47.5 millones de dólares anuales es una cantidad de dinero que bien vale la pena luchar desde la ilegalidad para conseguir, ese negocio o en este caso la concesión de un servicio, más específico, la concesión para operar la terminal de contenedores y carga general de Puerto Cortés.
Así inicia el artículo de investigación publicado por la revista Séptimo Sentido de LA PRENSA GRÁFICA de El Salvador, escrito por Moisés Alvarado, que explora un intento de soborno entre reconocidos empresarios salvadoreños ligados al actual partido FMLN y el presidente Lobo Sosa, que buscaba como objetivo hacerse con la concesión de la administración de Puerto Cortés.
“Érick, por favor, pásale este correo a BB. Hay que solicitar una cita urgente con Caperucita, de ser posible para este sábado. Como podrás leer, el presidente de COALIANZA ya trabajaba la posición para que no seamos nosotros los que podamos operar el puerto. Desde el principio sentí que este jovencito solo nos estaba dando paja (mentiras) y excusas”, correo enviado por el millonario salvadoreño Enrique Rais a Erick Giovanni Vega, asistente de Luis Merino (BB) fechado el 9 de mayo del 2012.
Merino es viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo y un líder muy influyente (excomandante guerrillero) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y actualmente en investigación bajo la ley contra capos de la droga el Drug Kingpin Act.
Siendo este negocio de proporciones millonarias, nadie enterado de la licitación quería quedarse por fuera, es el caso del español Ángel Pérez-Maura vicepresidente de Grup Maritim TCB, (ahora prófugo de la justicia guatemalteca con alerta roja de INTERPOL) una concesión millonaria y por 30 años y desde luego buscaba ganarla, pero dicha compañía no cumplía con ciertas condiciones exigidas por Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) para aspirar al proceso de selección y poder competir.
“Las condiciones que TCB no cumplía eran contar con un patrimonio neto, como mínimo, de $300 millones, es decir que las aportaciones de capital de los socios y las reservas o beneficios generados y no distribuidos por la compañía deberían sumar esa cantidad. La otra era el movimiento anual de contenedores en aquellos puertos donde tuviera, aunque sea, un 10 % de participación. Esta cifra se colocó en 3 millones anuales”, indica la revista Séptimo Sentido.
“Lo que están haciendo en Honduras va absolutamente en contra de todo lo hablado y no es que haga las cosas difíciles para GMTCB, sino que nos descalifica directamente. Proponen primar únicamente el tamaño y que el adjudicatario sea el más grande. Eso tiene un nombre propio: Hutchinson. Bueno, a nosotros nos parece que salvo que ustedes puedan modificar algo, aquí hay poco que hacer” escribió Ángel Pérez-Maura, que hasta ese momento pensaba que sus aliados no estaban desarrollando bien el trabajo al que se habían comprometido en enero del 2012, cuando comenzó la comunicación entre español Ángel Pérez-Maura y el salvadoreño Enrique Rais por el tema de Puerto Cortés.
“Cuando se hizo pública la lista de condiciones que debía cumplir una empresa para competir por la terminal, en septiembre de 2012, el español comprobó que la intermediación de Rais y José Luis Merino tuvo efecto. A TCB le hicieron un traje a la medida”, indica el artículo deMoisés Alvarado.
El movimiento mínimo de contenedores que se exigía para ganar la concesión era de 3 millones anuales, la que extrañamente bajo a 2 millones, lo mismo que el patrimonio exigido que de 300 millones de dólares, extrañamente se redujo a 240 millones.
En 2016, la terminal movilizó 634,000 teus (unidad que equivale a un contenedor de 20 pies). La terminal de puerto Cortés recibe un promedio de 115 buques por mes, procedentes, principalmente, de Estados Unidos, México y Canadá. Medios de la región han alabado su apuesta por la modernización, que podría convertirla en una de las principales terminales del istmo.
Pero en esta ecuación algo no encaja bien, la concesión es por el principal puerto comercial de Honduras y bajo las reglas de Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA) un organismo hondureño. ¿Por qué los involucrados son extranjeros; salvadoreños y españoles? Respuesta: soborno, cobro, coima por ayudar a ganar la concesión, cobrando una comisión millonaria por la «prestación de servicios y aceleración de tramites». La oportunidad de administrar un negocio que anualmente representa 47.5 millones de dólares simplemente lo vale.
El truco era que Grup Maritim TCB (de la que es vicepresidente Ángel Pérez-Maura) convertiría a los salvadoreños en socios al lograr ganar la concesión lo que les aseguraba parte de las ganancias durante los 30 años de manejo del puerto.
El empresario salvadoreño y prófugo de la justicia por tráfico de influencias en el sistema judicial no involucró a ninguna de sus empresas en el negocio del puerto hondureño.
A pesar de la mediación con COALIANZA la concesión fue otorgada a la filipina International Container Terminal Services (ICTSI), quienes también negociaron con José Luis Merino, Enrique Rais y asociados, entre ellos Hugo Blanco, sobrino de Enrique Rais. Ante esto la vocera de la compañía aclaró que la licitación se obtuvo de forma transparente.
¿Y el papel de Merino cuál era? Según el artículo de Moisés Alvarado, fungía como consejero de Rais cuando se encontraba en un laberinto, lo hacia por medio de Érick Vega, asistente de Merino y testaferro identificado por tres instituciones de los Estados Unidos.
En la comunicaciones Rais se refería a Merino como Ramiro, seudónimo de éste durante la Guerra Civil salvadoreña o como BB.
“Dos personas, que pidieron se resguardara su anonimato y tuvieron conocimiento del caso, una desde El Salvador y otra desde Honduras, afirman que Rais era una especie de enviado de José Luis Merino, quien representaba sus intereses. Es decir que de Merino eran las conexiones al más alto nivel en Honduras, y Rais fue el encargado de montar la estructura para que el trabajo se hiciera,” afirma el artículo de Moisés Alvarado para la revista Séptimo Sentido.
Falta una pieza clave en todo esta trama, seudónimo: Caperucita, quien también se beneficiaria con la intermediación. Por una serie de errores en la redacción de correos donde usan la palabra «presidente», todo indica que se trata de Porfirio Lobo Sosa, presidente en el periodo presidencia 2010–2014.
Otras causales apuntan a confirmar el involucramiento de Lobo Sosa como ser lo expresado por un exempleado de Rais y lo dicho por el empresario en un mensaje de WhatsApp, también y aquí podría estar la pista más clara y comprometedora, lo apuntado por un investigador del Departamento de Estado de los Estados Unidos que está tras la pista de Rais pero que pidió el anonimato por no estar autorizado para hablar sobre investigaciones en curso.
Porfirio Lobo Sosa está muy relacionado con Merino por la crisis del Golpe de Estado del 2009 en Honduras, ya que fue este último (Merino) quien intervino ante el gobierno venezolano para que el entonces presidente Hugo Chávez reconociera a Lobo Sosa en el Consejo General de la Organización de Estados Americanos (OEA), del que había sido suspendido por el Golpe de Estado en contra de Manuel Zelaya Rosales.
Es lógico esperar la negación expedita de cualquier tipo de vinculo con estos personajes tanto Rais como Merino, pero las pruebas no se pueden esconder y actúan como canalizador de teorías.
Por ejemplo: 2011, en un viaje oficial a Kosovo, Lobo Sosa viajó en un avión de Enrique Rais a esa visita oficial y que el político (Merino) y el empresario (Rais) lo acompañaron y se puede verificar en la página oficial del Gobierno de ese país del este de Europa.
“Muchos dicen ‘ya hablé con tal’… aquí al final hay que ver las cosas por los resultados. Si no se concreta quiere decir que era pura mentira… si no lo lograron, quiere decir que lo que se le alegaba (que se contaba con el apoyo del presidente) no era cierto… con Merino yo nunca he hablado de ese tema”, comentó para la revista Sétimo Sentido mediante una entrevista telefónica, el expresidente Porfirio Lobo.
El soborno por la licitación de Puerto Cortés no se concretó, pero encaja en el actual contexto de corrupción de América Latina.
Ángel Pérez-Maura, vicepresidente de TCB, quien hasta el 2012 era el vicepresidente de la empresa, utilizaba la dirección de correo electrónica: [email protected] para las comunicaciones con sus aliados salvadoreños. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) comprobó que la dirección fue utilizada para el intercambio de información con el fin realizar actos de corrupción en el país centroamericano por lo que fue acusado ante el Ministerio Público guatemalteco y la INTERPOL.
Noviembre de 2012 es la fecha en la que Pérez-Maura habría dejado de confiar en sus socios salvadoreños y rompió la relación para buscar ganar la concesión por cuenta propia. Lo que ignoraba era que paralelamente sus aliados sostenían conversaciones con International Container Terminal Services (ICTSI) que al final fue la ganadora, sin ayuda de los intermediarios, como aclararon mediante su vocera. El encargado del intercambio de información fue el mexicano Carlos Garrido Escandón, director de Desarrollo de Negocios en las Américas de ICTSI, quien al lograr la concesión se convirtió en el representante legal de Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), la subsidiaria de ICTSI que actualmente administra la terminal pero, que ahora ya no ostenta el cargo según declaraciones de Carmen Irene Alas, encargada de relaciones públicas de OPC, quien añadió que la actual administración es completamente nueva.
La comunicación con Garrido Escandón y Enrique Rais fueron más fluidas y concretas, prueba de ello es una presentación en Power Point que expone la revista Séptimo Sentido en la que planteaban como fue propuestas sobre la forma de pago. En los esquemas quedaba claro que el 60% de las acciones quedaban en manos de ICTSI y las restantes quedarían en una compañía de Rais.
Siempre en diciembre de 2012, Rais recibió, vía correo electrónico, el borrador del contrato, que si todo salía bien se firmaría dentro de los siguientes 30 días.
Una de las obligaciones que contenía el contrato era abonar 60 millones de dólares como pago total en caso de salir exitosa la transacción, el que se haría en dos desembolsos, uno de $35 millones 15 días después de ganada la concesión y el resto, o sea $25 millones, el 15 de enero de 2014.
El primer abono sería depositado en una scrow account (cuenta de depósito de garantía) cuenta bancaria usada para recibir fondos que hasta que se cumplen las condiciones contractuales establecidas se envían a sus destinatarios finales, una vez se firmara el acuerdo.
Este contrato también fue enviado a dos sudamericanos que eran socios de Rais, el argentino Ricardo Alessandrelli (encargado de la terminal 6 del puerto de Buenos Aires cuando, en 1995, salieron de allí 120 contenedores con armas a Croacia, parte del caso de tráfico de armas en el que estuvo involucrado el expresidente argentino Carlos Menem), y el colombiano Óscar Isaza, dueño de Grupo Empresarial del Pacífico (GEPSA), relacionados con el negocio de las portuarias en sus países.
Lars Jacobo Michelem, director de proyectos de concesión de las terminales portuarias de Puerto Cortés, dentro de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), era el contacto interno de los intermediarios, quienes discutían sobre la eficiencia en la colaboración de este.
El 10 de enero de 2013, Ricardo Alessandrelli escribió un correo a Isaza, Rais y Hugo Blanco Rais sobre una conversación con Marcelo Suárez, vicepresidente sénior de la división de las Américas de ICTSI:
“Les informo que Marcelo hoy tuvo contacto telefónico con Lars en COALIANZA, y este señor le confirmó que hasta hoy inclusive no ha recibido instrucciones de Caperucita, ni de nadie del entorno de él y que el 21 (de enero) sigue como fecha formal. Creemos con Marcelo que sería oportuno reunirnos en Miami para dar los últimos pasos con el fin de poder definir la presentación y cómo actuar ante la situación actual”.
Dicha reunión sí se dio y se confirma con los movimientos migratorios de Rais que coinciden con las fechas del encuentro, también las de su sobrino Hugo Blanco quien se reunió en Honduras con abogados de ICTSI, como se puede comprobar con las fechas viajó del Salvador a Honduras el 9 de enero de 2013 y regresó el mismo día 8 horas después. Todos estas reuniones y comunicaciones poco tuvieron de incidencia para lograr convencer a ICTSI de que ganarían la concesión.
La hora de las acusaciones llegó, Rais culpó a Lars por la poca colaboración mostrada en las negociaciones, por ejemplo una serie de puntos que le enviaron para que se incluyeran en las bases de la licitación, pero que no se reflejaron en el documento final, eso llegó a comentar Rais hacia pensar a los socios de ICTSI que no tenían el control de COALIANZA, por lo que decidió hacerse a un lado comunicándolo en un correo electrónico enviado a Óscar Isaza, Ricardo Alessandrelli y Marcelo Suárez (de ICTSI):
“Nuestro error (asegura Ramiro) fue que nunca firmamos con ITCSI el consorcio y las condiciones de participación y ahora lo ven como que simplemente ya no somos necesarios para lograr sus objetivos. Me pidió que no visitara a Caperucita (Lobo Sosa) hasta que primero me reúna yo personalmente con Ramiro porque opina que este nuevo revés pondrá en riesgo las otras inversiones en energías que ya tenemos muy adelantadas… Intentar decirle a Caperucita que les asigne el contrato por llevar la mejor oferta y que luego cambie las condiciones contractuales para obtener él los beneficios (en la opinión de Ramiro) sería aún más grave y pensaría él que lo estamos ofendiendo en el orgullo de presidente, perdería toda estima y respeto para toda la vida.”
Marcelo Suárez ya no forma parte de ICTSI, según la encargada de relaciones públicas de OPC, Carmen Irene Alas.
De los involucrados en este escándalo solamente el colombiano Óscar Isaza afirmó que si conoce a Enrique Rais y a Luis Merino, «pero ya van por los cuatro años de no verlos», confirmó la autenticidad de los correos pero niega estar involucrado en un intento de soborno:
“Si usted me pregunta quién es Caperucita, ni me acuerdo. Ni me acuerdo de qué estábamos hablando ni qué íbamos a hacer ni qué pretendía yo hacer. Si considera que he cometido un delito, que yo he hecho algo en Honduras, está en toda la libertad de hacer todas las investigaciones que considere… Yo no participé en ninguna licitación”, comentó.
El 2 de febrero del 2013 se realizó la licitación de la terminal de carga general y contenedores de Puerto Cortés, de seis compañías precalificadas solo dos estuvieron en la fase final: Grup Maritim TCB (que participó en un consorcio con la francesa Bollore Africa Logistic) e International Container Terminal Services (ICTSI), la multinacional holandesa APM, propiedad de Maerks se retiró argumentando lo siguiente:
APM Terminals decidió no licitar para Puerto Cortés debido a que los términos de la licitación final no resultaron atractivos. Cabe destacar también que ningún otro operador global importante de terminales presentó la licitación para la terminal de Puerto Cortés.
Las ofertas de las empresas finalistas coincidían en la mayoría de puntos, la diferencia radicó en que la empresa ganadora presentó mejores propuestas de infraestructura y equipamiento, la oferta de inversión de TCB fue de: 621,516,283 dólares con 66 centavos, mientras que la de ICTSI fue de ICTSI, 624,371,610 dólares, casi 3 millones más que su competidor. Pérdida que lamentó el vicepresidente de TCB, el español Ángel Pérez-Maura en un correo electrónico enviado a Óscar Isaza, a lo que el colombiano respondió:
“Hoy estaríamos TCB, Group Rais y GEPSA celebrando 750,000 TEUs y 10 % de EBITDA (el beneficio bruto por la explotación de un bien)”
Exactamente 3 meses después de la adjudicación de la concesión de Puerto Cortés, Lars Jacobo Michelem, el funcionario de COALIANZA, pasó a ser empleado de ICTSI con el cargo de “Chief Commercial Officer”. Michelem también afirmó desconocer algún caso de intento de soborno mientras formó parte de COALIANZA.
Aunque Michelem ya no trabaja para ICTSI, la compañía asegura que por políticas de la sociedad “no pueden comentar sobre las razones personales o individuales por las cuales los empleados salen de la empresa” y blindan sus declaraciones con la justificación de que tenían conocimiento de contacto con un consorcio pero que la administración descartó la posibilidad de entrar a la licitación con un socio. COALIANZA no ha dado su posición respecto a esta situación.
La fuente original para este artículo puede leer en este enlace de laprensagrafica.com
