“Los narcotraficantes y su emergente burguesía, son instrumentos en la expansión de la propiedad privada y en la concentración de tierras, impulsando el sistema capitalista selva adentro, perjudicando comunidades indígenas y afro descendientes, el medio ambiente y la seguridad alimenticia”.
Son atractivos los beneficios del narcotráfico a corto plazo, las economías rurales son hasta cierto punto artesanales, de sobrevivencia, no de producción masiva, se hace para comer pero, si a esta ecuación económica se le presenta un cheque en blanco -metafórico- o una oferta que no se puede rechazar suceden dos cosas; se comienza a trabajar para la burguesía del narcotráfico o se opta por huir del lugar dejando la tierra en manos de una señor feudal narcotraficante. El desplazamiento forzado se refiere a la situación de las personas que dejan sus hogares o huyen debido a los conflictos, la violencia, las persecuciones y las violaciones de los derechos humanos.
El estudio «Why Do Narcos Invest in Rural Land?» publicado en el Journal of Latin American Geography, Volume 16, Number 2, July 2017, por Kendra McSweeney, Nazih Richani, Zoe Pearson, Jennifer Devine, David J. Wrathall estima que en Colombia los narcos controlan seis millones de hectáreas, en Brasil el avance de los narcos en la selva amazónica se estima en 62 km cuadrados en tres semanas, en la zona norte de Guatemala, el grupo criminal Mendoza utilizó el registro de tierras del gobierno para adquirir ilegalmente 28 fincas.
En el resto de Centroamérica como Guatemala, Honduras y Nicaragua, el flujo del tráfico de cocaína va de cerca con la pérdida del bosque en un porcentaje de 15% a 30% anual, lo que los investigadores ha bautizado como la expansión de pastizales narco-capitalizados. El neoliberalismo del narcotráfico, un negocio que deja ganancias multimillonarias anuales y una estela de violencia y miedo en los lugares donde se establecen para hacer sus empresas de reparto y laboratorios de producción, sin duda es un trabajo maquilado fuera de los limites y leyes con los que opera la empresa privada legalizada.
“Por el contrario, los ejemplos anteriores apuntan a una realidad empírica distinta: los traficantes también parecen ser actores importantes en el cambio social y ambiental en especialmente a través de la rápida conversión de paisajes de biodiversidad de producción agroindustrial a una agroindustria ecológicamente simplificada.” [Why Do Narcos Invest in Rural Land?]
Esta nueva forma de progreso agroindustrial podría considerarse como una evolución del acaparamiento de la tierra para fines del narco, zonas que antes de la llegada de los señores narcos eran consideradas fuera del limite o que representaba un trabajo importante para desarrollarlo ahora son zonas de alta producción inalcanzables aún para los encargados gubernamentales de conservación forestal.
La transformación rural no se da gracias a los medio legales del gobierno u organizaciones que fomentan el crecimiento de las zonas rurales en abandono por la dificultad y la falta de instrumentos o procesos para hacerlas productivas en un rubro legal, en ese contexto entra la ilegalidad de los narcotraficantes que sí tienen los recursos para trabajar la tierra, hacerla producir y comerciar con el producto. Desde un punto de vista más sociológico, este nuevo tipo de inversión y desarrollo al margen de la ley, únicamente deja una ganancia, aprovechamiento y explotación de los recursos por un tiempo limitado, sin reparar en un posible daño ecológico a la tierra usada, debido a la ilegalidad de la industria.
“La dinámica que describimos dentro de la historia del capitalismo, y justificar la conceptualización de los narcotraficantes como una «narco-burguesía» que utiliza los beneficios obtenidos de una cadena de productos transnacionales (cocaína) para establecer y ampliar las relaciones de propiedad privada en nuevos espacios. Esto establece las bases para la consolidación estatal y corporativa de antiguas tierras comunales y protegidas”, indica la investigación del Journal of Latin American Geography.
En 2010, unas 200 toneladas métricas de cocaína pura transitaron Centroamérica y México, ganando a traficantes un estimado $6 mil millones, que se movieron por las costas de la zona norte Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y todas las áreas marítimas asociadas, aún ante el esfuerzo de Estados Unidos de equipar, entrenar y coordinar acciones en contra del este flagelo, lo que se conoce como la Guerra contra las drogas, operaciones bajo la Iniciativa Mérida que es un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado que funciona desde el 2008 activado por el ex presidente George Bush.
Aunque estudiosos como Noam Chomsky consideren la Guerra contra las drogas una ficción:
«El hecho de que se privilegien consistentemente los métodos menos eficaces y más costosos sobre los mejores, es suficiente para mostrarnos que los objetivos de la guerra contra las drogas no son los que se anuncian. El entrenamiento de oficiales latinoamericanos se ha incrementado abruptamente en los últimos 10 años, mucho más allá de los niveles de la guerra fría. El pretexto es la guerra contra las drogas».
Esta iniciativa sigue justificando los métodos, aunque arbitrarios, para ganar la batalla contra la expansión de esta rama capitalista de los negocios ilegales; el narcotráfico y su apoderamiento de las zonas rurales y de rutas de trasiego. Por ejemplo en las dos últimas décadas, las rutas de tráfico primario han pasado del Caribe oriental a México y al Caribe principalmente Haití y la República Dominicana, luego a Centroamérica. Se estima que en el 2012 el 80% de la cocaína que llegó a los Estados Unidos transitó por el istmo centroamericano.
La interdicción incentiva a los traficantes a establecer repetidamente un nuevo tránsito sitios, buscan paisajes de «frontera» cada vez más remotos, es decir, los paisajes relativamente abundantes en recursos de la agricultura de pequeños agricultores, territorios indígenas y áreas. Una vez establecido en estos «refugio seguros» parece común para narcos mover drogas a través del nuevo sitio durante varios años sin ninguna interferencia significativa de la aplicación de la ley. Es en esa ventana que parecen fomentar un rápido cambio social y ecológico”. [Fuente]
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Este esfuerzo por ganar la guerra contra el narcotráfico saturando las zonas y rutas conocidas es la causa de que ahora estén en expansión en zonas consideradas rurales y áreas indígenas que únicamente aprovechan para sobrevivir los nativos. 30 años de neoliberalismo políticas de desarrollo dentro de la zona de tránsito, como la liberalización comercial y desregulación redactada bajo el llamado «Consenso de Washington» y fomentado por instituciones globales como la Organización Mundial del Comercio (OMCO), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Programa Interamericano de Desarrollo, este tipo de políticas han facilitado, el tráfico de drogas, han facilitado el flujo de capital -lícito como ilícito- y el incentivo la inversión en el agro negocio y sectores extractivos. [Fuente]
Todo este movimiento, transporte, toda esta industria deja ganancias millonarias pero, cómo logran percibir esos fondos cuando las regulaciones bancarias lo impiden, aquí entra el blanqueo de dinero se conoce de instituciones financieras como Wachovia que es una subsidiaria diversificada en servicios financieros, propiedad de Wells Fargo y el banco HSBC que han movido USD $ 420 mil millones y USD $ 670 mil millones respectivamente. En el llamado desarrollo de zonas rurales por parte de los gobiernos, como la construcción de represas, explotaciones mineras, carreteras, infraestructura turística, es ahí cuando los narcotraficantes o los políticos corruptos se insertan en el proceso asociado de planificación, licitación y construcción. En este contexto los activistas ambientales se organizan para cuidar sus territorios de explotaciones descontroladas, ignorando el trasfondo de algunos de estos proyectos y su financiamiento lo que lleva a enfrentamientos con posibles paramilitares y el asesinato sistemático y selectivo de actores claves, como el caso de Berta Cáceres. Según Global Witness, Honduras es actualmente el país más peligroso en el mundo para ser un defensor del medio ambiente.
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La corrupción ya integrada en el sistema de los países, con el eufemismo de en vías de desarrollo y la capacidad de los traficantes para corromper funcionarios e instituciones para su beneficio, es un elemento a tomar en cuenta en todo esta problemática, porque a nivel gubernamental los carteles afines o que financiaron campañas políticas van a reclamar el pago de esos “favores”, con la aplicación de leyes en su favor, un ejemplo de esto es la entrega de los hermanos Rivera Maradiaga y su vinculación directa con el hijo del ex presidente Porfirio Lobo Sosa, sus nexos con funcionarios y supuestamente con el mismo Lobo Sosa. Es así como los agentes libres que transportan la droga desde Sudamérica por el istmo, pasando México y llegando hasta los Estados Unidos logran escapar con total impunidad de la justicia y operan en distintas rutas y con otras practicas como internarse en zonas rurales, legalizarlas a su manera y con el beneplácito de gobiernos locales y nacionales.
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En Centroamérica, las leyes de tierras que originalmente fueron diseñados para proteger a los campesinos y re-distribuir la tierra «ociosa», han sido reorientados por las élites y por los narcos para legitimar y extender sus negocios, este tipo de leyes facilitan a los narcotraficantes la privatización y legitimación de tierra robada, esto crea la monopolización de la tierra para propósitos únicamente delictivos, producir y movilizar la droga con interrupciones mínimas; toda esta logística incluye instalaciones de almacenamiento, pista de aterrizaje, carreteras, toda una interconexión que permite el abastecimiento y el despacho de grandes cantidades de droga, casi bajo el radar de las instituciones que libran la Guerra contra el narco, pero que no impiden el tráfico ni los nuevos métodos de esta capitalista narco actividad en zonas rurales y/u ociosas, que si están en el radar de los indígenas que se ven obligados a vender su tierra u optan al desplazamiento a otras áreas.
La excusa de ser ganaderos o empresarios de palma africana es la nueva tendencia para la compra legal o por medios ilegales de tierra rural, también esta es una práctica del lavado de dinero, convertir el dinero del negocio ilegal en legal por medio de haciendas y hatos ganaderos, fincas y terrenos para ganado, otra vez para intentar estar bajo el radar o llamar la atención de un flujo de dinero muy constante y solamente en crecimiento. Todo este ecosistema de tierras de producción, compra venta de ganado, facilita todas las operaciones de la narco burguesía.
Los narcos apuestan a que el valor de la tierra aumentará, independientemente del uso debido a que, a medida que compran tierras, crean demanda de tierra, aumentando el valor futuro. la especulación es típicamente de bajo riesgo. Es debido a esta especulación que los narcos adquieren de forma ilegal tierra en territorios indígenas, aquí se cierra un ciclo de este proceso, porque estás tierras después pasan a ser elementos de negociación para proyectos como hidroeléctricas, explotación minera, petroleras y una larga lista de posibles actores que se unirían a estos proyectos que son licitados por un gobierno concediendo un beneficio sustancial en el lavado de dineros procedentes del narco.
Fuentes:
Why Do Narcos Invest in Rural Land?
Chomsky: La guerra contra las drogas es una ficción narrada para controlar a la sociedad
