TEGUCIGALPA, Honduras
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) acordó decretar estado de emergencia ambiental en los bosques, debido a la tala ilegal en zonas protegidas e incendios forestales.
La reunión tuvo lugar en la base militar de Mocorón, en el departamento de Gracias a Dios, misma que fue encabezada por la presidenta Xiomara Castro y al mismo acudió la titular del Poder Judicial Rebeca Ráquel, el jefe del Legislativo Luis Redondo y el fiscal general Johel Zelaya.
Durante la reunión se abordaron varios temas de interés relacionados a la crisis climática por la que atraviesa el país, en donde la Biosfera del Río Plátano es de las áreas más afectadas.
El titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Lucky Medina, detalló la gravedad de la situación.
“Más de 100 mil habitantes no tienen la capacidad de proteger las áreas ante la tala masiva, el comercio y la explotación de maderas”.
“Existe una crisis climática, especialmente en la Biosfera del Río Plátano y hemos establecido varias resoluciones”, aseguró Medina.
“Las FFAA deben proceder al decomiso y destrucción de la maquinaria que depreda bosques y áreas protegidas, hay que decir también que algunas municipalidades autorizan sin facultad y extienden permisos de explotación de montañas”, agregó el funcionario.
Medina puntualizó que “todas las personas que se demuestre su participación en descombros, ganadería, minería, y demás encontrados cometiendo delitos ambientales deben de ser capturados y tres jueces tendrán residencia en zonas declaradas de emergencia en Olancho y Gracias a Dios”.
El crimen organizado está arrasando con los bosques, entre las resoluciones que van encaminadas a la investigación de operaciones de asociación con actividad comercial y criminal en la región, así como la ganadería extensiva y la siembra de drogas en el departamento de Olancho y en la Mosquitia.
Asimismo, se implementarán controles en los ejes carreteros para combatir los delitos ambientales y el crimen organizado en áreas protegidas y reservas naturales.
Para estas acciones el Estado asignará un presupuesto de 19 millones de lempiras con el propósito de que para que en 2029 se tenga cero deforestación, además de reformar el código penal para endurecer las penas por los delitos ambientales.
El Ministerio Público (MP), deberá presentar un informe en un plazo de siete días y liderar las acciones correspondientes.
