El presente es la traducción del inglés del análisis de International Crisis Group sobre las implicaciones que el asalto al parlamento Venezolano significa para la crisis a largo plazo.
El 5 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro hizo un audaz intento de terminar su enfrentamiento de un año con el líder de la oposición y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, a quien docenas de países, incluido Estados Unidos, reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. El gobierno ordenó a la Guardia Nacional que obstruya el acceso de los diputados de la oposición al parlamento, permitiendo que los partidarios del gobierno prevalezcan en una votación simulada para imponer un nuevo presidente de la Asamblea. La medida obstaculizó la ratificación esperada de Guaidó en ese puesto, pero no resolvió la lucha por la presidencia. Además, tuvo el costo de debilitar aún más la legitimidad internacional del gobierno y profundizar la prolongada crisis del país. A menos que el gobierno revierta rápidamente el rumbo, su estratagema podría posponer, tal vez indefinidamente, la solución negociada que es la única salida.
El gobierno de Maduro eligió tácticas inesperadamente violentas para tomar el control de la Asamblea. Pero ya había intensificado su intimidación al parlamento ya que, envalentonado por su supervivencia al desafío de Guaidó hasta la fecha, trató de eliminar la base constitucional de su reclamo a la presidencia. Los parlamentarios de la oposición dicen que los agentes del gobierno les han ofrecido sobornos por cientos de miles de dólares para cambiar de bando. Hasta la fecha, el gobierno ha sometido a 29 parlamentarios a persecución judicial a pesar de su inmunidad parlamentaria; la mayoría están en el exilio, algunos se refugian en embajadas y dos están en la cárcel. Mientras tanto, Guaidó suspendió recientemente a diez diputados de sus deberes parlamentarios en medio de acusaciones de corrupción, luego de que informes de prensa los vincularan a los esfuerzos por lavar la reputación de los empresarios involucrados en los esquemas de distribución de alimentos del gobierno.
El Parlamento «eligió» a uno de estos diputados, Luis Parra, para reemplazar a Guaidó el 5 de enero, aunque la sesión careció de quórum ya que muchos miembros de la oposición, junto con la mayoría de la prensa independiente y diplomáticos extranjeros, estaban afuera sin poder ingresar al edificio. Maduro celebró el cambio de liderazgo en un discurso televisivo unas horas más tarde, diciendo que ahora estaba claro el camino para celebrar elecciones parlamentarias a finales de este año en las que «todos los partidos de la oposición» participarían. Mientras tanto, la mayoría de la oposición ratificó a Guaidó como jefe del parlamento luego de realizar una sesión legislativa en un auditorio perteneciente a un periódico.
La división resultante entre una asamblea de dudoso origen controlada por el gobierno y un parlamento legítimo despojado de su estado físico y legal es otra escalada del conflicto político de larga data en Venezuela. Desde diciembre de 2015, cuando la alianza de oposición retomó la Asamblea Nacional del movimiento nacionalista de izquierda iniciado por el fallecido presidente Hugo Chávez, el gobierno libró una guerra de desgaste contra los poderes de los legisladores. Al mismo tiempo, utilizó su influencia sobre las autoridades electorales para asegurar una serie de victorias en las urnas, lo que culminó con la disputada reelección de Maduro en 2018.
El 23 de enero de 2019, Guaidó lanzó su campaña para destronar a Maduro, declarándose presidente interino. Cerca de 60 países, incluidos los EE. UU., La mayoría de los estados miembros de la UE y muchos de los vecinos regionales más poderosos de Venezuela, recibieron el reconocimiento. Sin embargo, las predicciones de la inminente desaparición de Maduro resultaron prematuras. Hasta ahora, las sanciones impuestas por Washington no lograron desalojarlo, y las filas superiores de las fuerzas armadas se han mantenido en su mayoría leales. Una ola inicial de entusiasmo entre los partidarios de la oposición, que llevó a decenas de miles a las calles para frecuentes manifestaciones masivas, disminuyó, especialmente después del 30 de abril, cuando Guaidó pidió un levantamiento militar que se extendió. Aun así, el gobierno se abstuvo de encarcelar a Guaidó o cerrar el parlamento por completo.
El costo de esta batalla cada vez más dura por el poder lo siente principalmente el pueblo de Venezuela. El país está inmerso en una depresión económica combinada con hiperinflación. El producto interno bruto ha disminuido en más del 60 por ciento desde que Maduro asumió el cargo en 2013, mientras que una emergencia humanitaria ha obligado a casi uno de cada seis venezolanos a huir del país. Los servicios públicos, incluidos la electricidad, el agua, el transporte y la salud, están al borde del colapso, mientras que muchas partes del país están dominadas por grupos armados de diversos tipos, desde bandas criminales hasta guerrillas colombianas.
Las negociaciones entre mayo y agosto del año pasado, celebradas bajo los auspicios del gobierno noruego, mostraron que facciones poderosas de ambas partes reconocieron la necesidad de un acuerdo político para romper el estancamiento destructivo. Pero las diferencias entre las partes resultaron insuperables, y las conversaciones se interrumpieron en septiembre. Al conspirar para asumir el control de la Asamblea Nacional, el gobierno ha dado un paso profundamente equivocado para borrar cualquier posibilidad de volver a las conversaciones. En efecto, ha empoderado a los intransigentes de la oposición que descartan la posibilidad de un acuerdo político y privan a la oposición de la plataforma que le permitió participar en las negociaciones.
Los gobiernos extranjeros que apoyan a Guaidó, así como las potencias regionales como Argentina que no lo consideran presidente, repudiaron las acciones del gobierno, indicando que no reconocerían a Parra como presidente parlamentario ni a la legitimidad de la Asamblea que preside. México, que ha mantenido una postura neutral con respecto a Venezuela, también pidió que las nuevas autoridades de la Asamblea sean elegidas democráticamente. Sin embargo, después de haber perdido el control físico del edificio del parlamento, junto con cualquier protección vestigial que su estatus les brindara, los líderes de la oposición ahora son aún más vulnerables a ser encarcelados o exiliados. La perspectiva de un «gobierno en el exilio» se vislumbra. Algunos en el ala radical de la oposición, que creen que la fuerza, tal vez incluyendo la intervención militar extranjera, es la única solución, dan la bienvenida a este escenario. Mostraron su entusiasmo por la nueva situación votando por Guaidó, habiéndolo despedido previamente como un vendido.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que los partidos de la oposición participen en las elecciones parlamentarias a finales de este año bajo un Consejo Nacional Electoral (CNE) reformado, cuyo notorio sesgo progubernamental ha sido un obstáculo importante para las elecciones libres, ahora parece remota en el mejor de los casos. Según los términos de su acuerdo de septiembre con varios pequeños partidos de oposición, el llamado proceso de Diálogo Nacional, el gobierno había hecho ciertas concesiones destinadas a restaurar la vida política normal en Venezuela. Estos incluyeron el regreso de los parlamentarios chavistas al parlamento, que habían estado boicoteando, y la promesa de negociar nuevos nombramientos para el CNE.
Si bien los partidos minoritarios dejaron en claro que participarían en las elecciones parlamentarias, la oposición dominante se dividió. El control de la Asamblea, que se encarga de nombrar miembros de la junta de CNE, abre el camino para que el gobierno una vez más lo apile a voluntad. Incluso si los principales partidos de oposición participaran en la encuesta parlamentaria, las posibilidades de persuadir a los votantes de la oposición para que se presenten en un número suficiente son escasas en el mejor de los casos. Y aunque Maduro afirmó en su discurso que el gobierno se reuniría de inmediato con sus socios del Diálogo Nacional, algunos de ellos fueron muy críticos con la medida para tomar el parlamento.
Finalmente, parece difícil imaginar cómo pueden reanudarse las negociaciones del tipo respaldado por Noruega ahora que el gobierno ha privado a la oposición de su último punto de apoyo democrático interno. El control de facto ahora está más que nunca en manos de Maduro, quien aparentemente ha optado por una estrategia de resistencia a toda costa. Los gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina han sido prácticamente unánimes al condenar la toma de poder del gobierno. Pero aquellos que buscan una solución a la crisis venezolana enfrentan un dilema. Hay poco o ningún apetito por la intervención militar, e incluso si la hubiera, probablemente resultaría desastroso. Sin embargo, el statu quo tiene un alto precio: el éxodo provocado por el colapso socioeconómico de Venezuela está imponiendo una carga intolerable a los vecinos, particularmente a Colombia, que ha absorbido al menos 1,6 millones de refugiados venezolanos.
La reacción inmediata y comprensible será aumentar las sanciones. Pero a pesar de las garantías de Washington de que las sanciones, con el tiempo, obligarán al gobierno a capitular, el hecho es que tales sanciones rara vez producen cambios en el régimen y principalmente hacen la vida más miserable para los ciudadanos comunes. La insistencia en el reclamo legítimo de Guaidó al puesto de presidente de la Asamblea es importante; las potencias externas también deberían negarse a respetar cualquier acto ratificado por el parlamento encabezado por Parra. Pero los partidarios extranjeros de la oposición también deberían anular la noción de montar un gobierno en el exilio, lo que haría poco para brindar alivio al pueblo venezolano o para negociar una solución política duradera.
Por el momento, Maduro ha evitado el desafío de Guaidó y sus aliados extranjeros. La economía se tambalea, ayudada por el desmantelamiento de facto de los controles de precios y cambios, el uso creciente del dólar como medio de cambio y la asistencia de Rusia y otros con evasión de sanciones. Pero solo una fracción de la población tiene acceso a dólares, y no puede haber reactivación económica sin el fin de las sanciones y un paquete integral de reformas. Incluso aquellas potencias extranjeras dispuestas a ayudar, como Rusia, pueden no sentirse privadas por la forma en que el gobierno tomó el control del parlamento y no se inclinan a considerar a la legislatura en su nueva apariencia como un cuerpo legítimo a los efectos de ratificar tratados, contratos y otros documentos internacionales
Venezuela necesita urgentemente un acuerdo político que pueda comenzar a sentar las bases para la recuperación de su economía y la reconstrucción de sus instituciones. Pero como resultado de la sed del gobierno por un poder inexpugnable, ha surgido la posibilidad de un conflicto más largo y más ruinoso, mientras que el caso de las negociaciones ha sufrido una herida debilitante. Solo la presión concertada de un espectro de naciones lo más amplio posible y una rápida respuesta de Caracas pueden restablecer las esperanzas de un acuerdo político.
