¿Y las reformas electorales?

A poco más de dos meses para que arranque formalmente un nuevo proceso electoral con el llamado a elecciones primarias, el ambiente político está caldeado y agitado. Cambios inesperados de militancia, movimientos independientes, precandidaturas que nadie suponía posibles y una intensa actividad proselitista han dominado los primeros seis meses de 2024. Es preciso recordar que, quien dio el banderillazo inicial para lanzar la campaña pre-electoral fue la misma presidenta Xiomara Castro, cuando el primer día de este año aprovechó un momento que debió centrarse en la rendición de cuentas para respaldar públicamente a la precandidata del oficialismo.

La agitación política que la configuración –y reconfiguración– del escenario rumbo a los comicios primarios tiene dos raíces: en primer lugar, responde a las contracciones y estiramientos que ha sufrido el sistema político-partidario de nuestro país, al salir de varias décadas de bipartidismo e intentar adecuarse a un sistema de tres partidos mayoritarios; en segundo lugar, tiene que ver con un sistema electoral que sigue sin ajustarse a las exigencias de los fenómenos globales y nacionales en esta materia. Sobre este segundo punto se han iniciado varios debates en gobiernos anteriores, pero en el último año, a pesar del bullicio y la efervescencia candidatesca, muy poco se ha escuchado al respecto. ¿Qué pasó con las reformas electorales? 

 

Contexto de reformas electorales 2019-2021

La instancia más reciente de un proceso de reformas electorales inició en 2018, como resultado de la crisis que desencadenó la reelección del ex presidente Juan Orlando Hernández. Los tres partidos mayoritarios –Partido Nacional, Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación– comenzaron una serie de negociaciones, en las que dejaron por fuera a actores como Salvador Nasralla y quienes luego conformarían el Partido Salvador de Honduras (PSH), para formalizar el ingreso de Libertad y Refundación a los órganos electorales. 

En marzo de 2019, a través del diputado del Partido Libertad y Refundación, Jorge Cálix, se presentó el primer paquete de reformas electorales, que abordaban específicamente al Registro Nacional de las Personas y que ratificaba en sus cargos a los entonces integrantes de la comisión interventora de esa institución: Rolando Kattan, en representación del Partido Nacional; Roberto Brevé, en representación del Partido Liberal; y finalmente, Óscar Rivera, representando a la nueva fuerza mayoritaria de LIBRE en la institución. Estas reformas fueron rápidamente aprobadas por el pleno. 

No obstante, en los meses posteriores el tema de las reformas electorales dejó de ser prioridad para la Junta Directiva de ese entonces, lo que provocó que la bancada de Libertad y Refundación lanzara su “insurrección legislativa” en julio, para exigir que se nombraran las nuevas autoridades electorales. Estas protestas, caracterizadas por el uso de petardos y fuego dentro del hemiciclo legislativo, llegaron a su fin a mediados de agosto, cuando el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, nombró una comisión para dictaminar una Ley Especial para la Elección de las Autoridades Electorales, presidida por el diputado Jari Dixon Herrera. Finalmente, las autoridades fueron electas el 9 de septiembre con 110 votos de todas las bancadas, a excepción del PINU-SD, donde figuraban la ahora designada presidencial Doris Gutiérrez y el actual titular del Legislativo, Luis Redondo.

Una vez electas las autoridades electorales, las reformas, cuyo canal sería una nueva ley electoral, volvieron al marasmo de la cotidianidad. En 2020, ante la emergencia global del Covid-19 y el impacto de los huracanes Eta e Iota, la nueva ley electoral permaneció en segundo plano aunque el plazo para las próximas elecciones se iba acortando. Luego de varias presiones nacionales e internacionales, la nueva ley electoral fue aprobada el 25 de mayo de 2021, después del proceso electoral primario, dando apenas pocos meses a los partidos para conocer el estamento legal que regiría las elecciones generales de ese mismo año. 

 

Falta de voluntad política del Congreso Nacional actual

Una vez que amainó la crisis con la que se instaló la titularidad del Congreso Nacional en este período constitucional, la agenda del Poder Legislativo dejó de lado buena parte de las promesas de campaña contenidas en el Plan de Gobierno de Xiomara Castro, como la derogación de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y otros instrumentos legales. La discrecionalidad de la presidencia del Congreso Nacional y de la Junta Directiva se han ejercido de la misma forma que en gobiernos anteriores: priorizando intereses de partido, sirviendo como tramitador del Poder Ejecutivo y obstaculizando la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Esta discrecionalidad en el Poder Legislativo de parte de la presidencia y la Junta Directiva finalmente llegó a un punto álgido a mediados de 2023, cuando el pleno del Congreso Nacional votó sobre la adhesión al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, conocido como CAF. Ante las intenciones de las bancadas de oposición de cambiar sus votos mediante una reconsideración al acta de la sesión donde se aprobó esta adhesión, la Junta Directiva suspendió las sesiones por espacio de dos meses. En agosto se reanudaron las sesiones del Congreso Nacional con miras a elegir las nuevas autoridades del Ministerio Público, pero ante la falta de consensos entre las bancadas, las sesiones volvieron a suspenderse desde el 1 de septiembre. El 31 de octubre, en medio de un tumulto que dejó diputados heridos y guardias de seguridad amenazados con armas, se conformó la Comisión Permanente del Congreso Nacional, integrada por la mayor parte de la Junta Directiva, que esa misma noche eligió a Johel Zelaya y Mario Morazán como Fiscal General y Fiscal General Adjunto, respectivamente.  

Durante los seis meses del 2023 en los que se mantuvo paralizado el Congreso Nacional, no sólamente se retrasó la agenda legislativa ordinaria, que incluía la aprobación de amnistías y del presupuesto general de la república: el debate de las reformas electorales salió completamente de la esfera de urgencia. La parálisis funcionó perfectamente en beneficio de las cúpulas partidarias, cuya apuesta ha sido utilizar a la Junta Directiva y la presidencia del Congreso Nacional para mantener el status quo y evitar unas reformas electorales que reduzcan el nivel de injerencia partidaria en los comicios. 

 

Estando ya a mediados de 2024, el margen de tiempo que resta para lograr cabildear, socializar, dictaminar y aprobar reformas a la ley electoral de 2021 es bastante limitado, y la falta de voluntad política de las cúpulas tripartidistas por mejorar nuestro sistema electoral sellará en su sitio las reglas actuales para la inminente convocatoria a elecciones. 

Lo que nos demuestra el nulo interés por parte de las dirigencias partidarias –y de quienes presiden el Poder Legislativo– por abordar con altura el debate de las reformas electorales es que nuestro sistema político sigue careciendo de una visión para modernizar el sistema electoral, de manera que asegure la legitimidad de los procesos y promueva la participación libre y segura de todos los sectores que componen la ciudadanía. Nuestra clase política continúa utilizando la palabra “democracia” en sus discursos, pero sus acciones responden únicamente a sus pactos internos y a la perpetuación de los privilegios que el poder otorga, sin considerar lo que esto engendrará en el futuro. La deuda de un gobierno que represente e integre de forma real a la ciudadanía, escuchando y atendiendo sus necesidades, persiste todavía en nuestras Honduras.