El Canciller de la República, Lisandro Rosales, informó que es posible que se haga una revisión a la figura de la extradición, diversos sectores han denunciado que esto podría ser para evitar que se afecte a personajes políticos.
En una entrevista con Diario El Heraldo, Rosales fue consultado con respecto a la posición de los Estados Unidos hacia las extradiciones y si esta iba a continuar, a lo que respondió “es parte de las acciones en la lucha contra el narcotráfico y creo que han dado el resultado esperado, y en la medida que funcione para eso deberían mantenerse”.
Aunque concluyó diciendo que “claro, se puede hacer el análisis respectivo cuando sea prudente, tomando en consideración el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia e investigación”, dejando la puerta abierta a que esta figura se fortalezca, modifique o cancele, sin ahondar en el sentido que se busca.
La exdiputada Fátima Mena explicó que “la única justicia que el pueblo hondureño ha visto, especialmente en alcanzar a la élite política corrupta vinculada con temas como el narcotráfico ha sido gracias a ese auto acordado que facilita y permite la extradición y que facilita estos procesos”.
Desde el año anterior se mantienen conversaciones con respecto a este tema según informó en enero el Pastor Alberto Solórzano “en una reunión entre autoridades del alto mando policial y la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional y que desde hace un buen tiempo se vienen dando algunas conversaciones del tema, ya que es muy necesario en Honduras… se han identificado algunas situaciones de este tema que deben ser analizadas, no puedo dar más detalles al respecto porque hay algunas que están en proceso”.
A pesar que no se profundizó en el tema, se ha denunciado que esto sería para favorecer a personas que podrían ser solicitadas en extradición por su mención como cómplices o coconspiradores en los juicios que se desarrollan en la Corte Federal de Nueva York.
“Si Fredy Najera llego a un acuerdo con la fiscalía de New York, esperen nuevas solicitudes de extradición.-Malas noticias para el narcogobierno”, publicó en su cuenta de twitter hace unos días el diputado de Libre Jari Dixon Herrera.
Para el abogado Joaquín Mejía “esto evidencia por un lado la incapacidad del sistema de justicia hondureño para investigar y castigar estos crímenes y en segundo lugar la necesidad de mantener esta figura que debería fortalecer con una ley de extradición aprovechando que desde el Gobierno se está planteando revisar esta figura de extradición”.
La extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y también la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia anterior propusieron cada una un proyecto de ley de extradición pero estos no tuvieron eco en el Congreso Nacional.
Hasta la fecha se han extraditado más de 20 hondureños, esto se autorizó con el decreto Decreto N° 269-2011 que modificó la Constitución y se refrendó a través de un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia que define el proceso de extradición.
Al momento de ser extraditados, ninguno de los sujetos tenía acusaciones abiertas en los tribunales nacionales, de forma tardía y en el marco del juicio contra el exdiputado Juan Antonio Hernández, el Ministerio Público presentó algunos documentos que detallaban las investigaciones contra ellos, aunque no explicó por qué no fueron llevados a los tribunales.
El argumento de qye se ha fortalecido el sistema judicial hondureño, fue el mismo que se usó para no renovar el mandato de la MACCIH en el país.
