TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público a través de la Unidad Especializada Contra los Delitos Electorales (UECDE), presentó requerimiento fiscal por contratación fraudulenta para el transporte de material electoral, por medio del cual se defraudó por 64 millones 789 mil 21 lempiras, situación que puso en riesgo el proceso electoral del pasado de 9 de marzo.
Entre las personas acusadas se encuentra el excoordinador del proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE), Joel Ramos García, y a los miembros de la Comisión Evaluadora, Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo y José Martín Pastrana Sánchez, por suponerlos responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Además, se acusa por fraude al representante legal de la empresa Ingeniería Logística y Transporte, Carlos Salomón Fonseca Robles.
Las investigaciones revelan que la Comisión Evaluadora del CNE, recomendó la contratación de una empresa que no contaba con una flota vehicular registrada ni tampoco con la capacidad técnica para cumplir con el traslado seguro del material electoral.
La empresa beneficiada, Ingeniería, Logística y Transporte, representada por Fonseca Robles, recibió un contrato por 64 millones 789 mil 21 lempiras, excediendo en más de 21 millones el presupuesto asignado para ese proyecto y cuyo contrato se firmó dos días antes de las elecciones.
Sin embargo, a pesar de que la empresa no cumplió con los requisitos ni las condiciones establecidas, la Comisión Evaluadora no declaró fracasado el proceso ni aplicó las sanciones correspondientes, lo que sugiere una posible colusión entre los funcionarios y la empresa contratada.
Además, se constató que el uso de buses para el traslado de material electoral no estaba contemplado en los pliegos de condiciones, por tanto, nunca se debió utilizar vehículos de transporte de pasajeros.
Asimismo, la Comisión Evaluadora en el informe en el apartado de verificación técnica afirmaron qué se realizó una inspección física y mecánica a todos los vehículos, por lo que garantizó su disponibilidad inmediata de camiones pesados y livianos por parte de la empresa contratada.
Pero se constató según los registros de la Unidad de Inteligencia Patrimonial (UIP), dicha empresa solo contaba con diez cabezales y dos camiones, entre otros.
Las elecciones primarias del domingo nueve de marzo estuvieron marcadas por el descontento de la debido a una serie de irregularidades en la distribución del material electoral en varios centros de votación de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
El órgano electoral reconoció que hubo dificultades en la distribución de las maletas electorales, a pesar de que, según sus registros, todo el material había sido despachado desde el Centro Logístico Electoral.
El CNE se vio en la obligación de extender los comicios por varias horas debido a los incidentes registrados, mientras que el material electoral seguía siendo trasladando para que la población ejerciera el sufragio.
