TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de un comunicado instó al gobierno implementar estrategias para mitigar el impacto de posibles deportaciones masivas y otras medidas anunciadas por el presidente electo de EE.UU. Donald Trump.
La ASJ advirtió sobre el impacto de las políticas migratorias y comerciales que el presidente Trump podría implementar al asumir su segundo mandato a solo cinco días, las cuales podrían tener consecuencias profundas en Honduras y la región.
“Desde hace dos meses el presidente Trump a delineado varias acciones prioritarias que, de concretarse, podrían transformar el panorama económico, social y psicológico de los hondureños”, dice parte del comunicado.
Asimismo, destacó la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados, con una meta inicial de un millón en el primer año bajo la dirección del zar de la frontera, Tom Holman.
También detalló que Honduras podría recibir al menos 120 mil deportados en el primer año, lo que tendría un impacto considerable en las remesas que representan el 26 por ciento del PIB del país.
Según la ASJ esto podría reducir las remesas en un 10 por ciento, en cifras conservadoras, mismas que podrían alcanzar hasta un 20 por ciento, lo que implicaría una disminución de mil 789 millones de dólares.
Además, señaló que el Estatus de Protección Temporal (TPS), para 55 mil hondureños expirará el próximo cinco de julio y este no tiene planes de renovación por parte de Trump, “esto los convierte en objetivos fáciles para la deportación”.
Con respecto al ámbito comercial, Trump amenazó con imponer aranceles del 25 por ciento a productos de países que no controlen el flujo de drogas e inmigración, y las exportaciones de Honduras que van hasta ese país son del 51 por ciento, lo que afectaría rubros como las maquilas y el café.
Hasta la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha presentado un plan claro para mitigar los efectos de estas políticas. Aunque en una cadena nacional mencionó la posibilidad de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola como respuesta a las deportaciones masivas.
ASJ afirmó que “la prevención y preparación son clave para salvaguardar el bienestar de los hondureños”, y a su vez instó al gobierno a convocar a los sectores sociales para desarrollar una estrategia integral.
Concluyó que “es fundamental trabajar en conjunto para proteger los intereses de Honduras y buscar soluciones que promuevan la estabilidad social y económica”.
