Ministros ponen a disposición sus salarios en El Salvador y Congreso manda a reactivar economía

EGO19 mayo, 2020

Luego de la conferencia de prensa, donde el Presidente Nayib Bukele indicó que está dispuesto a sacrificar el salario de los diputados y ministros ante una posible falta de fondos para el pago de salarios de empleados públicos y que requiere la aprobación de un préstamo de más de $300 millones por parte de la Asamblea Legislativa, ministros y funcionarios han puesto a su disposición en Twitter sus salarios para poder cubrir con los gastos que surjan en medio de la pandemia por COVID-19.

El Ministro de Salud, Francisco Alabí; la Ministra de Turismo, Morena Valdéz; la Ministra de Educación, Carla Hananía de Varela; el Presidente de ANDA, Frederick Benítez; el Presidente de CIFCO, Guillermo Hasbún; el Comisionado de Asuntos de Juventud, Salvador Alas; entre muchos otros, son solo parte de los funcionarios que en Twitter han puesto a disposición del mandatario el no recibir su remuneración mensual.

 

El Congreso de El Salvador aprobó cerca de la madrugada de este martes una ley que establece la reactivación de la economía en cuatro fases a lo largo de 120 días, pese al anunció del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de que vetará la legislación.

Esta aprobación se da en medio de una escalada de las tensiones entre el mandatario con el órgano Legislativo, de mayoría opositora, y Judicial por decisiones que, según Bukele, le quitan herramientas y facultades para enfrentar la pandemia.

La ley, que ordena una serie de medidas que permitan la reanudación gradual de las actividades económicas y administrativas, fue aprobada con 63 votos de los 84 diputados.

Esta legislación supone la suspensión de medidas dictadas por el Gobierno, como la prohibición del servicio de transporte público y la salida para compra de alimentos y medicinas mediante el último dígito del número de identidad.

Rodolfo Parker, del Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha), sostuvo que la ley lleva a los salvadoreños a «nuevas formas de convivencia, mientras este virus sea un azote para nuestro pueblo».

El diputado René Portillo, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), aclaró que «esta ley no es una ley de emergencia», sino que es una legislación «para regular la emergencia producto de la pandemia».

Cuarentena y moratoria

El diputado Raúl Bonilla, miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN, derecha), aclaró que «las cuarentenas están vigentes hoy, mañana y por muchos días».

La legislación establece que a lo largo de 120 días se abrirán gradualmente las actividades que requieran concentración de personas, pero mantiene la obligación de garantizar un espacio mínimo de metro y medio entre trabajadores y las medidas de limpieza constante.

Los últimos en incorporarse a sus trabajos serán las personas mayores de 60 años y quienes padezcan una enfermedad crónica.

Por otra parte, amplía hasta el mes de junio una moratoria del pago de servicios básicos, probada inicialmente para los marzo, abril y mayo, por lo que la deuda generada no se pagará inmediatamente, sino que se distribuirá en los siguientes pagos.

Veto presidencial

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, anunció mediante su cuenta de Twitter que vetará la ley, lo que supone que los legisladores tendrían que votarlo nuevamente para desechar la decisión presidencial y que la Corte Suprema decida qué órgano tiene la razón.

«Esta es una ley que busca el contagio masivo de los salvadoreños. Solo hay que leer este tipo de artículos para comprobarlo.La historia los recordará, por esta infamia», sostuvo el mandatario.

La noche del lunes, Bukele arremetió durante una conferencia de prensa contra los diputados y magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema por supuestamente quitarle facultades y herramientas para combatir el COVID-19.

La Sala de lo Constitucional suspendió temporalmente el lunes un decreto de emergencia nacional dictado por el mandatario el sábado, y que emitió sin contar con el Congreso.

Los magistrados ordenaron esta medida cautelar tras admitir una demanda de inconstitucionalidad para determinar supuestos vicios de forma y si el jefe de Estado ejerció una función del poder legislativo «sin justificación».

 

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