El desastre heredado, no solo por el gobierno de Hernández y sus predecesores, sino por la implementación brutal y a rajatabla del modelo neoliberal y la Doctrina de la Seguridad Nacional -importado desde EE.UU. por órdenes del nefasto vaquero de Ronald Reagan- a uno de los países más empobrecidos del mundo, nos ha dejado un grave fallo estructural que derivó en una brutal violencia porque volvió más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, que nos tiene sumido en una escalada criminal cíclica que pareciera que nunca se va a acabar.
No aspiramos en este editorial meternos a analizar estructuras metafísicas o explicar las condiciones materiales previas sobre cómo este modelo económico no sólo representa violencia, muerte, empobrecimiento y migración de nuestra gente hacia otras latitudes, tanto por la falta de oportunidades y la consolidación del poder omnímodo de las maras, pandillas y el narcotráfico y líderes políticos corruptos y sanguinarios, sino la manera en cómo superar el neoliberalismo para lograr un poco de justicia social para quienes históricamente han sido marginados, tanto por su origen étnico y racial, color de piel, formación académica (y en qué segmento de la pirámide nacieron) que para ellos ha sido un pecado original que lo están pagando con creces.
Uno de los países más pobres del hemisferio occidental, con una élite económica ultrarreaccionaria, un clero católico y protestante con posturas cuasimedievales, que pueden ser comparables con la nefasta santa inquisición, una sociedad alienada por la guerra de IV generación o guerra mediática que ha promovido el neoliberalismo como el único camino para la superación personal (y mantenimiento del orden establecido que a ellos les deja jugosas sumas de dinero, poder e influencia), han sido el caldo de cultivo para la propagación de la violencia a escaladas sin límites. El golpe de Estado del 28 de junio de 2009, aparte de haber sido el grave error perpetrado por las élites para frenar apenas reformas cosméticas, fue el detonante para la violencia que vivimos en la década de 2010 y que a duras penas ha ido bajando. ¿Se vive con tranquilidad? Usted, querido lector, tiene la respuesta.
En este marco, hemos visto que el actual gobierno acaba de presentar una versión bukelizada y radicalizada del plan denominado Solución Contra el Crimen que, según ellos, vendrá a contrarrestar la violencia con la que se acostumbró a vivir esta sociedad desde inicios del siglo XXI. Pero, ¿será efectiva y tendrá los mismos resultados que están experimentando los salvadoreños? La respuesta la veremos en el camino.
Honduras y El Salvador no son iguales, si bien son dos naciones que nacieron unidas, tanto por condiciones geológicas, geográficas y políticas, tienen dos historias distintas, los guanacos padecieron una de las peores guerras que ha vivido el continente, mientras que nosotros fuimos el portaaviones del Pentágono en la región, en la peor época de la guerra fría para combatir el comunismo que sólo le dejó réditos políticos a los republicanos y el complejo militar industrial y a nosotros más pobreza y desigualdad social; nuestros vecinos se vieron obligados a huir de los ataques tanto del gobierno como de la extinta guerrilla del FMLN y su descendencia regresó a El Salvador con costumbres y cultura ajena a la realidad que sus padres vivieron. Regresaron tatuados, tomaron control de las calles y cooptaron a cuanto joven hallaran para que se sumaran a su proyecto criminal… tres décadas después, ya estaban en una gran prisión llamada Centro de Confinamiento del Terrorismo o Cecot, una cárcel situada en medio de la nada, donde esperan algún día de Dios ser sentenciados o liberados, pero es más posible que pase lo primero.
Hay preguntas que debemos hacernos obligatoriamente ante esta arremetida estatal contra las estructuras criminales que el gobierno las acaba de declarar como terorristas, entre ellas: ¿Solo arrestarán a los operadores de las maras y pandillas como los famosos banderas, o irán por sus líderes, operadores financieros y operadores políticos? ¿Qué garantías habrá sobre el respeto a los DDHH de los sospechosos? ¿Cuánto durará? ¿Dónde serán confinados? ¿Se les tendrá en aislamiento? Lo ideal sería que se les garantice, al menos, el debido proceso para evitar multimillonarias demandas internacionales que podría afrontar el Estado hondureño.
Es cierto, por primera vez se pondrá en marcha este mecanismo de contención, control y neutralización de la violencia, como una suerte de ensayo-error. Desde acá, se les puede dar el beneficio de la duda para ver si esa Solución Contra el Crimen será efectivo y que no sólo quede en meras grabaciones de pandilleros en cuclillas y esposados, movidos de un lado a otro. También, junto a la represión estatal, deben crearse o reforzar (si los hubieren) programas sociales, fortalecimiento del sistema educativo, sanitario, asistencia pública, acceso equitativo a la justicia, entre otras, para evitar que se caiga en ese calificativo de Estado policial que hace poco lo vivimos de la mano con los regímenes nacionalistas.
Caso contrario, se harán los señalamientos, críticas y propuestas oportunas. Más de alguno cuestionará este posicionamiento, pero ¿qué otro mecanismo existe? ¿Tienen alguna propuesta? Dejemos claro que Honduras no es El Salvador y viceversa. Acá tenemos nuestra propia historia, condiciones materiales. Sólo restará esperar cuan efectivo puede ser.
