TEGUCIGALPA, Honduras
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), a través de un comunicado señaló que compras en el sector salud generaron un sobrecosto de 95 millones de lempiras afectando el suministro de medicamentos esenciales, la eficiencia, la transparencia y el derecho a la salud de la población más vulnerable.
De acuerdo con el comunicado luego de la eliminación del fideicomiso para la compra de medicamentos durante 2022, el gobierno gestionó adquisiciones mediante compras directas bajo el marco de la “emergencia sanitaria”.
La ASJ destacó las eficiencias significativas en donde se incluyó el aumento en el precio de varios medicamentos, lo que evidenció la necesidad de mejorar la eficiencia y competitividad en los procesos de contratación.
La asociación alertó en mayo de 2024 sobre los retrasos y riesgos de desabastecimiento debido a la falta de adjudicación y firma de contratos que inició el 24 de octubre de 2023 y que según la Secretaría de Salud (Sesal), el proceso seguía el 17 de abril de 2024.
De 36 empresas que presentaron ofertas sólo 252 de los 383 medicamentos solicitados fueron adjudicados a 21 proveedores mientras que 34 partidas quedaron desiertas y 97 fueron rechazadas por incumplimientos técnico, financieros o legales.
El análisis reveló que 34 medicamentos esenciales para tratar condiciones graves como el cáncer, arritmias, entre otros no fueron adjudicados lo que representa un riesgo considerable para los pacientes que dependen exclusivamente del sistema de salud público.
Asimismo, señaló que el plan de entrega de los medicamentos presenta demoras de acuerdo con los contratos firmados, con entrega fraccionadas lo que impacta en el abastecimiento de medicamentos esenciales para la población.
Por lo anterior la ASJ instó a la Secretaría de Salud y a los entes controladores a investigar las razones detrás de la adquisición de medicamentos a precios elevados en comparación con otros procesos de compra realizada durante la actual administración.
Finalmente, consideró urgente abandonar las compras directas y retomar las licitaciones públicas conforme a la ley para asegurar transparencia y eficiencia en la adquisición de medicamentos y recomendó implementar un sistema de planificación de compras que garantice el abastecimiento constante en los centros hospitalarios del país.
