Deportación y enfermedad: los dilemas de América Central sobre el COVID-19

Los ya mal financiados sistemas de salud y la pobreza, aunados al poder de los grupos criminales y las pandillas, hacen que los países de América Central sean altamente vulnerables al COVID-19 y a los efectos colaterales de las cuarentenas nacionales para la subsistencia y la seguridad de las personas. Pero son los incesantes flujos de migrantes en la región, ya sean legales o indocumentados, forzados o voluntarios, los que están emergiendo como los eslabones más débiles en las campañas de prevención del virus. En especial, las deportaciones desde EE. UU. y México amenazan ahora en convertirse en los principales vectores de contagio hacia el sur y podrían provocar aún más malestar entre los ya temerosos residentes. Los gobiernos de América Central deben responder instando a los EE. UU. o bien a parar las deportaciones, o a cambiar la manera como estas son realizadas, asegurando que se implementen estrictos chequeos de salud antes que más migrantes sean enviados de vuelta.
Deportaciones sin pruebas

Mientras que los tres países del norte de América Central, El Salvador, Guatemala y Honduras, han prohibido los viajes aéreos y terrestres de pasajeros dentro y fuera de sus países, las deportaciones no han cesado. Vuelos desde EE. UU. llevando deportados a Guatemala, Honduras y El Salvador han continuado de manera intermitente durante las últimas semanas, aunque ahora se han suspendido en Guatemala por solicitud de su gobierno. Por su parte, las deportaciones terrestres desde México han continuado sin cesar. En total, los EE. UU. y México han retornado al menos a 6500 guatemaltecos, 5000 hondureños y 1600 salvadoreños entre marzo y mediados de abril, según cifras disponibles.

Sin embargo, las pruebas del virus realizadas por las autoridades migratorias de EE. UU. y México antes de la deportación están lejos de ser confiables o rigurosas. Aunque las pruebas masivas en Corea del Sur y otros lugares han demostrado de manera consistente que la mayoría de los portadores del COVID-19 son asintomáticos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. han hecho exámenes solo a aquellos deportados que han reportado síntomas, principalmente fiebre (supuestamente, a partir de ahora se harán esfuerzos para realizar pruebas a hasta 2000 migrantes bajo custodia al mes). El gobierno de Guatemala ya ha confirmado que al menos 100 deportados han dado positivo a las pruebas del virus, un quinto del total de casos registrados en el país. Pero el total real puede ser más alto, ya que Guatemala solo empezó a hacer pruebas masivas de migrantes repatriados y a establecer centros de recepción ad hoc después de que un vuelo de retornados aterrizara el 26 de marzo con varios pasajeros infectados. Antes de eso, a los migrantes se les solicitaba realizar una cuarentena voluntaria de dos semanas. México ha identificado al menos a 16 migrantes centroamericanos con coronavirus en el estado de Tamaulipas, 14 de ellos infectados por un migrante previamente deportado de Houston, Texas.

Los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) en los EE. UU., que albergan a más de 32 000 migrantes condenados o indocumentados, se están volviendo focos de infección del COVID-19, incrementando las preocupaciones de contagio a través de personas deportadas. De los 425 migrantes detenidos por ICE que tuvieron acceso a una prueba, al menos 360 resultaron estar infectados, mientras que al menos 9000 funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) han sido apartados de sus labores oficiales luego de dar positivo o haber estado expuestos al virus. El gobierno de México ha reaccionado lentamente a la pandemia y, de acuerdo con funcionarios de la ONU y trabajadores humanitarios con los que habló Crisis Group,  prácticamente no ha tomado ninguna medida preventiva en sus centros de detención de migrantes.

Las condiciones precarias, junto con el miedo a la exposición al virus,  ya han provocado motines en EE. UU. y México, donde un migrante guatemalteco murió en un alzamiento en un centro de detención en Tenosique, Tabasco, a finales de marzo. Luego de este incidente, las autoridades mexicanas empezaron a liberar a la mayoría de los 6000 migrantes varados en sus centros de detención, e incluso cerraron la instalación de Tenosique. Un trabajador humanitario dijo que la mayoría de estos migrantes liberados fueron subidos en buses que se dirigían al sur, y que algunas veces son abandonados en la ciudad de Tapachula en la frontera sur de México con Guatemala, un cuello de botella migratorio. Las autoridades no les facilitan ningún albergue y han bloqueado el acceso a los espacios públicos donde los migrantes suelen reunirse. Según informes, en algunos casos funcionarios mexicanos incluso los han incitado a volver a sus países de origen a través de cruces ilegales, generalmente utilizados por traficantes. Entretanto, representantes de albergues operados por organizaciones no gubernamentales le dijeron a Crisis Group que, debido a la pandemia, han disminuido sus operaciones y no están en condiciones de recibir más migrantes entrantes.

El presidente de Guatemala Alejandro Giammattei ha afirmado que, junto con los migrantes deportados y detenidos, un alto número de centroamericanos están volviendo a sus países de forma independiente desde EE. UU. y a través de México, utilizando pasos terrestres ilegales. Funcionarios de la ONU consultados por Crisis Group identificaron al menos 700 centroamericanos tratando de retornar a sus países en las últimas dos semanas a través de cruces informales en las fronteras de Guatemala con México, El Salvador, y Honduras.

Los migrantes de América Central y la respuesta de EE. UU.

La determinación de EE. UU. de seguir adelante con las deportaciones de migrantes y refugiados de América Central, pese a la pandemia, deriva de años de endurecimiento de las políticas fronterizas y migratorias, principalmente bajo el gobierno del presidente Donald Trump. La draconiana política migratoria adoptada por la administración Trump, que México suscribió temiendo  represalias arancelarias, ha apuntado sobre todo a detener los crecientes flujos de migrantes desde Guatemala, Honduras y El Salvador, que en su conjunto representan cerca del 8 por ciento del total de la población inmigrante legal en los EE. UU., y el 15 por ciento de la ilegal,  según estimaciones del Migration Policy Institute.

La migración hacia los EE. UU. viene siendo desde hace tiempo una válvula de escape para cientos de miles de centroamericanos que huyen de las duras condiciones de vida y de la inseguridad crónica. Pero en los últimos años, la letal mezcla de violencia relacionada a las maras, el estancamiento económico y una prolongada sequía provocada por el cambio climático ha estimulado un fuerte incremento en la migración hacia el norte, atizada además por la preocupación de que la administración Trump prohíba completamente la entrada a los EE. UU. Las autoridades norteamericanas aprehendieron a más de 600 000 migrantes centroamericanos, o casi el 2 por ciento de la población total de la región, en la frontera sur con México entre octubre de 2018 y septiembre de 2019, según cifras del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Entre 27 y 48 por ciento de los entrevistados guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en una encuesta reciente realizada por el Banco Interamericano de Desarrollomencionaron la violencia o la inseguridad como la razón principal para emprender el viaje.

En respuesta, la administración Trump ha incrementado las patrullas fronterizas, ha establecido requisitos más estrictos para obtener asilo o visas y ha presionado a México y los países de América Central para procesar las solicitudes de asilo registradas en los EE. UU. (a través de los llamados Protocolos de Protección de Migrantes y Acuerdos de Cooperación en Asilo). De acuerdo al secretario de Estado de EE. UU. Mike Pompeo, estas medidas han ayudado a reducir el número de centroamericanos que llegan a la frontera sur de los EE. UU. en un 70 por ciento desde el máximo registrado en mayo de 2019. El despliegue en México de la Guardia Nacional en su frontera sur con Guatemala en junio de 2019 también ha frenado el flujo hacia el norte. Solo en 2019, EE. UU. y México deportaron más de 250 000 centroamericanos, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.

Desde que inició el brote del COVID-19, la administración Trump ha redoblado sus esfuerzos para impedir que posibles migrantes lleguen a los EE. UU. El 21 de marzo, el presidente permitió que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) expulsaran inmediatamente a migrantes ilegales encontrados en la frontera. Como resultado, han devuelto al menos 10 000 migrantes a México en cuestión de semanas. El 22 de abril, Trump fue más allá, firmando una orden ejecutiva que pone un alto a la inmigración de solicitantes de residencia por al menos 60 días.

Las duras medidas impuestas por los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador para contener la pandemia, incluidos los cierres de fronteras, toques de queda y restricciones al desplazamiento interno, han complicado aún más la ruta hacia el norte. Estas medidas “solo han incrementado el costo de los sobornos que los funcionarios esperan de aquellos que los pueden pagar”, dijo un trabajador humanitario en un albergue en el sur de México. “Y han empujado, a aquellos que no pueden pagarlos, a rutas más peligrosas y remotas, donde se arriesgan a ser extorsionados o secuestrados”.

La necesidad de una respuesta coordinada

La deficiente coordinación entre EE. UU., México, los Estados de América Central y las agencias de la ONU, al igual que la falta de chequeos de salud adecuados en las instalaciones para migrantes en EE. UU. y México, pueden tener efectos nefastos en una región ya mal preparada para combatir la pandemia. Guatemala, Honduras o El Salvador nunca han logrado proporcionar servicios adecuados de reasentamiento o protección a los retornados, y ahora los tres países están canalizando la mayoría de sus recursos disponibles hacia el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Los casos no detectados de COVID-19 entre los deportados podrían propagar el virus en aquellas áreas pobres y usualmente violentas de las que salieron y a las que generalmente vuelven. Este riesgo ya está provocando malestar, violencia y estigmatización de los repatriados. En un incidente reciente en Quetzaltenango, Guatemala, los residentes primero amenazaron con incendiar un centro diseñado para albergar cerca de 80 repatriados y luego se lanzaron en la persecución de varios de ellos que supuestamente habían intentado escapar.

Idealmente, EE. UU. y México deberían parar de inmediato todas las deportaciones. Sin embargo, es probable que en ambos países continúe un endurecimiento en sus políticas para frenar la migración hacia el norte, incluidas las deportaciones, especialmente de cara a la campaña de reelección del presidente Trump. Así pues, la prioridad principal para los países de América Central debería ser negociar con los EE. UU. y México un proceso de retorno más seguro, ordenado y coordinado, que incluya medidas de salud más estrictas en los centros de detención de migrantes en EE. UU. y México, más aplicación de pruebas y posiblemente un periodo de cuarentena previo a la deportación. Paralelamente, los gobiernos de la región deberían buscar el apoyo de agencias de la ONU y de organizaciones humanitarias para establecer centros de recepción adecuados y mejorar los protocolos que garanticen un trato justo y reasentamiento de los repatriados. De igual forma deberían mantener canales de diálogo con comunidades receptoras de migrantes retornados, garantizando que sigan estrictas reglas de cuarentena, para minimizar el riesgo de una reacción violenta. Continuar deportando migrantes sin adoptar estas medidas y menospreciando el potencial de contagio es una receta para la agitación social.