren seres humanos, el propósito es la rehabilitación del delincuente. ¿A cuántas personas rehabilitó en el 2015 y en el 2016? No tienen un récord ni estudio, qué parámetros utilizaron para ponerle las penas a esos delitos, hubieron estudios?»
Además los estudios sirven para determinar cuánto tiempo se necesitan rehabilitar los privados de libertad.
«Para ponerle pena una pena a los delitos contra de la propiedad debieron hacer un estudio y determinar en cuanto tiempo el Estado rehabilita una persona que tiene la inclinación que tiene para cometer delitos contra la propiedad, no es lo mismo una persona que delinque contra la propiedad como el estafador o el narcotraficante».
La extradición
En una entrevista realizada por El Heraldo, Lisandro Rosales dijo que era posible que se revisara la figura de la extradición «tomando en consideración el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia e investigación».
El abogado Rasel Tomé sostuvo que la extradición está contenido en la Constitución de la República.
«En el caso de la extradición está sustentado en una reforma constitucional, en el articulo 102 que establecía que ningún hondureño podía ser expatriado pero se reformó y se dijo que si se puede extraditar hondureños en caso de tráfico de droga, de criminalidad organizada y lavado de activos. El artículo 9 del Código Penal no puede reclamarse sobre la reforma del articulo 102 de la Constitución, la extradición esta en la Constitución».
