El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, publicado este año y entregado esta semana a las autoridades del Estado de Honduras por la comisionada relatora de la CIDH para Honduras, Andrea Pochak, y la secretaria general de la CIDH, Tania Reneaum, registra un alto índice de violencia contra la población LGTBI+ en el país, con una vasta mayoría de estos casos en la impunidad.
El Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia se estableció en 2005, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) removió la homosexualidad de la lista de Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE). Desde entonces, cada 17 de mayo, las personas diversas organizadas en varios países del mundo conmemoran este día como un recordatorio de las luchas que aún hoy libran para que se respeten sus derechos.
El informe de la CIDH sobre Honduras reconoce que, durante el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, se han logrado algunos avances para proteger los derechos humanos de las personas LGTBI+, como la inclusión en el Código Penal de penas agravadas para delitos por motivo de la orientación sexual o identidad de género de la víctima y la creación de la sección de investigación de muertes de personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables de la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV) del Ministerio Público. No obstante, a pesar de estos avances, aún existe una situación de violencia y discriminación generalizada contra las personas diversas en Honduras.
Impunidad en los casos de violencia
Desde 2018, se han registrado 177 asesinatos de personas diversas en Honduras, de los que únicamente se han judicializado 38 casos. En muchos casos, las denuncias de la población LGTBI+ no son tomadas en cuenta por los elementos de seguridad por prejuicios, lo que acrecienta la vulnerabilidad de estas personas. El estado de excepción, que comenzó en el mes de diciembre del 2022 y sigue vigente hasta la fecha, ha permitido que ocurran abusos contra personas diversas, y han llegado al extremo de provocar detenciones arbitrarias, particularmente de personas trans.
Lucía Barrientos, directora de la Asociación Lésbico, Bisexual y Transfeminista Ixchel, organización que forma parte de la Unidad de Vigilancia Kai, asegura que del 2004 al 2024, un total de 525 personas LGTBI+ han sido víctimas de muertes violentas en Honduras. «Cabe destacar que desde 2022 a marzo del 2024, 468 personas LGTBI+ más han interpuesto una queja o una denuncia por diferentes tipos de violencias sistemáticas y violaciones a sus derechos humanos, violaciones de derechos vinculados con la orientación sexual o identidad de género. De enero del 2022 a marzo del 2024 se han registrado 85 personas (diversas) desaparecidas, muchas de las cuales han sido orilladas a emigrar de Honduras, también por situación de violencia e impunidad dentro de nuestro país.»
El Congreso Nacional de Honduras aún no ha dictaminado y sometido al pleno para su discusión el proyecto de Ley de Identidad de Género, una iniciativa surgida de las organizaciones LGTBI+ del país para proteger los derechos de las personas trans, homosexuales, lesbianas, bisexuales y otras. Este proyecto de ley se centra principalmente en el respeto a la identidad de las personas trans, y por consiguiente, a la protección de sus derechos políticos y sociales como parte de la ciudadanía hondureña. Pese a que el proyecto fue presentado ante la Comisión de Equidad de Género, que actualmente preside la diputada y vicepresidenta del Poder Legislativo, Scherly Arriaga, aún no existen avances para la aprobación de este decreto.
El informe de la CIDH incluye dos importantes recomendaciones relacionadas con la situación de las personas diversas en Honduras. La primera es, «Impulsar campañas públicas educativas y culturales que promuevan los derechos de las mujeres y personas LGBTI». Hasta la fecha, pocas entidades del Estado han abordado este punto, y en cambio funcionarios como el actual secretario de educación, Daniel Sponda, ha aparecido públicamente denostando a las personas LGTBI+ y rompiendo guías de educación sexual integral. La segunda recomendación del informe de la CIDH es «Adoptar legislación que garantice el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans a través de la autodeterminación y procedimientos sencillos y expeditos.» Sobre este punto, aún no existe un compromiso real de la Comisión de Equidad de Género para llevar a término la iniciativa de las organizaciones de sociedad civil.
