TEGUCIGALPA, Honduras
El titular de la Secretaria de Finanzas (Sefin), Marlon Ochoa presentó ante el Ministerio Público (MP) las pruebas sobre el desvío de 95 mil millones de lempiras con respecto a cuatro fideicomisos.
Ochoa detalló que los fondos fueron manejados «de manera irregular y corrupta» corresponden a la Tasa de Seguridad, Instituto de la Propiedad (IP), programa Vida Mejor e Investh.
El funcionario indicó que estos actos de corrupción se suscitaron fuera de las normas de contratación del Estado, violando el principio constitucional de caja única del tesoro y de destino único de los ingresos.
Con relación al fideicomiso de la Tasa de Seguridad administrado por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Foro Nacional de Convergencias (Fonac), y un representante de la presidencia, dijo que se ejecutaron alrededor de 30 mil millones de lempiras entre 2012 y 2022 “de forma secreta sin ningún control institucional y al margen de la ley de contratación del estado”.
Reveló que encontró 130 contratos sobrevalorados sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del fideicomiso, entre los que se incluyen la compra del avión presidencial, alquileres de helicópteros, la compra de cuatro mil patrullas, cámaras de seguridad, escáneres, boletos a conciertos, bebidas alcohólicas y viajes por turismo.
Con el fideicomiso de Sitec del Instituto de la Propiedad (IP), para Ochoa este constituye “el principal símbolo de corrupción público-privada dentro de esta modalidad creada por el régimen a través del Congreso Nacional para administrar los fondos públicos, como si fueran hacienda particular, saqueando el erario y violando impunemente la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto y la Ley de Contratación del Estado”.
El funcionario resaltó que dilapidaron entre 2015 y 2022 alrededor de 19 mil millones de lempiras, “en este fideicomiso, entre otros proyectos, que sirvieron para drenar fondos del erario, se creó la unidad especializada ejecutora de proyectos dentro del IP que promovió la construcción de casas chatarra en el ya conocido corrupto proyecto Morazán, como las casas contenedores en Lomas del Diamante”.
Este fideicomiso fue creado con la finalidad de lograr la transformación digital del IP incluyendo el mantenimiento al sistema nacional de administración de la propiedad, suministro de placas vehiculares y la digitalización del registro de la propiedad vehicular.
Sin embargo, fue desviado a través de oenegés y empresas constructoras contratadas para financiar subrepticiamente obras sociales, compra de estufas, insumos para salones de belleza, freidoras, máquinas para asar pollos, pavimentación de calles, canchas deportivas y viviendas sin ningún procedimiento de transparencia.
Ochoa señaló que entre marzo y junio de 2022 la Unidad Coordinadora de Proyectos contrató dos oenegés por un monto de más de 150 millones de lempiras, sin que se haya entregado a la Sefin un informe de liquidación de dichos fondos.
El fideicomiso del programa Vida Mejor, constituido en una cuenta especial del Banco Central de Honduras ejecutó entre 2014 y 2022 más de 38 mil 500 millones de lempiras, monto que se origina en el decreto legislativo que aumentó el impuesto sobre ventas del 12 por ciento al 15 por ciento, violentando el principio constitucional que prohíbe la creación de impuestos dedicados a fines específicos y desconociendo la Caja Única del Tesoro.
Los fondos de este fideicomiso fueron transferidos a más de 500 oenegés, la mayoría de sospechoso origen y manejo, vinculadas a directivos y funcionarios del régimen posgolpe de Estado.
Respecto al fideicomiso de Investh ejecutó entre 2018 y 2022 más de ocho mil 500 millones de lempiras provenientes de los impuestos a los combustibles, se cometió el fraude de la compra de los hospitales móviles por más de mil cien millones de lempiras.
Ochoa aseguró que este fideicomiso contrajo una deuda pública por más de tres mil millones de lempiras, la documentación de respaldo de gran parte de los gastos erogados en el fideicomiso fue destruida y los servidores en que se alojaba la información fueron borrados.
De los 82 fideicomisos, los cuatro referidos manejaron de forma directa y sin intervención de los órganos contralores del Estado alrededor de 95 mil millones de lempiras que el MP «debe investigar para proceder contra las redes de corrupción de alto impacto que operaron impunemente en el país», dijo.
