Tegucigalpa-Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), advirtió que al Estado le acarrean riesgos de responsabilidad o de una posible demanda internacional por la impunidad de la masacre en cárcel de mujeres.
Cabe recordar que ya se cumplió un año de la muerte violenta de 46 mujeres privadas de libertad en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
En ese sentido, el Conadeh expresó su preocupación por la prolongación del proceso judicial y las investigaciones ya que no se ha esclarecido la verdad de lo sucedido.
Tampoco, se han sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos, lo cual deviene en una total impunidad.
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SANCIÓN INTERNACIONAL
El Conadeh cuestionó que en múltiples ocasiones solicitó a las autoridades el acceso a la información sobre los hechos e investigaciones, incluyendo las autopsias, sin embargo, no han recibido respuesta alguna a lo requerido.
Es deber del Estado hondureño adoptar una debida diligencia por tratarse de víctimas en una situación de vulnerabilidad acentuada al ser mujeres bajo custodia, se informó.
Aunado a ello, esto acarrea riesgo de responsabilidad internacional para el Estado, lo cual ya ha sido sancionado en anterioridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por hechos similares, advirtió el Conadeh a través de un comunicado.
COMUNICADO
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en el ejercicio de su mandato constitucional, con independencia funcional, técnica y de criterio, a un año de los hechos suscitados en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), se pronuncia en los términos siguientes:
1. El pasado 20 de junio de 2023, se reportó la muerte de 46 mujeres privadas de libertad y un incendio dentro de la PNFAS.
Cumplido un año de los hechos, el Ministerio Público únicamente ha informado sobre la presentación de requerimientos fiscales en contra de 16 mujeres privadas de libertad por suponerlas responsables de lo sucedido.
2. Al respecto, es importante mencionar que, en múltiples ocasiones el CONADEH, amparado en ley, ha solicitado a las autoridades el acceso a la información sobre los hechos e investigaciones, incluyendo la autopsia; no obstante, no se ha recibido respuesta alguna a lo requerido.
3. En este sentido, el CONADEH ve con preocupación la prolongación del proceso judicial y las investigaciones, pues a la fecha no se ha esclarecido la verdad de lo sucedido, ni se ha sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.
Lo cual deviene en una total impunidad de estos delitos y la violación al plazo razonable para garantizar el acceso a la justicia. Sumándose así a la deuda histórica que mantiene el Estado en virtud de la crisis penitenciaria.
4. En consecuencia, el CONADEH reitera que los hechos se subsumen en el deber del Estado de adoptar una debida diligencia reforzada por tratarse de víctimas en una situación de vulnerabilidad acentuada al ser mujeres bajo custodia del Estado.
Aunado a ello, esto acarrea riesgo de responsabilidad internacional para el Estado, lo cual ya ha sido sancionado en anterioridad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por hechos similares.
5. Así, considerando la gravedad de lo sucedido, el CONADEH recomienda al Estado tomar la investigación como un deber jurídico propio bajo los estándares de celeridad y seriedad, que permita garantizar el derecho a la verdad a los familiares de las víctimas.
La no repetición de los hechos; sobre todo, cuando se trata de potenciales ejecuciones extrajudiciales, tal como lo ha destacado con anterioridad el CONADEH.
6. Finalmente, el CONADEH reitera su recomendación al Estado de Honduras de adoptar una política penitenciaria encaminada a solucionar los problemas estructurales que se manifiestan en el Sistema Penitenciario Nacional.
Incluyendo protocolos de contingencia, emergencia y prevención en los centros penitenciarios a nivel nacional para el abordaje de este tipo de crisis.
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