PARA LA FAMILIA DE BERTA CÁCERES, LA LUCHA POR JUSTICIA CONTINÚA

ALG30 noviembre, 2018

El Tribunal de la Sala I del Tribunal de Sentencia de la Corte Suprema de Honduras que juzgó el asesinato de Berta Cáceres, declaró culpables de asesinato a siete de los ocho acusados: Sergio Rodríguez, exgerente ambiental de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), Sergio Ramón Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de la misma empresa, Douglas Geovanny Bustillo; el exmayor de las Fuerzas Armadas y Mariano Díaz Chávez, fueron encontrados culpables de asesinato, pudiendo enfrentar una condena de entre 20 y 30 años de cárcel. Mientras que los señores Henry Javier Hernández Rodríguez, Edilson Atilio Duarte Meza, Elvin Heriberto Rápalo Orellana y Óscar Aroldo Torres Velásquez fueron sentenciados por los delitos de asesinato de Berta Cáceres y tentativa de asesinato en perjuicio de Gustavo Castro y deberán enfrentar una condena acumulada de entre 33 y 50 años de cárcel.

El otro imputado, Emerson Duarte Meza, fue absuelto de responsabilidad penal en el crimen.

La decisión del Tribunal se dio a conocer el día de ayer 29 de noviembre, tras más de dos años y medio desde la comisión del asesinato de Berta Cáceres. Según ha informado el Tribunal, la concreción de las penas se dará a conocer el día 10 de Enero de 2019.

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La diputada e hija de Cáceres, Olivia Zúniga Cáceres, manifestó entre lágrimas a la prensa que la lucha por la justicia en el asesinato de su madre no se hizo con ánimo de venganza. «No nos sentimos satisfechos ni alegres de que a alguien lo encarcelen, ni del dolor que eso le pueda causar a sus familias, porque no hemos exigido venganza, porque no somos asesinos igual que ellos, porque somos personas que exigimos justicia en un país con tanta impunidad y porque consideramos que hacer justicia para Berta, no solo es hacer justicia para ella y para el Copinh, sino justicia para todo el pueblo hondureño y para la humanidad entera, para todos los ambientalistas que han muerto en defensa de la madre tierra, no queremos venganza, exigimos justicia…»

La familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH),  organización de la que formaba parte Berta Cáceres, consideran sin embargo que con esta decisión del tribunal no se hace Justicia. Ellos exigense enjuicie a los dueños de la empresa DESA, que consideran autores intelectuales de toda la trama de persecución, hostigamiento, amenazas y ataques que condujeron, finalmente, al asesinato de Berta Cáceres en marzo de 2016.

Foto Amnistía Internacional.

Según el Tribunal que ayer condenó a los responsables del asesinato de Cáceres, el crimen  “…fue planificado y ejecutado, con el pleno conocimiento y consentimiento de los ejecutivos de DESA”, la empresa hidroeléctrica que llevaba a cabo el proyecto frente al que luchaba Berta Cáceres.

Esta afirmación es relevante para el juicio que se sigue frente a David Castillo, gerente de DESA, por la autoría intelectual del asesinato.

A lo largo de la investigación, la familia de Berta Cáceres, así como Gustavo Castro, el único testigo del asesinato, han reiterado que el Ministerio Público de Honduras no garantizó el acceso real y completo al expediente, ni al material probatorio.  Tanto la  familia de Berta Cáceres como el COPINH intentaron participar en el proceso como víctimas, calidad que les fue negada por el tribunal. Los representantes de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro presentaron una recusación contra las integrantes del Tribunal por considerar que los mismos no eran imparciales para conocer y decidir en el juicio. Esta solicitud dio lugar a su vez a la suspensión del juicio que estaba programado para iniciarse el 17 de septiembre.

El Tribunal convocó nuevamente a inicio de juicio el 19 de octubre. Los abogados de la familia de Berta Cáceres y de Gustavo Castro no se presentaron por considerar que el inicio del juicio era ilegal, puesto que estaba pendiente la decisión de un amparo interpuesto precisamente para que no comenzara.

En esa misma fecha, el Tribunal declaró el abandono del juicio por parte de la familia de Berta Cáceres, así como de Gustavo Castro. En consecuencia, el Tribunal decidió que el Ministerio Público debería asumir la representación de la víctima en nombre del Estado de Honduras.

Laura Zúnica Cáreces, hija de Berta Cáceres, en espera de la sentencia contra los culpables del crimen de su madre. Foto Fernando Destephen.

Según la organización Amnistía Internacional en un comunicado, «la decisión del Tribunal de imponerle a las víctimas al Ministerio Público como su representante violó la garantía del debido proceso y, por ende, afectó su derecho de acceso a la justicia, la verdad y la reparación. La representación de las víctimas no debió haber quedado en manos de una institución que ellas habían denunciado repetidamente como vulneradora de sus derechos.»

COPINH alegó discriminación durante el proceso. Según declararon, el 31 de agosto 2018, el personal de la Corte obligó a los asistentes indígenas a quitarse la vestimenta tradicional antes de ingresar a la sala del tribunal y les negó entrada a algunos asistentes indígenas a la sala en razón de que «no había suficientes asientos.» Copinh alegó que por el contrario, se había permitido el ingreso de delegados del cuerpo diplomático de distintas embajadas a quienes se les proporcionó asientos adicionales.

El juicio sin embargo continuó, pese a los atrasos y denuncias de irregularidades. A la fecha, lo que deja demostrada la sentencia, es que Berta Cáceres fue asesinada por oponerse a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca.

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Las acciones de protesta de Cáceres hicieron un ambiente de molestia y rechazo entre los ejecutivos de la empresa constructora del proyecto, establece la sentencia de los jueces.

Por las circunstancias, los encargados de la construcción del proyecto, entre ellos Sergio Ramón Rodríguez, junto a otras personas, procedieron a crear un plan para obtener información respecto a los movimientos y acciones que serían ejecutadas por Cáceres y otras personas del Copinh.

“Sergio Rodríguez y otro ejecutivo de DESA (aún no identificado) pagaron servicios de informantes, entre ellos al señor Salvador Sánchez, a fin de poder obtener los lugares, días y fechas que tenía previsto Bertha Cáceres para realizar movilizaciones junto con su organización en oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca”, indicaron los jueces en las conclusiones del proceso.

El otro imputado Henry Hernández, señalado como gatillero del crimen y quien era también miembro activo de las Fuerzas Armadas, fue abordado por el mayor Díaz Chávez para informarle sobre el crimen que se cometería.

Mariano Díaz Chávez habría sido el encargado de garantizar los medios logísticos: armas y personas en las cuales apoyarse en las acciones que se iban a realizar.

El Ministerio Público pudo demostrar que existió conversaciones previas entre los tres responsables del crimen: Bustillo, Chávez y Hernández para coordinar las acciones en la ejecución del hecho, conversaciones que comenzaron a finales de 2015.

En enero de 2016, Hernández y Bustillo iniciaron un reconocimiento del lugar de residencia de Cáceres en La Esperanza, Intibucá.

El plan establecía que Henry Hernández debía de darle muerte a Cáceres el 6 de febrero, sin embargo, el asesinato no se consumó ese día por falta de transporte.

Manta de protesta frente a la CSJ en espera del fallo del proceso penal contra los responsables del asesinato de Berta Cáceres. Foto Fernando Destephen

Posteriormente, el 20 de febrero de 2016, las actividades de construcción de la represa se vieron afectadas por una manifestación del Copinh, liderada por Bertha Cáceres, lo que ocasionó varios daños en la maquinaria de la empresa.

El 21 de febrero, Bustillo retomó las coordinaciones para planificar la muerte de Cáceres, para lo cual se comunicó con Henry Hernández y este, a su vez, informó a Mariano Díaz, según la narración de la sentencia.

Hernández dijo que él asumiría la acción con otras personas con el fin de que los exmilitares Bustillo y Díaz no se vieran relacionados en el hecho directamente.

Fue Hernández quien se encargó de contactar a los otros acusados Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza y Óscar Aroldo Torres Velásquez para desplazarse el 2 de marzo a bordo de un vehículo a La Esperanza para darle muerte a Berta Cáceres.

Ese mismo día, Cáceres se encontraba en un foro organizado por el Copinh, en el que participaba el mexicano Gustavo Castro, quien recibiría alojamiento en la vivienda de la ambientalista.

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Mientras Berta Cáceres y Gustavo Castro se encontraban en la casa, aquella noche del 2 de marzo de 2016, Elvin Heriberto Rápalo Orellana, Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Henry Hernández se trasladaron a una calle aledaña a la vivienda.

En un determinado momento, tres de ellos se bajaron del carro, se saltaron el muro de la colonia y a pie se trasladaron hasta la casa de Cáceres, que estaba cercada con malla metálicas y postes.

Usando la fuerza, abrieron la puerta de acceso a la cocina de la casa y al menos dos de ellos se dirigieron al interior, uno de ellos fue a la habitación de Castro, a quien apuntó con el arma de fuego y disparándole sin consumar el crimen. El otro individuo entró a la habitación donde estaba Berta Cáceres, a quien le propinó tres disparos con una pistola calibre 38, quitándole la vida.

De inmediato los malhechores huyeron por el mismo lugar hasta donde los esperaba el carro que los trasladó y esa misma noche fueron llevados hasta Santa Rita, Yoro, donde se hospedaron en un hotel y en la mañana siguiente se dirigieron a La Ceiba, de donde eran originarios.

Los acusados fueron capturados en mayo de 2016.

Austra Berta, madre de Berta Cáceres, manifestó al final de la sentencia contra los responsables del asesinato de su hija, que la lucha continúa, hasta que caigan también los responsables intelectuales del asesinato.

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