MOSCÚ, Rusia
América Latina y el Caribe enfrentan un obstáculo crítico para su desarrollo: el crimen organizado y la violencia letal derivado del mismo.
De acuerdo con el último informe del Banco Mundial, que se publicó este 28 de abril, estas problemáticas dificultan el ya frágil panorama económico de la región.
El reporte, titulado Crimen organizado y violencia en América Latina y el Caribe, pone especial énfasis en el impacto de dichas problemáticas en la región.
En ese sentido, el informe indica que las tasas de victimización son tres veces superiores al promedio mundial, mientras que las tasas de homicidios lo son ocho veces.
Entre los factores que han contribuido al auge del crimen organizado, la investigación destaca la creciente demanda mundial de bienes ilegales; las intervenciones gubernamentales que han reconfigurado las redes criminales y la pandemia de covid-19, que presuntamente permitió a estos grupos consolidar su poder en zonas en las que la presencia del Estado es débil.
«El crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada. Este ya no es un problema aislado; exige un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar nuestra experiencia y recursos colectivos», sentenció el vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Carlos Felipe Jaramillo, durante la presentación del reporte.
Lo anterior, según el informe, tiene consecuencias notorias para el desarrollo: amenaza la seguridad pública, frena el crecimiento económico y erosiona la integridad de las instituciones públicas.
Al mismo tiempo, la incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, la extorsión desenfrenada y la inseguridad generalizada aumentan los costos de transacción para las empresas, lo que afecta la competitividad, señala el documento.
Mientras, el desvío de recursos destinados a servicios esenciales como la salud y la educación hacia la seguridad pública supone una carga para países que ya de por sí enfrentan un alto nivel de deuda y desafíos fiscales.
Para abordar dichas problemáticas, el informe invita a los Estados a emprender reformas policiales, mejorar los sistemas penitenciarios y fortalecer los procesos judiciales, pues, para lograr el crecimiento y desarrollo, es fundamental contar con instituciones bien equipadas.
«Combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo. Debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad. Debemos abordar este problema de inmediato para evitar que se convierta en un lastre permanente para el crecimiento», afirmó William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Paralelamente, el reporte pondera la relevancia de las políticas económicas en la lucha contra la delincuencia organizada.
De esa manera, insta a promover reformas generadoras de empleo y ofrecer a los jóvenes opciones a través de una mejor educación y formación profesional.
Además, la investigación invita a la región a realizar estudios a largo plazo que permitan orientar acciones gubernamentales eficaces, toda vez que la falta de información periódica y comparable dificulta el desarrollo e implementación de políticas eficaces. (Con información de Sputnik).
