TEGUCIGALPA, Honduras
El Ministerio Público a través de la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) presentó un requerimiento fiscal contra el ex secretario de la presidencia y exmiembro del Consejo de administración del Instituto de la Propiedad (IP), Ebal Díaz por presunto fraude al Estado de Honduras por más de 294 millones de lempiras.
La Fiscalía comunicó “requerimiento fiscal por fideicomiso (línea uno), para la ejecución del proyecto Residencial Morazán en el cual se defraudó al Estado por más de 294 millones de lempiras”.
El fiscal general, Johel Zelaya, dijo que “no queremos jueces timoratos que busquen caminos alternos para liberar delincuentes, traemos suficientes pruebas en este caso”.
Asimismo, indicó que con relación a la situación de Díaz, quien actualmente reside en Nicaragua, expresó que se utilizarán los medios diplomáticos necesarios para garantizar la presencia del acusado ante la justicia.
Dijo que confía en el circuito anticorrupción del Poder Judicial, con el cual se logrará una condena que servirá de ejemplo para que futuros gobiernos no sigan cometiendo actos de corrupción.
Diaz es acusado de dirigir una estructura criminal para orquestar un mega fraude para el desarrollo de un proyecto habitacional para más de 10 mil familias hondureñas.
Según las autoridades también están involucrados la excomisionada presidente de Coalianza, Zonia Margarita Morales; la delegada del Banco Lafise, Lizeth Guadalupe Villatoro y los funcionarios de la Secretaria de la Presidencia Mario León Gómez y Rolando Federico Poujol.
Además, fueron sindicados Juan Ramon Cruz Carbajal, Edmundo del Carmen Cuadra, José Fernando Cálix Bonilla, Mirna Isabel Mejía Flores, Dino Francisco Rieti, Francis Yamileth Rodríguez y Lis María Moncada Pineda.
También son sujetos de requerimiento Luis Roberto Aparicio Godoy, Óscar Rolando Mendoza Cáceres y Tania Michelle Montoya Zepeda quienes están vinculados con la Unidad Ejecutora y Coordinadora de Proyectos (UCP).
Los cargos que enfrentan los acusados son asociación para delinquir, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y administración fraudulenta entre otros.
El MP solicitó que se emitan órdenes de captura en todo el territorio nacional e internacional, además que se decrete la alerta migratoria.
