TEGUCIGALPA, Honduras
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), señaló que el Centro Pedagógico de Internamiento Nuevo Jalteva, donde perdió la vida un adolescente de 13 años, no reúne los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, para que los niños y adolescentes privados de su libertad puedan reeducarse e insertarse en la sociedad.
«Lamentamos profundamente que el adolescente, que cumplía la medida privativa de libertad en ese Centro, bajo la custodia del Estado, haya perdido la vida, expresó Cándida Maradiaga, coordinadora de la Defensoría de la Niñez del Conadeh.
Indicó que es una gran responsabilidad que tiene el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (Inami) y el Estado hondureño.
«Al tener adolescentes cumpliendo medidas en centros de privación de libertad, sin las condiciones necesarias para poder desarrollar un proceso de educación integral y, consecuentemente, la inserción social, en condiciones que no son las idóneas», fustigó.
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ACCIONES URGENTES. Recordó que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), en su reciente visita, recomendó al Estado hondureño acciones urgentes para que las condiciones de detención de los centros pedagógicos se ajusten a los estándares internacionales para desarrollar programas socioeducativos con los niños y adolescentes
La recomendación también iba encaminada para que el Estado adopte las medidas pertinentes para salvaguardar la integridad física y la vida de los adolescentes y que estos puedan cumplir las medidas privativas de libertad en condiciones óptimas y adecuadas.
«Para nosotros es altamente preocupante que se pierda la vida de un joven de 13 años, que tenía posibilidades de reeducarse, de insertarse favorablemente, ya que tenía el apoyo de una familia», señaló.
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ACTIVAR ALERTAS. El hecho ocurrido en el presidio juvenil debe poner en alerta y, sobre todo, a las instituciones responsables de administrarlos, para que se tomen medidas urgentes y evitar que más jóvenes sigan perdiendo la vida.
Se estima que entre 2010 y junio de 2024, alrededor de 24 niños y adolescentes perdieron la vida en circunstancias violentas, en centros de privación de libertad bajo la custodia del Estado.
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