TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, presidido por la mandataria Xiomara Castro, anunció la noche del viernes la radicalización del plan denominado Solución Contra el Crimen que entre sus medidas se encuentran la construcción de una megacárcel que albergará a unos 20 mil reos, que estará situado en una zona aislada entre el nororiental departamento de Olancho y Gracias a Dios.
Asimismo, se ratificó la edificación del penal de alta seguridad en Islas del Cisne, cuyo proceso de licitación comenzará en unos dos meses.
Tras una larga jornada de deliberaciones, los miembros del CNDS llegaron a varios acuerdos, entre ellos, de declarar como terorristas a las organizaciones criminales que se dedican a la delincuencia organizada, lo que da un giro dramático a las medidas enmarcadas dentro del estado de excepción que comenzó a operar desde 2022 a la fecha, cuyos resultados han sido cuestionados por actores civiles y políticos de oposición.
La presidenta Castro, en su alocución en cadena de radio y televisión, dejó claro que las decisiones tomadas por el CNDS son enérgicas en el afán de neutralizar la actividad criminal que ha padecido el país en los últimos años, el cual también abarca a las maras y pandillas que serán sujetas de persecución penal.
Se prevé desde el Legislativo que se reforme la legislación penal para incluir la figura de los juzgamientos colectivos, lo que implica que serían sometidos a proceso vastas organizaciones criminales como ocurre en la actualidad en El Salvador.
En el paquete de reformas que acordó el cuerpo colegiado también se encuentra el endurecimiento de las penas contra funcionarios de las fuerzas de seguridad y defensa, así como a operadores de justicia, entre ellos, jueces y fiscales.
Se prevé una inminente reforma al Código Procesal Penal para que la medida de prisión preventiva sea aplicada a todas las personas que perpetren actos constitutivos de delincuencia organizada en todas sus variedades.
VAN POR NARCOS, MAREROS Y LAVADORES DE DINERO. En la alocución colectiva, se anunció que se van a planificar de inmediato y ejecutar intervenciones en todos los municipios «con mayor incidencia de sicariato, extorsión, narcotráfico, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y lavado de activos».
En cuanto a la megacárcel, denominada Centro de Reclusión de Emergencia (CRE) se acordó que los reos que se encuentran bajo control del Instituto Nacional Penitenciario serán trasladado al referido presidio, dijo en su intervención el jefe del Estado Mayor Conjunto Roosevelt Hernández.
Se acordó que se capturará de manera inmediata y sin dilaciones a los autores intelectuales de crímenes, líderes de maras y pandillas, cárteles de narcotráfico y extraditables.
«En este último caso, la lista la publicaremos el lunes próximo», dijo por su parte el secretario de Seguridad Gustavo Sánchez.
El también comisionado general indicó que el organismo que dirige será el responsable operativo de la Solución Contra el Crimen. Este contará con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las FFAA.
Además, se informó que se van a intensificar las investigaciones y operativos «para la destrucción e incautación de drogas y sustancias prohibidas».
TACHARÁN DE TERRORISTAS A PANDILLEROS. El titular del Legislativo, Luis Redondo, informó sobre la reforma al Código Penal para tachar de terroristas a los cuerpos ilegales, en particular, a las maras y pandillas; también se deberá aprobar una legislación para regular de manera rigurosa la venta de sim cards o chips, los que suelen ser usados para el cobro de extorsión.
En tanto, el Banco Central de Honduras (BCH) deberá reformar el denominado acuerdo 01, creado en 2016, que deberá regular de manera estricta el servicio de pagos y transferencias de dinero electrónico que es operado por las telefónicas privadas y otros agentes financieros.
APLICARÁN EL GRILLETE ELECTRÓNICO. Desde el Poder Judicial, indicó su presidenta Rebeca Ráquel Obando, se comenzará a implementar el brazalete electrónico para aquellos procesados penalmente o privados de libertad que gocen de beneficios de libertad condicional, a fin de reducir los «elevados costos» que implica utilizar a policías para su custodia.
También se asumió el compromiso a partir del próximo lunes designar una cantidad de jueces y personal solicitado para las operaciones de recuperación y control de zonas protegidas.
El fiscal general Johel Zelaya informó por su lado que el Ministerio Público también designará un mayor número de fiscales para las incursiones que realicen las fuerzas de seguridad y defensa en zonas controladas por maras y pandillas.
¿CREARÁN LA LEY DE COLABORACIÓN EFICAZ? Un hecho a destacar en la resolución del CNDS es que se procederá a discutir y aprobar la Ley de Colaboración Eficaz.
Esta fue propuesta en su momento por la desaparecida MACCIH que tenía contemplado la reducción de condenas a quienes delataran a miembros de estructuras mafiosas dentro del Estado; al parecer, esta herramienta legal podría ser aplicada a redes delincuenciales que busquen beneficios a cambio de colaborar con las autoridades.
Todo apunta que las medidas para atacar de raíz la delincuencia organizada comenzarán de manera inmediata; será la versión mejorada del primer plan que se realizó durante 2023, el cual fue atacado por organismos de DDHH y sociedad civil que se han mostrado críticos con el gobierno de la presidenta Castro.
Al parecer, con las disposiciones emanadas desde el CNDS, se busca emular el plan -aunque controvertido por su aplicación- que está llevando a cabo el presidente salvadoreño Nayib Bukele que llevó a mínimo los hechos violentos, por lo que convirtió al vecino país en uno de los más seguros de América Latina, igualándose a Chile.
No obstante, ese mecanismo ha sido fuertemente cuestionado porque, según los denunciantes, han habido sendas violaciones de DDHH en su aplicación.
