Tegucigalpa-Honduras. El Foro Social de la Deuda Externa (Fosdeh) emitió un pronunciamiento sobre verdadera motivación de la construcción del centro penal en Islas del Cisne.
Según el estudio del Fosdeh, indicó que desde diciembre de 2022, el país está bajo un estado de excepción que no ha resultado lo suficientemente efectivo, por lo que cuestionó que no se puede seguir con la continuidad de esta medida.
Asimismo, resaltó que las contrataciones directas durante los procesos de licitación y adquisición de bienes y servicios deja dudas sobre la trasparencia y las maneras de otorgar los contratos.
La decisión de construir una cárcel en las Islas del Cisne es alarmante por el impacto ecológico ya que es un área protegida y reconocida por su importancia ecológica ya que contribuye a la regulación climática global.
Esta construcción amenaza la integridad de los ecosistemas y la vida marina, generando un conflicto entre la seguridad y la preservación ambiental detalló el pronunciamiento.
El Fosdeh subrayó que existe un desconocimiento sobre la propuesta y estudios de mitigación relacionadas con el proyecto de construcción de la cárcel en Islas del Cisne.
También reconoció que el país tiene serios problemas de seguridad que necesitan ser resueltos por lo que es necesario abordar esta situación sin afectar los derechos humanos, buscando un equilibrio a la problemática.
«Construir la cárcel en este lugar conlleva un alto impacto presupuestario además requiere de un estudio exhaustivo para garantizar el uso de los fondos públicos», indicó el organismo.
El Fosdeh recomendó que es crucial «explorar alternativas que aborden las causas profundas de la violencia y criminalidad en el país, por lo cual propone un enfoque integral que incluya políticas de prevención, reintegración y rehabilitación en lugar de construir más cárceles».
El pronunciamiento concluyó que Honduras no puede seguir con esas prácticas de opacidad en términos de contratación y asignación de proyectos de Estado, la sociedad hondureña no debería sufrir el alto costo al construir y sostener centros penales.