La necesidad de una MACCIH en tiempos de COVID-19

ABarahona22 abril, 2020

El Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), a través de su director ejecutivo, Gustavo Irías, realizó un análisis denominado “cómo el Pacto de impunidad de la época MACCIH, blindará a los corruptos en tiempos de COVID-19.

Irías explica que las acciones del gobierno hondureño son aprovechadas en el marco de la pandemia mundial a causa del coronavirus para la desinformación y el mal manejo de los recursos asignados a contrarrestar los efectos de este virus.

“De acuerdo a la experiencia internacional, este tipo de emergencias son propicias para la deformación de la información y el mal uso de los recursos públicos que llevan a violentar derechos humanos básicos, en este caso, principalmente, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación y al acceso a la información de la población potencial y/o directamente afectada por este virus, incluyendo, en este caso (en forma especial), al personal de salud. En Honduras, hoy en día, los reclamos del mal uso de los recursos públicos destinados a esta pandemia son múltiples y provienen de voces diversas: medios de comunicación corporativos y digitales, ciudadanía de a pie y organizada, iglesias, algunos sectores de la empresa privada, etc.”.  Señala parte del análisis.

También señala que las instituciones encargadas de ejecutar los fondos destinados a la pandemia y presentar informes detallados de cómo se están administrando dichos fondos lo único que han promovido es el descontento y acrecentando el “clamor ciudadano”.

“Esta situación ha obligado a la SEFIN a instalar en su página Web un sitio para facilitar, según esta secretaría de Estado, la “veeduría y la participación ciudadana”. Sin embargo, en lugar de aplacar el clamor ciudadano lo ha incrementado, por una simple razón: el sitio web carece de los mínimos estándares de transparencia y rendición de cuentas, es decir, información precisa sobre las fuentes de financiamiento, los procesos de contratación, los proveedores seleccionados, las características de los equipos e insumos, las cantidades y precios unitarios, la calidad de los productos, el destino de las compras. Adicionalmente, este ambiente se ha complicado aún más por la falta de voluntad de las principales instancias ejecutoras de fondos (COPECO e INVEST) de entregar información detallada y fidedigna a la ciudadanía, violentado, incluso, las orientaciones emitidas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP)”.

El análisis detalla el rol importante que están jugando las redes sociales y la veeduría social para hacer público las irregularidades en el manejo de los multimillonarios fondos con que cuenta el gobierno.

“En este contexto, es relevante destacar que la veeduría ciudadana, hasta ahora efectuada, ha logrado identificar sobre precios en equipo e insumos, compras innecesarias y la falta de transparencia en los procesos de adquisición. Estos hechos se han difundidos ampliamente por las redes sociales y los medios de comunicación, considerándose alarmante que en esta fase 4 de la pandemia, aún no logre abastecerse apropiadamente al personal de salud del equipo e insumos de bioseguridad reiteradamente exigidos”.

Irías asegura que los actos de corrupción cometidos en este periodo de emergencia sanitaria “no podrán ser juzgados y sancionados” por el sistema de justicia nacional pues afirma que están protegidos “por el pacto de impunidad” con la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).

“Un punto crítico en esta coyuntura es que los delitos de corrupción que pudieran estar cometiendo los funcionarios públicos involucrados en el manejo de la crisis y en la ejecución de fondos, no podrán ser juzgados y sancionados por el sistema de justicia, pues están protegidos por el Pacto de Impunidad construido en el contexto que concluyó con la expulsión del país de la MACCIH en enero de este año”.

“Con este Pacto la elite gobernante desmontó por completo el sistema de persecución penal contra la corrupción. En el actual contexto de la pandemia del COVID-19, este conjunto de leyes está siendo ampliamente favorables para las históricas prácticas corruptas de los grupos en el poder”. Detalla el documento de CESPAD.

Según se explica en el análisis, el “pacto de impunidad” blinda a los corruptos y corruptores a ser investigados por el Ministerio Público y pasa las funciones investigativas al Tribunal Superior de Cuentas como la instancia para solventar cualquier “falla administrativa”.

“Construyeron un Pacto de Impunidad mediante el cual bloquearon la posibilidad de la acción penal del Ministerio Público, designando al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como la primera instancia para procesar los casos de corrupción, dejando abierta la puerta para solucionar cualquiera de estos casos por la vía administrativa. En este momento de la pandemia COVID-19, donde aflora descarnadamente la corrupción gubernamental, este Pacto de Impunidad se constituye en el mayor obstáculo en la lucha contra corrupción y, por supuesto, en el procesamiento judicial efectivo de los funcionarios públicos corruptos y sus asociados”.

Sumado a esto, el CESPAD señala que el “pacto de impunidad” está constituido por la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, que reduce las penas por la malversación de los recursos públicos; La reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo bajo el decreto legislativo 117-2019 que restablece la inmunidad parlamentaria; La Ley Especial Para la Asignación, Ejecución, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios y Programas Sociales bajo el decreto legislativo 116-2019, donde han bloqueado la acción penal inmediata en contra de los diputados, funcionarios públicos, alcaldes/as, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que hayan ejecutados fondos públicos asignados por el Congreso Nacional; Y las reformas a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas amparados en el decreto legislativo 145- 2019, inhiben la acción penal del Ministerio Público en contra de los funcionarios públicos de las diferentes unidades del aparato estatal.

Para el CESPAD, la situación actual de amplia desconfianza ciudadana en el uso de los recursos públicos y de evidentes actos de corrupción para enfrentar la pandemia, se debe “colocar de nuevo en la agenda nacional la demanda por la derogación de cada uno de estos instrumentos jurídicos que en su conjunto constituyen el Pacto de Impunidad”.

Finalmente, el análisis detalla que “el aislamiento físico no debe ser aislamiento social” por lo que la ciudadanía debe darle prioridad a la lucha contra la corrupción.

“La lucha contra la corrupción de nuevo se coloca dentro de las prioridades nacionales y ciudadanas. Si bien la pandemia está obligando al aislamiento físico para evitar el contagio, no puede llevarnos al aislamiento social y a la indiferencia ante el despilfarro y mal uso de los recursos públicos”.

Según cifras del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y del Foro Social de la Deuda Externa (FOSDEH), los recursos asignados al gobierno de Juan Orlando Hernández alcanzan un monto aproximado entre 60, 000 y 80,000 millones de lempiras.

Por eso la veeduría social y la constante presión de exigencia por saber en qué, cómo y a quién han sido destinados estos multimillonarios recursos se vuelve una herramienta fundamental en la lucha contra la corrupción que quedó desprotegida con la salida de la MACCIH.

 

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