El Nuevo Código Penal que entrará en vigencia el próximo domingo fue aprobado con irregularidades bajo una inestabilidad política y jurídica, señalan expertos.
«No existe las adecuaciones legislativas institucionales y presupuestarias para que el código pueda cumplirse. Durante el vacatio legis se han derogado artículos, es eso admisible», manifestó la exministra de la Secretaría de Derechos Humanos, Ana Pineda.
Desde el momento que fue presentado como una iniciativa de ley hasta que se extiende el vacatio legis, se han logrado identificar, inconsistencias y vicios que ha generado dudas si la ley es adecuada en un país que tiene un sistema de justicia débil.
La abogada Ana Pineda reflexiona si en Honduras existen las condiciones necesarias para implementar un código penal ya que no hay condiciones políticas y jurídicas convenientes, alto grado de desconfianza en los funcionarios del gobierno y si mejoraría el control del fenómeno de la criminalidad.
«Todos los Estados pueden señalar la necesidad de cambiar el ordenamiento penal para controlar el fenómeno de la criminalidad que puede en determinado momento desbordar el sistema», dijo Pineda.
El proceso de la aprobación que inició en el 2015 fue discontinuo e irregular. No se llegó a conocer la opinión de la Corte Suprema de Justicia, entre los audios y actas no reflejan una relación clara de lo ocurrido, hubo inconsistencias en los votos
Unos 42 votaron en favor del Código Penal, pero según el artículo 64 de la Ley Orgánico del Poder Legislativo, se necesitarían 55 votos al menos que aprobaran decisiones legislativa, expuso Pineda en un foro de debates organizado por el Consejo Nacional Anticorrupción.
«Es muy importante considerar otra irregularidad, la vacancia de la ley es el tiempo inmediatamente de manera posterior se tiene que considerar para que esa ley sea obligatorio. En ese tiempo se deben generar condiciones para conocerlas y cumplirlas, el periodo de vacancia se da por motivaciones, para que surjan las condiciones, para que la norma pueda ser cumplida», añadió la exministra.
El propósito de la vacatio legis es generar conocimiento en los operadores de justicia y en la población hondureña, algo que no ha sucedido porque no se ha visto la suficiente publicidad ni las capacitaciones para responder a la implementación de esta norma.
Pineda asegura que es imprescindible que la población conozca y maneja el código penal porque se busca la prevención, disuadir, para evitar que personas cometan delitos.
