Proyecto de Reforma del Artículo 335b:
Quien públicamente hiciera apología, enaltecimiento, o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitaren a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, debe ser sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión. No incurre en el delito contenido en el párrafo anterior quien se limita a transmitir la información aunque ésta, por su contenido, se refiera al delito del terrorismo.
Hacia el final de la sesión ordinaria del pleno del Congreso Nacional este martes pasado, el diputado y jefe de la bancada nacionalista, Óscar Álvarez, tomó la palabra para introducir el proyecto reforma al polémico artículo 335b del Código Penal, que él mismo introdujo vía reconsideración el miércoles 22 de febrero, durante las sesiones en las que se aprobó el paquete de reformas al Código Penal enviado por el ejecutivo. Según el diputado, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, le pidió durante la reunión con la directiva del Colegio de Periodistas de Honduras que elaborara él mismo la nueva redacción del artículo para evitar coartar el derecho fundamental de libertad de expresión y el derecho de libertad de prensa.
Sin embargo, el diputado Álvarez, luego de hacer el recuento de por qué él estaba a cargo de presentar el proyecto de reforma, procedió a hacer una justificación del artículo que él había sometido al pleno. Utilizando fotografías que databan desde el 2009, en el auge del golpe de estado que derrocó al expresidente Manuel Zelaya, Álvarez comenzó a hablar de cómo los medios de comunicación habían incitado a la quema de un bus y de un establecimiento de comida rápida, sin ofrecer mayor prueba que la fotografía del hecho, que fue publicada en un medio de comunicación que apoyaba al régimen de Roberto Micheletti. Luego presentó fotografías de ataques a medios de comunicación, como los ocurridos en Radio América y La Tribuna, y por último presentó fotografías de daños al CONADEH en 2015, en el auge de las Marchas de las Antorchas, aduciendo que por poco queman el edificio. Todas estas fotografías fueron extraídas de medios de comunicación que cubrieron las noticias, muchos de ellos apegándose a la narrativa oficialista en contra de las protestas que originaron estos incidentes.
En la exposición previa que hizo el diputado Álvarez para justificar el por qué sometió ese artículo al pleno, en ningún momento queda claro cómo o por qué él afirma que los medios de comunicación son responsables de tales eventos. El diputado, más que mostrar pruebas de hechos que sin duda perturbaron la paz, en ningún momento hace una muestra de material donde periodistas incitan a la población a cometer estos actos. De hecho, las fotografías de los ataques a medios de comunicación dejan en evidencia la situación que ha pasado el periodismo en el país, que se ha visto amedrentado y atacado por diferentes actores, entre los cuales figuran también los órganos represores del estado.
Más allá de enfoque erróneo en la exposición de sus motivos, la reforma por adición que propone el diputado Óscar Álvarez no constituye ninguna salvaguarda para la libertad de expresión y de prensa en el país, puesto que el periodismo no se limita a meramente transmitir un hecho de interés local o nacional. La adición del nuevo párrafo deja por fuera toda una gama de géneros periodísticos, como lo son el análisis, el reportaje de investigación y la opinión, donde los hechos son colocados en un contexto para lograr dilucidar razones de origen, proyecciones de lo que se espera a futuro y el estudio del momento histórico, social y cultural que se vive. El artículo 335b sigue violentando el derecho no sólo de la prensa, sino de toda la población de informarse y de ser difusores de la información. Yendo aún más allá, esta reforma por adición no representa ninguna protección a la libertad de expresión y de prensa, puesto que la definición del delito de terrorismo en las reformas previas es tan amplia que puede adjudicarse a una variedad de hechos que tienen cabida en la difusión noticiosa.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, manifestó que lo solicitado fue la derogación total del artículo 335b, y que el Colegio de Periodistas no acepta ni avala la reforma por adición presentada por el diputado Óscar Álvarez. Lo que sigue es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia para eliminar, si la Corte lo considera a lugar, este artículo que daña gravemente la libertad de expresión.
