En 2,500 millones de lempiras incrementaría el costo electoral en honduras con los nuevos partidos políticos

En aproximadamente 2,500 millones de lempiras se estima que incrementaría el costo político electoral con la participación de los diez nuevos partidos políticos que están en proceso de inscripción, esto según el analista Lester Ramírez, quien estima el costo electoral actual en aproximadamente en 1,200 millones de lempiras.

«(No hay que) olvidar que también está la deuda política, y según lo que se se pretende hacer con la nueva ley electoral, también se quiere crear la modalidad de un bono electoral, que es prácticamente un subsidio que se le da a cada partido político anualmente para que funcionen,» explicó el abogado.

Ramírez también remarcó que los procesos de reformas electorales que se vienen desarrollando después de la crisis post-electoral de 2017 obedecen más a un esquema de repartición de cuotas de poder entre los tres nuevos partidos mayoritarios más que en una búsqueda por innovar o modernizar las funciones de los órganos electorales. «Lo que nosotros estamos observando es que los partidos políticos realmente no quieren innovar, sino hacer una readecuación de los poderes políticos. Los cambios que se van a hacer son ajustes más que todo para evitar conflictos en materia de fraude, para evitar conflictos en las mesas electorales, en vista de que ahora con veinte partidos no van a poder caber todos en una mesa electoral. Entonces se están buscando mecanismos de cómo tener al menos la representación de las tres fuerzas políticas más grandes y ver cómo los otros veinte partidos se sortean para estar en diferentes mesas.»

Ramírez menciona que, pese a la amplia discusión que se ha hecho sobre el tema de la repartición de fuerzas políticas en los nuevos órganos y la representación de estas fuerzas en los diferentes momentos del futuro proceso electoral, aún no se habla del método para la transmisión de los datos, la capacidad instalada que deberían tener los nuevos órganos electorales o la profesionalización de los funcionarios que los órganos electorales para evitar la desconfianza generalizada de la población.

La falta de una discusión seria y abierta al público sobre los puntos antes mencionados tiene, según Ramírez, un fin partidario muy específico: la colocación de «personas de confianza» de los tres partidos mayoritarios en posiciones clave bajo el argumento de la urgencia. «Eso es parte de la estrategia política. Detrás de todo esto hay un proceso de negociación. Vemos que el interés de la clase política no es realmente generar confianza, ni buscar transparencia, sino que el interés primordial es llegar al poder sin que importe realmente el sentimiento popular.»

Para Ramírez, es necesario entablar una discusión sobre los aspectos técnicos y operativos de los órganos electorales muy pronto, ya que el tiempo se está acabando y nos aproximamos a un nuevo proceso electoral sin haber resuelto la estructura de los nuevos órganos. «Creo que si no se toman decisiones pronto, en los próximos tres meses, cada vez se van reduciendo las oportunidades para crear un nuevo sistema electoral fortalecido pero también que genere confianza. Al final lo que va a suceder es que van a decir, ‘No tenemos tiempo para hacer un proceso de concurso público para contratar el personal, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner personas de confianza en cada uno de estos puestos y nos vamos a repartir, entre cada uno de los partidos políticos, las estructuras orgánicas.’ Es un modus operandi en el que dejan pasar el tiempo justamente para tomar medidas urgentes.»

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